El primer semestre de 2025 dejó en Barranquilla y su área metropolitana 370 víctimas de la violencia, 22 más que en el mismo periodo de 2024 cuando se reportaron en la misma jurisdicción 348 muertes.
De esa larga lista de muerte varias de las víctimas resultaron ser personas vinculadas al préstamo ilegal de dinero, o que también podría llamarse préstamo de plata informal, pero que en estas tierras son conocidos como ‘pagadiarios’ o ‘cobradiarios’.
Estos impulsores del fácil acceso a créditos con intereses descabelladamente altos han sido blanco de múltiples atentados sicariales sumando al menos, según los registros de las autoridades, 13 hombres asesinados bajo la modalidad del sicariato en lo que va de este 2025.
De los homicidios, ocho se registraron en la ciudad de Barranquilla, principalmente en los barrios Villa Sevilla, El Pueblito, Buena Esperanza, Las Américas, Simón Bolívar, Los Girasoles y Por Fin.
Otros tres casos se reportaron en el municipio de Soledad, específicamente en los sectores de Los Ángeles, barrio Villa Adela y la calle 30 con Circunvalar. En Galapa también se reportó un homicidio.
Es importante mencionar que el primer crimen de un cobradiario ocurrió el 31 de marzo, cuando fue asesinado Manfry David Cuadro Navarro, de 26 años, en el sector de Los Ángeles, Soledad.
Según lo manifestado por moradores, la víctima entró en una discusión con un sujeto, a quien lo identificaron con el alias de ‘el Gago’. Este mismo individuo habría desenfundado un arma de fuego y la accionó en repetidas ocasiones en contra de la humanidad del hoy occiso.
Luego, el 1 de abril se registró en el municipio de Galapa el homicidio de Jhonny Andrés Garizábalo, de 24 años.
El 13 de mayo resultaron muertos Jhon Freiler Jiménez Perdomo, de 19 años, y Jordan Yesid Guerrero Duarte, de 28 años, en un doble crimen que se registró en el barrio Los Girasoles.
El 31 del mismo mes mataron en el barrio Simón Bolívar a David Enrique Oliveros Terán.
El 19 del mes de junio asesinaron a Alfonso Rueda Olarte, de 49 años; y Aldemar Corrales, de 20 años, en otro doble homicidio que se registró en el barrio Las Américas, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.
A Jorge Luis Sierra Heredia, de 23 años, lo acribillaron en la calle 30 con Circunvalar, en jurisdicción del municipio de Soledad, el pasado 22 de julio.
Y el 30 de julio fue asesinado Mauricio Miguel Bossio, de 36 años de edad.
Ya el 1 de agosto fue asesinado en Villa Adela de Soledad Harlant Javier González Ariza. El día lunes 4 Derson David Pérez Carrillo, de 23 años, fue tiroteado en el barrio El Pueblito, suroccidente de Barranquilla.
El pasado 7 de agosto, Jean Carlos Soracá Mendoza, alias Jean Pier, fue víctima de un ataque criminal que le arrebató la vida en el barrio Villa Sevilla de Barranquilla. Este se desempeñaba como cobrador informal de dinero (cobradiario) y laboraba para la empresa Inversiones LUCRIS S.A.S.
Sobre este hecho hay que señalar que días previos, es decir el día lunes 4 de agosto, un ataque armado ocurrido en el mismo barrio Villa Sevilla de Soledad dejó dos personas muertas.
El hecho se registró hacia las 6:30 p.m. del lunes, cuando dos sujetos en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra Margarita María Fernández de la Cruz, de 24 años, y Piter Alexander Cantillo Muñoz, de 48 años. La mujer, conocida como ‘La Piba’, murió en el lugar, mientras que Cantillo, alias ‘Pilo’, fue trasladado gravemente herido a la Clínica Los Almendros, donde falleció horas después.
Estas dos personas, al parecer, tenían conexión directa con Soracá Mendoza, muerto días después en la misma zona.
El último caso ocurrió el pasado 15 de agosto en el barrio El Por Fin, en la carrera 25 A calle 86A, momentos en los que fue atacado a balazos Harold Andrés Jimeno García, de 22 años, cuando entregaba un dinero.
De acuerdo con las autoridades, dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta marca AX-4, de color blanco, abordaron al sujeto y le ocasionaron varias heridas con un arma de fuego.
¿Por qué los matan?
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer si estos ataques corresponden a ataques extorsivos o bien, si existen otros grupos rivales que ordenan los homicidios selectivos para disminuir la competencia por el control de las rutas de ‘gota a gota’.
No obstante, fuentes judiciales señalaron a este medio que existen varias hipótesis sobre los crímenes de cobradiarios y una de esas es la de la intervención de las temibles estructuras criminales que operan en esta jurisdicción.
La teoría se centra en que las organizaciones como ‘los Costeños’, ‘los Pepes’ y el Clan del Golfo, al parecer, en el afán por dominar las rentas criminales de cada territorio con la extorsión y la venta de alucinógeno, también se habrían interesado por quedarse con las rutas de cobradiarios y la plata que diariamente genera. Es decir que toda esa plata ilegal que se maneja en los barrios llegaría a las arcas del grupo que domine en el lugar.
Otra de las hipótesis es la de la venganza de clientes o la de sepultar una deuda con bala, según la explicación de la fuente.
