Desde marzo de 2024, los implicados presentaron una propuesta para devolver voluntariamente el dinero. Después de varios fallos judiciales, el juez del caso determinó que se cumplían los requisitos y aprobó un plan para desmontar la intervención.
La empresa había expresado que el ente de control vulneró sus derechos por convocarla a un proceso de reorganización, al presentar cesación de pagos.
El ente reiteró que esto no significa que sea una toma de posesión de la empresa venezolana con sede en Barranquilla.
Estas fueron escogidas para servir como medios para la ejecución del contrato de operación y mantenimiento del Aeropuerto Ernesto Cortissoz.
Advirtió la entidad que esto no es una toma de posesión ni la habilita para coadministrar la Sociedad.