La Refinería de Cartagena SAS (Reficar) presentó una acción de tutela ante el Juzgado Administrativo de Cartagena, con solicitud de medida provisional urgente, para intentar frenar el embargo de sus cuentas bancarias por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Como contexto, la entidad tributaria reclama el pago de 1,5 billones de pesos por concepto de IVA no consignado desde 2022.
La tutela, radicada por el apoderado de la refinería, Alejandro Linares Cantillo, se fundamenta en la presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y el acceso efectivo a la justicia.
Dicho documento cita los artículos 2, 13, 29 y 83 de la Constitución Política y se ampara en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, que permite medidas provisionales en casos de urgencia.
Uno de los argumentos centrales de la solicitud es el riesgo inminente de que Reficar se vea obligado a suspender completamente sus operaciones en un plazo de entre 7 y 11 días calendario, lo que —según advierte la empresa— pondría en grave peligro el abastecimiento de combustibles y la soberanía energética nacional.
La refinería solicita al juez constitucional que suspenda de manera inmediata cualquier medida de embargo mientras se resuelve el fondo del litigio tributario.
“Sin una intervención judicial urgente, la ejecución del embargo podría paralizar operaciones esenciales de la refinería y comprometer su estabilidad financiera”, señala el documento.
Entre los anexos figuran el poder otorgado al apoderado, el certificado de existencia y representación legal de la refinería, la resolución 12812 de 2025 emitida por la DIAN, y el soporte de radicación de una conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
Lo más preocupante es que si el pago no se llega a concretar, la entidad puede ejecutar embargos sobre las cuentas bancarias de la refinería, lo que implicaría que deje de realizar operaciones en un plazo estimado entre 7 y 18 días.
La paralización también significaría el desabastecimiento de combustibles en la región Caribe, dado que la refinería abastece a compañías como Terpel, Exxon, Petromil, entre otras.
El gravamen al que la entidad le apunta asciende a 19 %, pero la tarifa era de 0 % según la declaración de importación de la refinería sobre 61 declaraciones.
A esto se le puede agregar que los costos de los gravámenes no fueron aplicados a los usuarios, por lo tanto, sería la misma compañía la que tendría que asumir el pago.
Los contratos de emisión de bonos de Ecopetrol se podrían ver afectados, ya que estos tienen disposiciones en las cuales un embargo de estas características, a la misma compañía o a sus filiales, particularmente uno que sea por más de USD100 millones los dejaría en un escenario de default.