Los once delitos
El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, en una reciente investigación del académico Janiel Melamed, sobre los créditos ‘gota a gota’, su relación con la ilegalidad y su efecto en contra del desarrollo económico plantea que esta forma de préstamo de dinero “generan un gran impacto en la economía informal y las dinámicas sociales en Colombia”.
De acuerdo con la publicación, estos créditos informales representan un sistema de préstamos no regulados que se caracterizan por altas tasas de interés y que se ha consolidado en Colombia como una herramienta clave de financiamiento para el crimen organizado. Este esquema, muy frecuentemente se articula con delitos graves como extorsión, amenazas, microtráfico, homicidio y lavado de activos, afectando principalmente a poblaciones vulnerables con limitado acceso al sistema financiero formal.
En total, de acuerdo con lo planteado por la investigación de Melamed, existen al menos 11 delitos con los que se relacionan los créditos ‘gota a gota’: captación masiva y habitual de dinero; amenazas; lesiones personales; porte ilegal de armas de fuego; daño en bien ajeno; constreñimiento ilegal; extorsión; tráfico o porte de estupefacientes; homicidio; concierto para delinquir y lavado de activos.
“Los créditos ‘gota a gota’ son por sí mismo un delito que se llama usura. El delito de usura, (Art. 305 del Código Penal colombiano), es el pilar de los ‘gota a gota’. Las tasas de interés superan ampliamente los límites establecidos por la Superintendencia Financiera, que para 2025 fijó un tope del 24.89% efectivo anual. Adicionalmente, gravitan con otro cumulo importante de delitos que incluyen delitos del crimen organizado contra el patrimonio económico y delitos contra la integridad personal y la vida de las personas. Los deudores que no pagan enfrentan entre otras cosas amenazas, posibles lesiones personales, agresiones a familiares o daños a sus negocios y en casos más extremos la muerte como víctima de homicidios intencionales”, advierte la publicación del investigador académico.
Y finalmente descubre que el primer homicidio colectivo de la ciudad de Barranquilla en el 2023, ocurrido el domingo 29 de enero en el barrio El Santuario y que dejó un trágico saldo de 4 personas asesinadas y seis más heridas, inicialmente tuvo como hipótesis de las autoridades que el hecho se derivó de una disputa por el control de rutas de crédito ‘gota a gota’ entre cobradiarios. Es decir, fue producto de una retaliación por la “invasión” del territorio.
¿El ‘gota a gota’ es ilegal?
En Colombia, los créditos ‘gota a gota’ son ilegales, esto por medio de un delito que se llama usura. Ahora bien, ¿Qué es la usura? De acuerdo con el artículo 305 del código penal colombiano, la usura es cuando alguien cobra o recibe una utilidad o ventaja por un préstamo de dinero, o por la venta de bienes o servicios a plazo, que exceda la mitad del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria.
La norma también establece sanciones penales para quienes compren cheques, sueldos, salarios o prestaciones sociales en condiciones de usura, y prevé un aumento de pena si la utilidad triplica el interés bancario corriente.
Pese a todas estas amenazas, las personas que no tienen conocimiento de este panorama, o bien, simplemente tienen la necesidad, adquieren el crédito ‘gota a gota’ sin importar que pueda ocurrir en un futuro.
Actualmente la Alcaldía de Barranquilla ha trabajado arduamente por combatir esta situación, desarrollando e impulsando el programa conocido como ‘Credichévere’ en aras de ofrecer una línea de microcréditos hasta por 14 millones de pesos.
La iniciativa, impulsada por el alcalde Alejandro Char, busca facilitar el acceso al crédito formal a través del programa CrediChévere, una herramienta de inclusión financiera creada para apoyar tanto a negocios formales como informales.
Entre los principales beneficios destacan tasas de interés fijas desde el 2.5% mensual, pagos flexibles y la posibilidad de aplicar sin necesidad de historial crediticio. Los créditos, de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, podrán pagarse en plazos de hasta 24 meses y permiten abonos anticipados sin penalización.
El programa prioriza a grupos como mujeres con actividad productiva, madres cabeza de hogar, vendedores informales y personas con reportes negativos en centrales de riesgo, quienes suelen recurrir al ‘gota a gota’ por falta de opciones. Al incluir a estos sectores, CrediChévere fomenta la inclusión financiera y reduce su dependencia de prestamistas informales.
Hasta Junio de 2025, el programa ha desembolsado casi 11 mil millones de pesos en 4.563 créditos. Este alcance demuestra su efectividad para brindar alivio financiero y reducir la dependencia de los pagadiarios, dinamizando la economía popular.
Reflexiones
El académico y director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte plantea también unas directrices para mitigar los desafíos que traen los créditos ‘gota a gota’ y los llamados ‘cobradiarios’.
En primera línea señala que la Alcaldía debe trabajar de la mano con la Policía Nacional y la Fiscalía para identificar y desmantelar redes de cobradiarios, garantizando protección a funcionarios y beneficiarios. Programas de inteligencia y patrullaje en zonas críticas pueden ser clave.
Sensibilizar a las comunidades sobre los riesgos asociados a los créditos ‘gota a gota’ y los beneficios de CrediChévere como opción regulada y lícita, creando redes de apoyo que disuadan la influencia de los prestamistas ilegales y su proyección como primera opción de crédito.
Además, implementar medidas de seguridad en los trabajos de campo, con presencia de autoridades policiales y protocolos de respuesta rápida frente a situaciones amenazantes.
