El polémico contratista Emilio Tapia Aldana, condenado por el caso de corrupción de Centros Poblados, nuevamente quedó en libertad condicional. Eso se conoció este martes 16 de diciembre, día en que comienzan las tradicionales Novenas de Aguinaldos, luego de que se filtrara el documento de la notificación de su nueva medida —con fecha de 2 de diciembre— firmado por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, cuya titular es Claribel Onisa Fernández Castellón.
Cabe reseñar que este mismo despacho le había concedido una libertad condicional a Tapia Aldana el pasado 11 de abril de 2025, medida que empezó a ser investigada en su momento por la Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico.
Luego de la recaptura de Tapia a finales de octubre en el norte de Barranquilla, diligencia que realizó la Dijín en una clínica del norte de esta ciudad, ahora, de acuerdo con el reciente documento conocido por EL HERALDO, el mismo Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla ordenó inicialmente “el traslado del condenado Emilio José Tapia Aldana a su domicilio”, pero en la misma providencia se lee sobre el “beneficio de la libertad condicional”.
En esa línea, la juez reconoció como pena cumplida un total de 90 meses y 10 días de prisión hasta la fecha y resolvió entonces concederle a Tapia Aldana la libertad condicional por un periodo de prueba de 27 meses y 11 días, para lo cual se tendrá como “caución prendaria la presentada en el auto del 11 de abril de 2025”. “No obstante, se le exigirá la suscripción de una nueva acta de compromiso, conforme a lo establecido en el artículo 65 del Código Penal, debido a la modificación del periodo de prueba”, se lee en la providencia.
La decisión advirtió que la libertad será efectiva siempre y cuando el condenado no sea requerido por otra autoridad judicial; en caso contrario, deberá ser dejado a disposición de la autoridad competente.
En cuanto a la redención de pena, la juez solicitó a la Dirección del Inpec en Barranquilla y a la Penitenciaría El Bosque el envío del historial completo de calificación de conducta del sentenciado, con el fin de establecer los cómputos correspondientes dentro del proceso.
Apertura de investigación
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial (CDJ) del Atlántico abrió investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, tras su decisión de otorgar la libertad condicional a Emilio Tapia, señalado contratista en el escándalo de corrupción de ‘Centros Poblados’.
La medida disciplinaria fue adoptada luego de que, el pasado 11 de abril, la funcionaria judicial dejara en libertad a Tapia, quien había sido condenado a 6 años y 4 meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía. La juez consideró que el contratista ya había cumplido 48 meses y 10 días entre tiempo efectivo de reclusión y redención de pena por trabajo carcelario.
