El Heraldo
Subestación de Electricaribe en Atlántico. Archivo
Economía

$200 mil millones, el “daño fiscal” en Electricaribe: CGR

La Contraloría General dijo que se trata de la continuación de la auditoría inicial de los años 2015 y 2016, que ahora comprende de 2010 a 2014. Se abrirá un juicio de responsabilidad fiscal a los encargados del manejo de los dineros. 

La presunta desviación que habría realizado la empresa Electricaribe de los recursos provenientes del subsidio otorgado por el Fondo de Energía Social (FOES), con el propósito de disminuir sus niveles de pérdidas, ascendería a más de $200.000 millones, aseguró el contralor general de la Nación, Edgardo Maya Villazón. El funcionario anunció además la apertura de juicio de responsabilidad fiscal a los encargados del  manejo de estos dineros.

El contralor sostuvo que el primer hallazgo indica que presuntamente la empresa utilizó más de $78.500 millones que le giró el Gobierno para subsidiar a unos 600.000 usuarios, en un objeto totalmente distinto a lo que establece la norma.

Explicó que esta cifra inicial esto solamente correspondería a los años 2015 y 2016, por lo que se esperan los resultados de la revisión sobre el uso de subsidios que se realizan del 2010 al 2014, los podrían arrojar una cifra mayor a la entregada.

“Este es un tema de falta de cumplimiento de las normas legales y esto origina un daño fiscal y vamos a proceder a la apertura de un juicio de responsabilidad fiscal”, indicó Maya Villazón y destacó que se trata de recursos públicos que debían ser usados para aliviar el costo de la tarifa del servicio de energía que paga la población más pobre.

Señaló que serán procesados todos los directivos y funcionarios de Electricaribe que hayan estado involucrados en el manejo de los dineros y que tendrán que responder por el presunto daño fiscal ocasionado.

“Vamos a denunciarlos penalmente y si hay servidores públicos también serán sancionados disciplinariamente” dijo el contralor.

Superservicios investiga

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, señaló a su vez, que en caso de que se comprueben las irregularidades detectadas por la Contraloría General, se aplicarán las capacidades sancionatorias hasta el máximo posible legal (que es de unos $73.000 millones) para evitar que estas conductas se repitan.

“La superintendencia ya tiene una investigación andando contra los responsables de este presunto uso indebido de subsidios”, señaló. Se investiga el uso de los subsidios entregados entre 2012 y 2016, pero aún no se tiene el monto total que administró a la empresa en este periodo.

Mendoza coincidió con el contralor en que la cifra de los recursos podría ser significativamente mayor a la entregada inicialmente, sin embargo aseguró que “es mejor esperar los resultados de la labor de investigación para tener certeza”.

Añadió que el 90% de los recursos de los subsidios de FOES que entrega el Gobierno le corresponde a Electricaribe. 

Deuda Acopi

En el marco de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el agente Interventor, Javier Lastra Fuscaldo, manifestó que están evaluando las condiciones de la deuda anterior a la intervención con proveedores de bienes y servicios que asciende a los $247.000 millones, de los cuales $56.103 millones corresponden a empresas pertenecientes a Acopi.

Dentro de los acreedores se encuentran empresas de servicios de prestación eléctrica (44,52%), suministros (30,07%), fábricas metalmecánicas y ferreterías (12,57%), transporte (1,27%), seguridad (2,05%) y consultorías y asesorías (9,53%).

Asimismo, se presentó un balance del proceso de intervención, en el que reconoce los esfuerzos que se hacen para mantener la continuidad de la prestación del servicio a los usuarios de la Región.

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