Alrededor de 1.500 indígenas de la comunidad Embera Katío y campesinos del Alto Sinú que fueron desplazados de manera forzosa de sus territorios serán reconocidos e incluidos en el Registro Único de Víctimas.
'Desde la Defensoría hemos hecho todas las gestiones para avanzar en el reconocimiento de estas comunidades que enfrentan una difícil situación, pues se vieron obligadas hace tres meses a salir de sus territorios por el accionar de grupos armados ilegales', dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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El funcionario indicó que desde la Defensoría se ha liderado la elaboración de la propuesta de Matriz del Plan de Retorno para avanzar en el regreso de estas comunidades a sus territorios, en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad.
La inclusión de las víctimas en el Registro Único se logró —dijo—luego de la mesa técnica que se realizó el 27 de julio en la sede nacional de la Defensoría del Pueblo y en la que participó la Unidad para las Víctimas (UARIV), la Procuraduría General de la Nación y ACNUR.
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Allí se logró el acuerdo para que se revisaran los recursos de reposición presentados por las comunidades indígenas y campesinas de Tierralta que hoy permanecen en los parques Laureano Gómez y Simón Bolívar de la ciudad de Montería.
A partir de estos avances, el Defensor del Pueblo, ofició al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, para que convoque, de manera urgente, el Comité Departamental Extraordinario de Justicia Transicional Ampliado.
Este encuentro se realizará antes de finalizar esta semana para 'abordar y aprobar la Matriz del Plan de Acción de Retorno y establecer los compromisos institucionales en los componentes de: salud, educación, alimentación, hábitat, alojamiento, proyectos productivos, conectividad, tierras, traslado, entre otros'.
