El Heraldo
Hamacas, chinchorros y ropa permanecen colgados en los cuatro extremos del parque de Montería.
Córdoba

Los emberas del Alto Sinú, acorralados en su propio territorio

Enfrentamientos y bombardeos de grupos armados en zona rural de Tierralta, fueron detonante para el desplazamiento de 600 indígenas hasta Montería.

Abandonar la armonía en los valles fértiles del Alto Sinú, hogar de más de 5 mil indígenas embera katío no debió ser fácil, como tampoco dejar de labrar la tierra en la que han sobrevivido.

No obstante este es el panorama de la etnia acosada por la inseguridad y las intimidaciones de grupos armados que buscan el control de las economías ilegales en los territorios del sur de Córdoba.

Esta zozobra los llevó a recorrer el pasado 20 de abril 90 kilómetros en buses hasta el parque central de Montería, donde permanecen, porque aseguran que no tienen garantías para permanecer en su propia tierra, la de sus ancestros.

Son 600 pobladores, entre campesinos e indígenas, los que permanecen en el parque central de la capital de Córdoba a la espera de que el Estado les garantice seguridad.

Triste panorama

Los líderes denuncian frecuentes sobrevuelos, enfrentamientos, bombardeos e intimidaciones que han alterado el normal desarrollo de la cotidianidad del resguardo.

“No podemos salir a cazar, pescar, cosechar nuestros alimentos, porque corremos el riesgo de ser agredidos por los grupos armados, e incluso por la fuerza pública”, denuncia David Bailarín Domicó, uno de los líderes de los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde, quien hace parte de los indígenas desplazados.

Toma de pruebas covid-19 a los emberas.

La cosmogonía de esta etnia considera que el éxito de las cosechas, la caza y relaciones sociales en el resguardo dependen del bienestar y la pureza que se le ofrezca a la tierra, o de lo contrario llegarían largos periodos de hambruna y muerte.

“Desde hace cuatro meses tropas del Ejército han hecho presencia en el resguardo. Llegaron en  helicópteros y han allanado los tambos de las familias indígenas. Eso afecta nuestro territorio, nuestra armonía con el entorno”, dice.

“Recientemente maltrataron al compañero del resguardo Betel Domicó Bailarín, a quien retuvieron, lo patearon en los genitales y lo llevaron en helicóptero al municipio de Carepa, Antioquia. En nuestro resguardo instalaron un campamento militar, lo que nos pone en riesgo de ser atacados”, agregó en su denuncia Bailarín.

Este nuevo clima de inseguridad se habría enrarecido hace cuatro meses cuando, según afirman, helicópteros militares ingresaron a la zona del resguardo a realizar cargues y descargues.

“Nos instalamos acá en el parque para pedir una mesa de diálogo con la Gobernación de Córdoba, y que las autoridades nos escuchen”, explicó.

No es primera vez que la violencia arremete contra el resguardo, pues en el pasado otros grupos al margen de la ley han sido denunciados por su proceder violento.

El gobernador Benítez habla con varios indígenas.

En esta ocasión la situación habría llegado a su punto más álgido el pasado 7 de abril, al parecer hubo bombardeo en el sector conocido como Charúa, entre los ríos Verde y Sinú.

“El 24 de marzo aterrizaron en la comunidad wima dos helicópteros con el Ejército y la Policía, quienes informaron que tenían orden de allanamiento y procedieron a revisar alrededor de ocho tambos en los que viven unas 50 personas, mientras preguntaban por miembros de grupos armados”, dijo.

En el sur de Córdoba hacen presencia ‘los Caparros’ y la banda criminal ‘Clan del Golfo’, esta última enfrascada en un plan pistola contra la fuerza pública, por lo que los indígenas temen por un inminente choque en su territorio.

El terror campea en el resguardo, pocos se atreven a salir a buscar alimentos, a cazar especies silvestres o a pescar, pues temen ser objeto de agresiones o detenciones, por lo que decidieron salir a protestar en reclamo de la armonía que les ha sido arrebatada en sus territorios.

En carpas, esteras y bajo bolsas de polietileno permanecen asentados a la espera de una conclusión en las mesas propuestas para el cese de la violencia.

 “Al inicio de nuestra llegada no comimos bien, ni nos pudimos asear, tampoco hemos tenido atención médica, pero con el paso de los días nos han dotado de agua, alimento, frazadas, baños móviles para hacer nuestras necesidades”, expresó el líder.

