BOGOTÁ. En medio de la polémica que se ha generado en el país por el auto del Consejo de Estado que ordenó el viernes pasado suspender el salario mínimo de $2 millones para 2026, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, pide mantener el aumento decretado del 23,7% para este año mientras que la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, respalda la suspensión dictada por la alta corte.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, ha señalado que “desde la ANDI decidimos no demandar el decreto de salario mínimo, y no lo hicimos. Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el Gobierno nacional que afectan a toda la población especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos”.
Expuso el líder gremial que con la medida “se han generado algunos derechos que nosotros consideramos no se deben afectar. Y hay que ser cuidadosos con eso. En este momento el país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que sobre inflación y empleo, se han generado”.
Finalmente, señaló, “encontramos muy importante se genere jurisprudencia alrededor del tema, que permita evitar que actuaciones irregulares como esta, se repitan en el futuro. Reiteramos nuestro respeto por las decisiones de la justicia, las cuales son base fundamentales de funcionamiento del Estado de derecho”.
Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, ha cuestionado: “Hemos observado con mayúscula sorpresa e, inclusive, con desilusión las reacciones de algunos candidatos y también de unos pocos ciudadanos frente al fallo del Consejo de Estado respecto al salario mínimo. Antes criticaron la decisión del Gobierno de imponer un monto exorbitante; pero ahora, populistamente, claman para que se quede así y piden a los empresarios que inclusive sigan pagando el 23,7 %. Pero son políticos y, para ellos, parecieran estar primero los votos que el interés colectivo del país”.
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Añadió Cabal en este sentido que “se les olvida que son los trabajadores los más beneficiados por la decisión del Consejo de Estado, que evita que se destruyan más de 700.000 empleos formales. También se les olvidó que hay 2.100.000 desempleados, a quienes con ese 23,7% se les aleja más la posibilidad de encontrar trabajo formal. Olvidan igualmente que en 2025, según reporte de DANE, hay más de 13 millones de compatriotas en la informalidad y el rebusque, sin prestaciones, que tampoco encontrarán empleo en el mercado laboral. El año pasado, la misma fuente oficial señaló que el empleo informal aumentó más que el formal”.
Y concluyó que “miran para otro lado al pasar por encima de más de un millón de microempresas y pequeñas empresas, panaderías, tiendas y cafeterías de barrio, peluquerías, ferreterías, pequeños comercios, restaurantes, bares y alojamientos que no podrán seguir soportando el triple impacto de la reforma laboral, el exabrupto del mínimo y la reducción de 2 horas más de la jornada laboral semanal. En el tejido empresarial colombiano, el 93% son mipymes”.
