El Consejo Gremial Nacional solicitó este jueves al Gobierno de Gustavo Petro la revocatoria inmediata del Decreto 0572 de 2025, que modifica las tarifas de autorretención en la fuente para empresas, al considerar que la medida fue adoptada sin un análisis técnico adecuado ni concertación con el sector privado.
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“Expresamos nuestra profunda preocupación por la expedición del Decreto 0572 (...), que impone una carga anticipada que impacta negativamente el crecimiento económico del país y afecta gravemente la liquidez de las empresas”, señaló el Consejo en un comunicado oficial.
El decreto, firmado por el Ministerio de Hacienda el pasado 28 de mayo y que entra en vigencia el 1 de junio, establece nuevas tarifas de autorretención que oscilan entre el 1,20 % y el 4,5 %, dependiendo de la actividad económica. Según el Gobierno, esta modificación busca incrementar el recaudo tributario en el corto plazo para atender las necesidades de caja del Estado en 2025.
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Sin embargo, desde el Consejo Gremial —que agrupa a las principales asociaciones empresariales del país— se cuestiona tanto el fondo como la forma de la decisión. “La anticipación masiva del recaudo tributario, sin considerar su impacto en el crecimiento económico, la inversión y el empleo, no es una salida estructural al déficit fiscal, sino una solución de corto plazo que traslada el problema fiscal a la próxima vigencia”, advirtió el gremio.
Uno de los puntos más criticados es la inclusión de entidades sin ánimo de lucro y otros sujetos tradicionalmente exentos del impuesto de renta. Para el Consejo Gremial, esta inclusión genera “saldos a favor, complicaciones operativas innecesarias y costos burocráticos para cobrar luego lo que nunca debió retenerse”, además de afectar la sostenibilidad de organizaciones que cumplen funciones sociales esenciales.
Otros sectores también han mostrado su rechazo a la normativa
A la oposición gremial se suman otros sectores. Un ciudadano, identificado como Carlos Javier Soler Parra, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad del decreto por presunta inconstitucionalidad.
En su acción judicial, el hombre argumenta que la norma “altera la base gravable, los sujetos pasivos de la obligación y los topes de recaudo, con efectos inmediatos sobre personas naturales, empleados y pequeños empresarios”.
También el partido Centro Democrático anunció una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional. Según esa colectividad, el decreto constituye “una reforma tributaria encubierta, impuesta sin debate ni transparencia democrática”, y contraviene el principio de legalidad tributaria al modificar tarifas y ampliar la base gravable sin aprobación del Congreso.
Desde el Ministerio de Hacienda se ha defendido el decreto argumentando que mejora la eficiencia del sistema y contribuye a la equidad fiscal.
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En ese sentido, la cartera explicó que el nuevo esquema busca corregir desequilibrios entre la autorretención y el impuesto a cargo, además de agrupar actividades con comportamientos fiscales similares para facilitar la fiscalización por parte de la DIAN.
Pese a ello, el Consejo Gremial reiteró que, de mantenerse la norma, acudirá a acciones judiciales. “Solicitamos de manera formal y expresa al Gobierno Nacional la revocatoria inmediata del Decreto, sin perjuicio de las acciones judiciales que adelantaremos por los vicios de legalidad que afectan este Decreto”, se puede leer en el comunicado.
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Y concluyen señalando enfáticamente que: “El país necesita decisiones responsables, diálogo real y un entorno regulatorio que respalde al sector productivo. No es con medidas improvisadas y de alto costo económico que se construyen condiciones para la sostenibilidad fiscal”.
