Es importante trabajar y avanzar en destrabar esos contratos suspendidos e impulsar la firma de nuevos contratos para garantizar por más tiempo la autosuficiencia del país, recalcó la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP).
{"titulo":"La autosuficiencia es fundamental para hacer la transición","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/congreso-naturgas-expertos-aseguran-que-debe-haber-seguridad-energetica-para-una-transicion"}
Según el Ministerio de Minas y Energía, de los 117 contratos en fase de exploración, hay 35 contratos suspendidos y 32 de ellos podrían contar con recursos en el subsuelo.
La Asociación recordó las cifras, teniendo en cuenta el reciente informe de reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y que a la fecha de hoy el actual Gobierno no se ha pronunciado sobre la firma de nuevos contratos de exploración y explotación.
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Los contratos suspendidos están ubicados en distintas zonas del país: La Cuenca Caguán-Putumayo tiene el mayor número de contratos suspendidos, eso quiere decir que de los 35 contratos, 14 están ubicados en esta zona; 10 están en los Llanos Orientales, 6 en la cuenca del Valle Medio Magdalena, 3 en la Cordillera Ambiental, 2 en la cuenca del Valle Superior del Magdalena y los restantes en La Guajira, Catatumbo y Cesar-Ranchería.
Frente a ello, la ACGGP realizó un análisis de los retos sociales, culturales, ambientales y políticas que este proceso tiene, para cumplir el propósito que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se trazó desde el año pasado con la instalación de la mesa técnica.
Conflicto social y armado en las zonas de interés
Cuenca de Caguán-Putumayo: Según el Sistema Nacional de Información Cultural (Sinic) la población indígena de Putumayo asciende a 30 mil personas aproximadamente, existen 126 cabildos y 39 resguardos. En esta zona algunas de estas comunidades se han opuesto a proyectos petroleros por la percepción negativa hacia la industria, es el caso del pueblo Inga con el proyecto APE- La Cabaña GTE.
Llanos Orientales: Este año en Arauca, la empresa Parex anunció la suspensión de los proyectos de hidrocarburos que desarrollaba en los municipios de Tame y Saravena por las constantes amenazas del ELN, lo que generó un ambiente de incertidumbre en el sector por la falta de garantías para poder operar, a esto se suma el despliegue de guerrillas por el control territorial.
Para el caso de Casanare las operaciones se han interrumpido por los bloqueos que han promovido sindicatos y gremios por las afectaciones ambientales en la zona.
Valle Medio Magdalena: Se han presentado conflictos debido a la contratación con petroleras en la región, la presencia de grupos armados ilegales como Los Rastrojos, así como el asesinato de líderes sociales.
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Frente a esta problemática, la Asociación realizó un llamado al Gobierno nacional para que haya una articulación entre el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior para articular acciones concretas que garanticen la seguridad en las zonas, es de suma importancia que también se trabaje con las alcaldías locales y gobernaciones, así como con líderes sociales en el diálogo permanente y evaluaciones constantes para conocer de fondo las problemáticas del conflicto.
'Es importante impulsar la democratización del conocimiento entre los actores, a saber, gobierno, industria y comunidad, que quieren realizar el proyecto, nuestra experiencia trabajando en regiones ha demostrado que los procesos de pedagogía son vitales para conocer las preocupaciones de las familias, subsanar dudas históricas y fortalecer las capacidades de los actores, esto permitirá que sepan sobre las implicaciones ambientales y técnicas de los proyectos y puedan resolver dudas sobre los procedimientos de exploración y explotación', dijo Flover Rodríguez, director de la ACGGP.
Agregó que es necesario que las respectivas autoridades ambientales puedan vincular procesos que permitan avanzar con los más de 30 contratos suspendidos, de acuerdo con el reciente informe de reservas de la ANH la producción de crudo es de 7, 5 años y de gas natural de 7,2 años.
'Esto nos muestra que es urgente destrabar los contratos y así garantizar la autosuficiencia del país', resaltó.