El albergue improvisado parece decorado con sábanas y ropa colgada en decenas de cuerdas que se amarran de una rama a otra.

Hay desplazamientos

Los hombres con sus bastones de mando, las mujeres con sus coloridas telas y la alegría de los niños que corretean en el parque hacen ahora parte del paisaje del centro de Montería.

“Desde marzo se vienen presentando pequeños desplazamientos por los enfrentamientos en la zona, pero no habían sido visibles porque solo eran dentro del territorio, pero en esta ocasión quisimos llegar a buscar una solución definitiva a estos atropellos”, narra el vocero.

En la zona del Alto Sinú se desarrolla el Plan Agamenón,  contra el ‘Clan del Golfo’ y grupos similares.

La Policía de Montería les ha llevado recreación.

Hasta ahora ni el Ejército ni la Policía se ha pronunciado sobre las denuncias de los indígenas.

Las autoridades temen que los albergues improvisados se conviertan en focos de covid.

El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, se pronunció al respecto.

“Se realizó de manera virtual un Comité Extraordinario Territorial de Justicia Transicional en el que fueron escuchados los líderes de las etnias camaenka, karagaby e iwadagó del resguardo embera-katío, comunidad zenú de San Andrés de Sotavento y campesinos del Alto Sinú, quienes manifestaron las razones de su desplazamiento a la capital”.

Para el mandatario es importante no solo entender, sino saber de primera mano lo que siente y piensa la etnia, de ahí que se haya instalado la mesa de diálogo con presencia de todos los actores para escuchar  el pliego de peticiones.

En las reuniones participan la Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Tierralta, Unidad para la Atención y Orientación de Víctimas, Gobernación de Córdoba y Batallón Voltígeros.

En articulación con la organización World Vision se entregaron 6.000 mil tapabocas y tres lavamanos portátiles.

También se ha brindado asistencia médica inmediata con la ESE Vidasinú y EPS privadas, y la remisión hasta el hospital de primer nivel de casos urgentes con el servicio de ambulancia; así como la coordinación institucional con la Policía para el dispositivo de seguridad; y el llamado al Icbf, teniendo en cuenta el alto porcentaje de niños que conforman la manifestación, son alrededor de 200.

Dijo que está seguro de que con el acompañamiento y voluntad de todos se darán soluciones necesarias para el retorno de las comunidades a sus sitios de origen.

Así permanecen adultos y niños en el parque central.

La Unidad para la Gestión del Riesgo  asumió el suministro de agua potable en los albergues improvisados para la preparación de alimentos a la comunidad, y seguirá brindando acompañamiento institucional.

Entre tanto, el Ministerio Público examinará las declaraciones de los motivos sobre el desplazamiento.

De igual manera desde la Secretaría de Salud departamental se trazaron estrategias de atención a los indígenas.

Así lo dio a conocer el secretario de esta cartera en Córdoba, Carlos Andrés Vasco Álvarez, quien sostuvo que se toman las acciones pertinentes para salvaguardar los derechos de estas comunidades.

“Llevamos a cabo la reactivación de la Mesa Departamental de Salud Indígena con el propósito de atender sus necesidades en esta área referente a los pueblos indígenas embera katío y zenú, con el objetivo de hacer de manera concertada, incluyente y participativa la revisión y los ajustes del Decreto 0220 que permitió la creación de esta mesa con los pueblos indígenas de Córdoba”, dijo.

Durante la reunión se hizo análisis y evaluación en materia de salud pública, con el Sistema General de Seguridad Social.

“Estamos valorando la calidad de los servicios de la salud, análisis y evaluación a las responsabilidades de las EPS y entidades locales de salud”, agregó el secretario Vasco Álvarez.

Las autoridades aseguraron que con la conformación de la Mesa Permanente de Concertación se podrá articular una mejor atención.

Este mecanismo, dijo el funcionario, permitirá socializar, informar y retroalimentar a la Secretaría de Desarrollo de la Salud, para que basados en políticas de igualdad y enfoque diferencial se garanticen los derechos de los pueblos indígenas de Córdoba, así como la protección de sus valores sociales, culturales y el acceso a la salud. El viernes dos menores fueron hospitalizados por infección respiratoria.

La etnia quiere retornar al Alto Sinú, pero con garantías, insiste Bailarín.

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