Desplazada y amenazada, la historia de una líder social
La mujer que adelanta su labor desde hace más de 20 años en el departamento, ha sido amenazada en 35 oportunidades.
Un trabajo orientado para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia, a migrantes venezolanos y al rescate de los jóvenes de las “garras” de la drogas ha sido la labor que *María ha realizado por más de 20 años en el Atlántico.
Intuye que quizás el querer apartar a los adolescentes del consumo y del tráfico de estupefacientes la habrían llevado a recibir –en los últimos cuatro años– 35 amenazas. Tiene conocimiento de que la banda ‘Los Costeños’ han ofrecido “una cifra considerable” por asesinarla o –como dicen los delincuentes– para “borrarla del mapa”.
La mujer recorre las calles de Barranquilla y demás municipios “todas las veces que puede”. Lo hace caminando y dejando a un lado el temor de las amenazas. Dice que su principal combustible es la convicción de que las víctimas “en algún momento reciban justicia” y algún tipo de orientación que les ayude a superar el hecho, salir del problema en el que se encuentran.
Ese caminar que realiza la mujer, cada vez que puede, lo hace “sin ningún” esquema de seguridad, pues asegura que desde hace unos meses “nunca nadie más se preocupó por su integridad”. “Solo tengo el acompañamiento de una patrulla de la Policía cuando la solicito o les aviso que voy a una zona difícil”, afirma por medio de un mensaje de voz por WhatsApp.
Su verbo suena pausado, pero sin ninguna sumisión cuando afirma que cuando una persona decide emprender una lucha y encaminar su vida al servicio de otros “se está, desde ese mismo momento, bajo amenazas”.
“Está labor genera muchos detractores y las presiones llegan, incluso, de las personas que uno mismo ha ayudado. Muchas veces no están de acuerdo con alguna acción que uno decida, diga o haga. Todo eso hace que vivir en Colombia sea más difícil”, comenta María.
Fomentar el progreso de una comunidad, dice la mujer, cae mal en muchas personas. “Día a día vemos como asesinan a los líderes que solo buscan el bienestar colectivo”.
María, a raíz de las amenazas, ha salido desplazada en varias oportunidades junto con su familia. “Mis hijos han sufrido mucho y han tenido afectaciones económicas, sociales, psicológicas y culturales. Llegamos a donde llegamos, logramos estabilizarnos, pero nos toca de nuevo abandonar la zona por las amenazas. Todo eso genera muchas dificultades”, asegura.
A pesar de las intimidaciones, María afirma que a lo largo de estos años “se ha mantenido firme” con su labor, aportando su lucha para mejorar el país. “Somos aliados de los Gobiernos, no sus enemigos, es por eso que la ayuda y la protección cada vez se hace más necesaria”.
La mujer pide a las autoridades e instituciones ser solidarias con la situación a la que los líderes deben enfrentarse. “Nos deben ayudar para ponerle freno a las estigmatizaciones de las que somos víctimas por nuestro trabajo. Las comunidades deben entender que damos la vida por el bienestar de ellos”, dice con firmeza la mujer.
Este caso en particular, “preocupa” de manera especial a la Defensoría del Pueblo, debido a que han documentado a lo largo de estos cuatro años las amenazas que la mujer ha recibido.
“La lideresa es representante legal de una fundación que apoya y acompaña a mujeres víctimas de violencia sexual. Además, fue víctima de violencia sexual por parte de un agente de policía cuya condena por acceso carnal violento fue confirmada por el Tribunal Superior de la Judicatura de Barranquilla”, detalla la Defensoría en un documento.
En diciembre de 2019, la Unidad Nacional de Protección le levantó a María las medidas de protección que consistían en tener a un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco (que no lo pudo usar debido a recomendaciones médicas). “Por la decisión de la UNP la lideresa interpuso un recurso de apelación que no ha sido resuelto”.
“Día a día vemos como asesinan a los líderes que solo buscan el bienestar colectivo”.
