La Superintendencia de Sociedades confirmó que el pasado 24 de febrero del año en curso, se llevó a cabo la Audiencia de Resolución de Objeciones correspondiente al proceso de reorganización empresarial de la petroquímica venezolana Monómeros S.A. con sede en la ciudad de Barranquilla.
En ese sentido, recalcaron que durante el desarrollo de la diligencia presidida por el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, el Despacho aprobó la calificación y graduación de créditos, la determinación de los derechos de voto y el inventario de bienes de la sociedad, con los ajustes ordenados en audiencia.
Asimismo, se advirtió a la concursada, a la promotoría y a los acreedores que, a partir de la ejecutoria de la providencia, inicia el término de cuatro meses para la presentación del acuerdo de reorganización, de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley 1116 de 2006, el cual deberá ser celebrado con el cumplimiento de las mayorías legales y los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
En relación con la situación financiera de la compañía, los estados financieros con corte a septiembre de 2025 reflejan un total de activos por $1.347.057.007 y pasivos por $860.557.453, cifras expresadas en miles de pesos.
Esta información, dice la Supersociedades, evidencia una estructura patrimonial que, si bien conserva la capacidad operativa de la compañía, requiere la adopción de medidas de reorganización para atender adecuadamente los compromisos con sus acreedores, en cumplimiento de los objetivos de preservación empresarial previstos en la Ley 1116 de 2006.
Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que “Monómeros es una empresa estratégica para el sector agroindustrial del país, cuyo objeto social comprende la producción y comercialización de fertilizantes, insumos químicos y derivados petroquímicos esenciales para la cadena agrícola y productiva nacional. En ese sentido, la reorganización busca preservar la prestación continua de estos bienes fundamentales para toda la cadena productiva, proteger el empleo y garantizar que la compañía pueda restablecer su viabilidad financiera mediante un acuerdo construido con sus acreedores, dentro del marco de la Ley 1116 de 2006 y sus normas complementarias”.
