ONU verificó 42 masacres en el país durante 2020
El informe trimestral del secretario general sobre la Misión en Colombia será presentado el 14 de octubre ante el Consejo de Seguridad.
En el informe trimestral del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión en Colombia, que será presentado el próximo 14 de octubre, indica que el ente multilateral ha verificado 42 masacres perpetradas en el país en lo que va corrido de 2020 e investiga la ocurrencia de otras 13.
Se trata del más reciente reporte sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 27 de junio al 25 de septiembre de 2020.
“A pesar de una disminución en las tasas nacionales de homicidio en el primer semestre, la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto ha continuado. Con relación a las masacres que se dieron en diferentes departamentos en los últimos meses, el secretario general se une a la sociedad colombiana, al Gobierno y a los actores políticos en condenar enérgicamente estos incidentes, incluidos los asesinatos de niños y jóvenes, e insta a las autoridades a que lleven rápidamente ante la justicia a las personas responsables. El informe hace referencia a 42 casos verificados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en lo corrido del año y otros 13 en proceso de verificación”, se lee en el comunicado.
Líderes sociales
La Oacnudh señala además que ha verificado un total de 48 homicidios de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos este año, incluidos nueve de comunidades étnicas y cinco mujeres.
“Estos crímenes están siendo perpetrados principalmente en zonas con escasa presencia estatal, altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales”, dice el informe.
Por eso, ante el hecho de que varias de las áreas donde ocurrieron estos crímenes fueron objeto de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, el secretario general propuso a todos los actores que “trabajen de manera coordinada, en el marco de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) a fin de responder a los riesgos identificados por la Defensoría del Pueblo y actuar sobre sus recomendaciones”.
Implementación
En cuanto a la implementación de la paz y concretamente sobre el impacto de la pandemia de la Covid-19 en las iniciativas productivas de excombatientes, el informe afirma que las mesas técnicas del Consejo Nacional de Reincorporación, con el apoyo de Naciones Unidas, han tomado medidas para mitigar el impacto, incluyendo capacitaciones, apoyo a iniciativas de seguridad alimentaria a pequeña escala, otorgar conectividad a 53 proyectos productivos para mejorar su acceso a la asistencia técnica remota, y la distribución de más de 700 tapabocas para excombatientes involucrados en proyectos productivos.
“A la fecha, al menos 88 excombatientes (33 mujeres) han dado positivo por Covid-19, dos de los cuales fallecieron. Se destaca la importancia de que las brigadas de salud se reanudaron en los antiguos ETCR, beneficiando a las comunidades y excombatientes”, indica el reporte.
Excombatientes
El informe destaca así mismo que la Misión verificó 19 asesinatos de excombatientes (todos hombres) durante este período, para un total de 50 (2 mujeres) en 2020. Desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado un total de 297 ataques contra exmiembros de las FARC-EP, incluidos 224 asesinatos (4 mujeres), 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio (4 mujeres).
Ante este panorama, Guterres plantea “la importancia de que se cuente con suficientes recursos para que se puedan tramitar las más de 400 solicitudes de protección pendientes”, y también señala la importancia de que las mujeres excombatientes tengan acceso adecuado a los esquemas de protección.
Y hace énfasis la ONU en que para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz se requiere un diálogo sostenido y un trabajo conjunto entre las partes y otros actores. Para tal fin, “las partes deben continuar usando cada vez más los mecanismos de diálogo previstos en el Acuerdo Final, incluidos la Comisión de Seguimiento y el Consejo de Reincorporación”.
Los padres de cinco jóvenes asesinados el pasado 11 de agosto en la ciudad de Cali pidieron ayer al Gobierno justicia por esta masacre.
La matanza sacudió al país no solo por la corta edad de las víctimas, que tenían entre 14 y 15 años, sino también porque fueron acribilladas y encontradas con signos de tortura.
“La satisfacción mía sería que esas personas que son culpables no sigan en el mundo como si no hubieran hecho nada, sino que caigan y paguen”, dijo Álvaro José Caicedo, durante un acto realizado en La Casa de las Memorias del Conflicto de Cali.
El atribulado padre añadió: “Lo único que pido es que se haga justicia, que la muerte de nuestros hijos no quede impune y que no haya más muertes, más masacres”.
Ese acto hace parte de la Semana de la Juventud, en el que se abrió la exposición “Sembrando Vida”, que tiene como principal objetivo plasmar a los jóvenes asesinados en el barrio Llano Verde.
A manera de homenaje, un artista pintó con ceniza los rostros de Álvaro Caicedo, Jair Cortés, Léider Cárdenas, Luis Montaño y Jósmar Jean Paul Cruz, los jóvenes afrodescendientes asesinados al parecer porque entraron a una plantación de caña.
Según la Fiscalía, las víctimas acudían con frecuencia al lugar para comer caña, “y el día de los hechos tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del cañaduzal observaron a los cinco menores acercarse y sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron”.
Además de pedir justicia, Caicedo lamentó que las promesas de empleo que les hizo la Gobernación no se hayan cumplido pese a que, aseguró, entregaron todos los documentos requeridos.
Al respecto, dijo que lo que piden es apoyo y una salida para generar ingresos.