En vísperas de la Navidad, cuando el comercio y varias industrias refuerzan su nómina para atender el aumento de actividad, el Gobierno puso a discusión un proyecto de decreto que fija un nuevo límite para la contratación a través de empresas de servicios temporales.
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La propuesta establece que ningún empleador podrá superar el 10 % de su planta bajo esta modalidad.
El Ministerio del Trabajo asegura que la medida busca cerrar brechas de informalidad y frenar prácticas de intermediación laboral consideradas irregulares. El borrador fue publicado para comentarios y aún no entra en vigencia.
Qué cambiaría con el decreto
El borrador establece que las empresas de servicios temporales solo podrían suministrar personal en tres situaciones específicas:
- Reemplazos por licencias o vacaciones.
- Incrementos ocasionales de la producción o la actividad.
- Soporte por un máximo de un año.
Las sanciones por incumplir las nuevas reglas serían severas: multas superiores a 7.100 millones de pesos por cada cargo, además de posibles suspensiones de actividades, una herramienta que el Gobierno ha aplicado este año a compañías como Andrés Carne de Res y el Deportivo Pereira.
Así es como determinarán posibles casos fraudulentos de tercerización laboral
El Ministerio incluyó una lista de señales que, a su juicio, indican tercerización fraudulenta. Entre ellas:
- Que la contratista no sea propietaria de los equipos o software necesarios.
- Incumplimientos “sistemáticos” de obligaciones contables, tributarias o legales.
En el documento, el Gobierno afirmó: “El propósito fundamental de la presente reglamentación es materializar el mandato constitucional del trabajo en condiciones dignas y justas […]. La norma busca erradicar las prácticas de intermediación laboral ilegal y tercerización fraudulenta que […] precarizan el empleo y vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores”.
El impacto que este decreto podría tener en la temporada navideña
El proyecto revive el espíritu de la primera versión de la reforma laboral, presentada hace más de dos años, que proponía eliminar la intermediación y reducir el rol de las empresas de servicios temporales.
Expertos del sector jurídico y empresarial consideran que la medida podría tener efectos adversos, sobre todo en un periodo en el que el comercio aumenta su demanda de personal.
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Carlos Felipe Vargas, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Trabajo, advirtió que la propuesta excede el alcance de un decreto y desconoce la dinámica de contratación propia de la temporada.
“Normalmente, temporadas como diciembre (…) tienen incrementos en la producción. Entonces, lo que hacen las empresas es contratar a través de servicios temporales a muchos trabajadores para ese tipo de temporadas. (…) A veces pueden ser el 20 %, el 30 %, porque depende del tipo de empresa. Y proscribirlo de esta manera, pues, impide totalmente (…) manejarse a través de servicios temporales”, explicó el experto.
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Por su parte, el Gobierno sostiene que la única tercerización válida es la que proviene de servicios especializados y no del suministro de personal. En los documentos oficiales, califica la contratación por temporales como una “competencia desleal” o incluso “dumping social”, lo que marca una postura más estricta frente a este modelo laboral.
