Durante el reciente consejo de ministros dejó un anuncio que reabre un debate económico que ha generado polémica desde el inicio del Gobierno, las inversiones forzosas en el sistema financiero.
El presidente Gustavo Petro confirmó que, en el marco de la nueva emergencia económica, expedirá decretos que obliguen a la banca a destinar recursos hacia sectores productivos, tras señalar que el sector incumplió los compromisos pactados.
Asimismo, según el mandatario, el acuerdo firmado en agosto de 2024, que llevó al retiro definitivo del proyecto de ley de inversiones forzosas, establecía un desembolso de 250 billones de pesos en 18 meses para vivienda, agricultura, turismo y economía popular.
No obstante, señaló que los créditos no se dirigieron a la producción ni al crédito asociativo, sino que permanecieron concentrados en el consumo. En su momento, el llamado ‘Pacto por el Crédito’ se presentó como un modelo de concertación público-privada que evitaba una imposición legal.
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Por otro lado, tras 19 sesiones de diálogo, la banca advirtió que las inversiones forzosas podrían encarecer el crédito y afectar la confianza del mercado. Ahora, ante lo que el Gobierno considera resultados insuficientes, la medida volverá por decreto durante la emergencia económica.
Además, se conoció el primer proyecto de decreto tributario. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que se implementará un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, enfocado únicamente en las 15.000 empresas grandes en el país.
El objetivo es corregir lo que calificó como un esquema regresivo, aunque la tarifa nominal es del 28 %, las compañías con mayor patrimonio terminan pagando una tasa efectiva cercana al 21,3 %.
El decreto contempla tasas diferenciales para distinguir entre empresas productivas y rentísticas, como los bancos, y establece bases gravables especiales para cooperativas y cajas de compensación.
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Por su parte, el ministro Germán Ávila aclaró que el impuesto al patrimonio para personas naturales, planteado en una emergencia anterior, está suspendido. El Gobierno también analiza ajustes al impuesto a los juegos de suerte y azar, cuya reforma revisa la Corte, y que contempla una tarifa del 19 %.
Además, el presidente planteó la posibilidad de prohibir temporalmente la exportación de carne para contener la subida de precios internos, al considerar que el producto está aumentando por encima de la inflación.
Finalmente, se anunciaron líneas de crédito con tasas compensadas a través de Finagro y el Banco Agrario, dirigidas al sector agropecuario y a las microempresas.
