Por medio del Decreto 0572 de 2025, el Gobierno Nacional oficializó un ajuste en las tarifas de autorretención en la fuente que aplican las empresas sobre sus ingresos, con el objetivo de incrementar el recaudo tributario durante el presente año. Las nuevas tasas, que entrarán en vigencia el 1 de junio, oscilan entre el 1,20 % y el 4,5 %, dependiendo del tipo de actividad económica.
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La modificación busca que el Estado reciba anticipadamente una parte del impuesto de renta que correspondería al año 2026. Según explicó el Ministerio de Hacienda, esto permitirá aliviar las presiones de caja que enfrenta el Gobierno en 2025, sin desconocer que ese anticipo implicará una reducción en los ingresos del próximo ejercicio fiscal.
El mecanismo de autorretención cumple una función legítima al facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducir los incentivos a la evasión, según se lee en la exposición de motivos del decreto, en donde también se argumenta que, “en algunas actividades, la relación entre la autorretención y el impuesto a cargo es inferior al 20 %, lo que representa un costo de oportunidad para la administración tributaria”.
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Para evitar distorsiones, el nuevo esquema agrupa actividades económicas con comportamientos fiscales similares, lo que, según la cartera, ayuda a mejorar tanto el cumplimiento por parte de los contribuyentes como los procesos de fiscalización de la DIAN. Además, en caso de que la nueva tarifa genere saldos a favor, las empresas podrán solicitar su devolución o compensación, tal como lo establece el Estatuto Tributario.
Aunque el Gobierno considera que la medida fortalece la equidad y eficiencia del sistema, no todos los sectores comparten ese diagnóstico. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo alertó que esta decisión podría afectar al próximo gobierno. “No es una buena idea”, afirmó, al advertir sobre los riesgos fiscales de trasladar recursos de un año a otro en medio de una estructura tributaria con problemas de sostenibilidad.
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Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) ha reconocido que el aumento de las retenciones puede ayudar a resolver problemas de liquidez en el corto plazo, pero también ha advertido que esto podría traducirse en una caída de ingresos fiscales más adelante.
El decreto también aclara que las tarifas anteriores se mantendrán vigentes hasta el 31 de mayo. A partir del día siguiente, las nuevas condiciones aplicarán de forma obligatoria para los contribuyentes, sin perjuicio de que sigan estando sujetos a la retención en la fuente por parte de terceros.
