La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa para determinar las posibles irregularidades cometidas al interior de la empresa Ecopetrol ante la suscripción de un contrato por un monto cercano a los 5 millones de dólares con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP.
El proceso se pondrá en marcha contra funcionarios por determinar de la compañía, teniendo en cuenta que dicho contrato tenía el objeto de “analizar el impacto reputacional de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, el cual fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad”.
El Ministerio Público indicó, además, que “para los fines de la indagación resulta imperioso practicar pruebas tendientes a confirmar o descartar la presunta irregularidad e identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaria”.
En el marco de este proceso se adelantará una inspección disciplinaria a las instalaciones de Ecopetrol, con el propósito de recaudar información y documentación en medio físico y magnético.
