El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) fue claro en decir que para cumplir con la meta fijada por el Gobierno nacional para 2026, se requiere un ajuste de $45,4 billones.
De acuerdo con el organismo, aún si fuera aprobado el proyecto de Ley de Financiamiento, el proyecto de Presupuesto 2026 estaría desfinanciado en $19,1 billones.
En ese sentido, recalcó que el desbalance fiscal podría ser mayor en 2026 si la reserva presupuestal constituida en 2025 resultara ser elevada o si entra en vigor la reforma pensional y ello implica mayores erogaciones de gasto a partir de 2026.
“Suponiendo que el Gobierno implementa el ajuste fiscal requerido, el Comité proyecta que la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) se incrementaría hasta 63,5 %, aunque esta estimación no considera por ahora el efecto que puedan tener las operaciones de manejo de deuda que adelanta el Gobierno”, señaló el Carf en su informe.
Así mismo, consideran importante que el Gobierno haya propuesto al Congreso de la República medidas para incrementar los ingresos permanentes, puesto que según ellos, el ajuste fiscal no da espera.
“La reducción de las inflexibilidades del gasto también es apremiante, pero a la fecha no se conocen proyectos de reforma en esa dirección. Le corresponde al Congreso discutir la conveniencia económica y política de la propuesta tributaria del Gobierno. El proyecto de Ley de Financiamiento contiene varias medidas de ajuste de impuestos indirectos y de reducción de gasto tributario que tienen elementos justificables desde el punto de vista técnico. Las propuestas de modificación de impuestos indirectos representan, en su conjunto, cerca del 70 % del recaudo total adicional de la reforma”, detallan.
El proyecto de ley, dice el Carf, también incluye algunas medidas que podrían generar impactos macroeconómicos adversos, incluso sobre el crecimiento económico de mediano plazo.
“Algunas de las medidas que el Carf considera técnicamente inconvenientes son: i) la modificación al impuesto al patrimonio; ii) la eliminación del descuento a los dividendos; iii) el gravamen del componente inflacionario de los rendimientos financieros, que hoy es un ingreso no constitutivo de renta; iv) los ajustes a las sobretasas del sector financiero y de carbón; y v) el incremento en la retención en la fuente para la remisión de utilidades al exterior”, socializó el organismo.
