La Corte Constitucional aprobó la Ley Estatutaria 190 de 2022 (Cámara) y 303 de 2023 (Senado), conocida como ley contra el fraude digital, que protege a los colombianos víctimas de suplantación de identidad. La decisión fue emitida en la sentencia C-413/25, publicada en el pasado mes de octubre.
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Con este fallo, las entidades financieras y crediticias deberán suspender los cobros de créditos, cuotas, préstamos o servicios que delincuentes hayan adquirido utilizando datos personales ajenos.
La medida se aplicará una vez la persona afectada denuncie la suplantación ante la entidad correspondiente.
Qué pasos deben seguir las víctimas para detener los cobros bancarios
El afectado deberá informar al banco o empresa involucrada que fue suplantado y aportar pruebas sumarias que respalden su denuncia. A partir de ese momento, la entidad tendrá diez días hábiles para dar trámite a la solicitud.
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Asimismo, el banco estará obligado a entregar copia de los documentos utilizados para aprobar el crédito o servicio y no podrá negarse a facilitar información a la víctima.
En paralelo, deberá pedir a las centrales de riesgo, como DataCrédito, que eliminen los reportes negativos derivados de la deuda fraudulenta.
Investigación y suspensión de cobros
Una vez suspendido el cobro, las entidades financieras y comerciales deberán esperar un pronunciamiento judicial que confirme si la persona fue efectivamente suplantada. Si la investigación concluye que la denuncia es verídica, el afectado quedará exonerado del pago, y todos sus registros negativos deberán desaparecer.
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Por el contrario, si se determina que la denuncia fue falsa, el ciudadano podrá enfrentar procesos judiciales por falsa denuncia.
La posición de la Corte y el Congreso
Según la Corte Constitucional, la suspensión de cobros “cumple con los fines constitucionales” al proteger derechos como la honra, el buen nombre y el manejo de los datos personales.
El magistrado Juan Carlos Cortés señaló que la medida no es desproporcionada, ya que evita que las víctimas enfrenten las consecuencias de un uso fraudulento de su información.
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Por su parte, el congresista Duvalier Sánchez, autor de la iniciativa, celebró el fallo al afirmar: “Después de dos años le ganamos esta batalla a los bancos. Miles de ciudadanos se van a beneficiar”.
La ley entrará en vigencia en las próximas semanas, tras la sanción presidencial, y marcará un precedente en la protección de los datos personales y financieros en Colombia.
