La Cámara Induarroz de la Andi, que agrupa parte de la industria arrocera de Colombia, expresa su profunda preocupación por los efectos que pueda tener sobre el mercado del arroz, la reciente decisión de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada.
En un comunicado, indican que esta medida, adoptada como parte de la negociación entre el Ministerio y los líderes del paro arrocero, fue expedida “sin tener en cuenta el origen real de la problemática del mercado y sin acoger los principales comentarios técnicos presentados a través de los canales institucionales”.
Ellos aseguran que el problema de la sobreoferta actual no tiene procedentes, y era previsible tomando en cuenta que en 2024 se marcó el récord histórico de siembras, llegando a 631.000 hectáreas, que se acompañó de una caída de 30 % en el precio internacional, lo que afecta al sector.
“A pesar de las señales y los llamados a racionalizar las siembras desde finales de 2024, la superficie cultivada aumentó, especialmente en Casanare, donde se alcanzó un nuevo récord de 216.000 hectáreas sólo en el primer semestre del 2025. Esto hizo que, para el 2025, el país llegara a la cosecha con inventarios 92 % superiores a los de 2024, y muy por encima de lo recomendado en el Plan de Ordenamiento Productivo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)”, sostiene Induarroz.
En este contexto de sobreoferta, y ante la presión de los líderes del Paro Arrocero, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió la resolución en la que se somete al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada. El cual, según datos de Fedearroz, arroja unos precios mínimos de compra hasta un 17% más alto que el precio de mercado, dependiendo del municipio, al tiempo que ignora las prácticas mercantiles y dinámicas territoriales del sector.
Ante esta regulación, la Cámara Induarroz de la ANDI realizó aportes técnicos por todos los mecanismos institucionales, los cuales fueron en su mayoría ignorados, y sobre los que queremos llamar la atención una vez más antes de que se genere una situación insostenible para toda la cadena.
Dicha medida tendría varios riesgos que afectarían en general a la cadena y a los consumidores, pues la primera afectación sería que aumentaría el arroz blanco que es el que adquiere la mayoría de personas, y tomando en cuenta que el cereal es un alimento esencial, afectaría sensiblemente a las familias de escasos recursos.
Otro riesgo es el denominado efecto incentivo, que es el que incrementa las siembras, lo que agrava la sobreoferta. Este incentivo sería la regulación del Gobierno, pues al otorgar condiciones de comercialización más favorables, impulsarán a mayor producción, pero eso no se traduce en mayores ventas, lo que represa al cereal.
También habría pérdida de competitividad frente a las importaciones, además de un posible repunte en la informalidad en el sector.