Amenazas documentadas en Atlántico
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió en agosto de 2019 el informe de seguimiento a la alerta 026 de 2018 referente a la situación de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos advirtiendo que el riesgo “se había exacerbado” en el departamento.
El organismo hizo una comparación de las “conductas vulneratorias” que se registraron en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Atlántico entre marzo de 2018 y febrero de 2019 frente periodo de marzo de 2017 y febrero de 2018 y encontró un incremento del 52% en el número de hechos victimizantes y un aumento en el número de municipios advertidos. Se pasó de 322 a 334 Destaca que la cifra de homicidios aumentó en un 13%.
“En el Atlántico y específicamente en el área metropolitana, hay un sostenimiento de la violencia en contra de defensores de derechos humanos, integrantes de las mesas de participación de víctimas, funcionarios públicos, sindicalistas, líderes y lideresas que acompañan reclamaciones de tierras y organizaciones sociales de base que acompañan a jóvenes en riesgo para la prevención de la instrumentalización ilícita y el consumo de sustancias psicoactivas”, detalla la Defensoría en su más reciente alerta temprana.
En los últimos cuatro años, la Defensoría del Pueblo documentó que 317 líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, residentes en el área metropolitana, sufrieron “conductas vulneratorias”.
“Entre estas conductas se registraron tres homicidios: el de Bernardo Cuero el 7 de junio de 2017, en Malambo. El primero de agosto de 2019 fue asesinado en Las Moras (Soledad) Ariel López Romero líder LGBT y cuatro días después se registró el homicidio de Rocío del Pilar Reguillo Avendaño, en el barrio Villa del Rey Soledad”, detalla el organismo.
¿De qué forma se dan las amenazas?.
Entre las “conductas vulneratorias” contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos registradas por la Defensoría, las amenazas son las más comunes.
El Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 026-18 destaca que el Atlántico es uno de los departamentos “con un gran volumen de amenazas” a pesar de no haber confrontaciones derivadas del conflicto armado.
“Estas amenazas se hacen a través de distintos medios como panfletos, publicaciones en redes sociales y mensajes de texto vía WhatsApp. El 74%son de carácter individual en contra de personas defensoras de derechos humanos que ejercen liderazgos o que pertenecen a organizaciones; el 18% de las amenazas son de carácter colectivo dirigidas en contra de sindicatos, organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas y organizaciones sociales, comunitarias y comunales, y el 5% son amenazas en contra de funcionarios de entidades públicas”, señala la Defensoría en su informe de seguimiento.
“Instituciones estatales raramente se activan ante las amenazas”
Para Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, en términos generales, las amenazas en contra de líderes sociales, evidencia –entre otras– la impunidad judicial y la indiferencia ciudadana estimulan estas prácticas criminales.
“El asesinato de los líderes sociales rompe el tejido social, inmoviliza e invisibiliza comunidades enteras, afectando directamente su desarrollo social y material. Hemos visto, que durante la cuarentena las organizaciones criminales han ejercido mayor control de las comunidades que habitan los territorios en los que hacen presencia lo que se ha traducido en más presión sobre la prelación de rentas legales e ilegales y el cumplimiento de las órdenes sociales locales impuestos por medio de la fuerza, lo que ha producido una violencia selectiva en contra de los liderazgos comunitarios”, manifiesta el académico.
Destaca que dentro de los repertorios de acciones violentas, la amenaza es utilizada por todos los actores armados, ya que en términos operativos “no implica riesgos” y es “difícil de verificar” y las instituciones estatales “raramente se activan ante ellas”.
“Se esperaría que las autoridades tengan en cuenta las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, con el fin de articular la institucionalidad territorial con el objetivo de prevenir o anticipar la violencia que se ejerce en contra de los liderazgos sociales y establecer protocolos de rápida evacuación humanitaria en aquellos casos de extrema gravedad y no desligar la seguridad de los líderes de la agenda de desarrollo local integral, entendiendo que existe una relación directamente proporcional entre ambos temas”, destaca Trejos.
