Ni un año tras las rejas estuvo Édgar Jair Aguilar Soto, el señalado feminicida de Clara Milena Álvarez Díaz, la mujer que fue asesinada el 19 de abril de 2025 en una vivienda ubicada en el barrio Sinaí, en Soledad.
Hay que señalar que días después de ese episodio, el sujeto se entregó a las autoridades tras presentarse en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, en el Centro de Barranquilla, y el 30 de abril de 2025, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanzaba la investigación por el delito de feminicidio.
Sin embargo, tras permanecer en un centro carcelario durante 10 meses, la defensa solicitó la libertad, argumentando que se configuró el vencimiento de términos debido al tiempo transcurrido sin la realización de la segunda etapa procesal.
Se conoció que un Juzgado Municipal con Funciones de Control de Garantías de Soledad negó la solicitud en primera instancia señalando que la Ley 2477 de 2025 amplió los plazos procesales hasta 240 días para casos de feminicidio. No obstante, la defensa apeló indicando que dicha reforma legal no podía aplicarse retroactivamente, ya que los hechos investigados ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la nueva norma, es decir el 11 de julio de 2025.
Posteriormente, el Juez del Circuito de Soledad concluyó que habían transcurrido más de 140 días desde la radicación del escrito de acusación, superándose el término legal previsto en la normativa vigente al momento de los hechos y que no se demostró que la demora judicial fuera atribuible a la defensa ni al señalado de cometer el feminicidio.
En ese sentido, revocó la decisión de primera instancia y ordenó la libertad inmediata por vencimiento de términos, pero el procesado sigue vinculado a la investigación del ente acusador.
Casos anteriores
La libertad por vencimiento de términos obtenida por Aguilar Soto sería la cuarta que consigue un procesado por el delito de feminicidio en el Atlántico, en los últimos 12 meses.
Hay que recordar que el año anterior quedó en libertad bajo la misma figura jurídica Jorge Leonardo Piña Rodríguez, procesado por el feminicidio de Nalfi Esther Blanco Olmos, su expareja y quien fue hallada muerta en noviembre de 2024 en una vivienda del barrio San Carlos, en Sabanalarga.
También la obtuvo bajo el mismo esquema Néstor Andrés Poveda Florián, pareja de Lorena Patricia Avendaño Urueta, muerta en Usiacurí en marzo de 2024.
Y Alfonso Ramiro Gómez Mendoza, si no ha obtenido la libertad, está a punto de conseguirla, a pesar de ser el principal sospechoso del feminicidio de su pareja Jennifer Paola Ortega Vega, muerta en octubre de 2024 en el municipio de Repelón, sur del Atlántico.
El mismo año anterior, colectivos de mujeres en contra de la violencia de género, servidores públicos y distintas corporaciones, plantearon que este tipo de figuras jurídicas a favor de procesados llevaban a la revictimización, se configuraba un peligro permanente a la mujer y se generaban dudas en la justicia.
En su momento, hicieron un llamado a las autoridades a hacer seguimiento permanente a este tipo de casos.
