En noviembre pasado, el Gobierno nacional anunció el inicio de una actuación administrativa para “someter al grado de supervisión denominado ‘control’” a Monómeros, empresa estatal petroquímica venezolana, ante la “posible venta de sus acciones”, según indicó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado.
El organismo aclaró que “el grado de supervisión denominado ‘control’ no es una toma de posesión ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar la Sociedad, quien conserva su autonomía con las limitaciones y para los fines indicados en la Constitución y la ley, con plena garantía de sus derechos”.
Ante esto, ambos gobiernos se reunieron este martes para tratar además la agenda de cooperación en materia de petróleo, gas y energía eléctrica.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el ministro de Energía y Minas de Colombia, Edwin Palma, para revisar la “hoja de ruta” establecida por ambas naciones para la venta de la petroquímica estatal venezolana Monómeros.
“Conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos Gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia”, señaló Rodríguez en una publicación en Telegram, en la que no ofreció mayores detalles sobre los alcances de esta futura venta de la empresa.
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Asimismo, dijo que evaluaron temas de cooperación entre ambos países como la energía eléctrica, el petróleo y el gas, argumentando también que la petroquímica venezolana ha beneficiado el sector agrícola de Colombia.
Cabe recordar que el pasado 8 de noviembre, el presidente Gustavo Petro publicó una carta en X dirigida a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en la que expresó su oposición a “la decisión” del ministro de Industria y Producción de Venezuela, el empresario colombiano Alex Saab -quien estuvo preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavado de dinero-, de “vender y privatizar” Monómeros.
En la misiva señaló que durante más de cinco décadas la empresa ha beneficiado a campesinos de ambos países con producción y venta a “precio justo” de insumos agrícolas y, actualmente, garantiza a “millones de familias” la productividad de sus tierras, por lo que consideró que la privatización “implicará el encarecimiento de los productos”.
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Hasta este momento, el Gobierno venezolano no había hecho pública su decisión de vender la empresa petroquímica, con sede en la ciudad de Barranquilla.
