Indepaz y la Defensoría del Pueblo confirmaron que a los cuatro menores indígenas los mataron las disidencias del Estado Mayor Central, EMC, por intentar escapar del reclutamiento forzado a que los habían sometido en el sur del país.
{"titulo":"'El cese al fuego nunca existió': las reacciones al anuncio del Gobierno","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/gobierno-suspende-cese-al-fuego-con-disidencias-de-ivan-mordisco-las-reacciones-al-anuncio"}
Al respecto, el presidente Gustavo Petro tuiteó este lunes: 'Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad lo mismo'.
Y tras haber decretado el levantamiento del cese al fuego en cuatro departamentos del país con este grupo disidente, dijo el jefe de Estado que 'un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. Esperamos que los diferentes frentes de la EMC en las zonas donde no se levanta el cese al fuego cumplan con este precepto: cese al fuego significa cese de hostilidades a la población civil, entrada del estado civil a la zona para transformar las economías no legalizadas en economías prósperas para el campesinado, acuerdos de sostenimiento de las tropas en conflicto'.
Indepaz reportó el pasado domingo que los cuatro menores de edad habían sido reclutados por el Frente ‘Carolina Ramírez’, aliado del EMC y que según la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), el 15 de mayo lograron escapar, pero luego fueron retenidos de nuevo por el grupo ilegal. Y fueron asesinados en la comunidad de Los Estrechos, en Solano, Caquetá, en plena frontera con el departamento del Amazonas.
Entre tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, reiteró su llamado al EMC para que muestren verdaderos gestos de paz y que de manera inmediata cesen todas sus acciones en contra de la población civil, de manera especial que terminen con la práctica del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.
'Casos como el repudiable homicidio de cuatro niños y adolescentes, miembros de la comunidad indígena Murui, luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el municipio de Solano (Caquetá), son evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estos hechos se suman a las más de 50 violaciones al DIH que habrían sido cometidas por el EMC de las disidencias de las Farc', se lee en el comunicado.
'Necesitamos un compromiso real de paz por parte de todos los grupos armados ilegales, de manera especial a las disidencias de las Farc, ante el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de suspender el cese el fuego con el EMC en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, y de conminar a esa organización a iniciar la fase de diálogos para establecer el cese de hostilidades con enfoque territorial', aseguró el funcionario del Ministerio Público.
Agregó Camargo que 'el centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales durante este año dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz. Lo que sí queda claro es que se han venido burlando del Gobierno Nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos'.
{"titulo":"'Cese del Eln debe ser de hostilidades'","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/presidente-de-fedegan-jose-felix-lafaurie-hablo-sobre-cese-al-fuego-y-cese-de"}
Desde el 31 de diciembre de 2022, fecha en la cual el Gobierno Nacional decretó el cese al fuego entre la fuerza pública y cuatro grupos armados, la Defensoría del Pueblo ha monitoreado 90 acciones violentas por parte de dichos grupos, de las cuales 20 obedecerían a enfrentamientos armados entre alguno de los grupos armados objeto del Decreto y 70, a acciones violentas en contra de la población civil.
'Preocupa a la Defensoría del Pueblo que, aunado a las mencionadas violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, así como la falta de transparencia en el establecimiento de los protocolos del cese el fuego, la paulatina suspensión de los decretos pone en evidencia la inestabilidad de los procesos de negociación iniciados y con ello, el riesgo inminente del recrudecimiento de la violencia en el país', señaló la entidad.
Y exigió a los grupos armados hechos concretos, actuaciones inmediatas y no más dilaciones para iniciar los diálogos con el Gobierno Nacional.
'Los grupos armados ilegales deben entender que la paciencia de la sociedad y del Estado tiene límites y que no pueden desaprovechar la oportunidad histórica que ofrece el Gobierno para dialogar sobre la ruta para dejar las armas y construir un país sin violencia y con mayor desarrollo social y económico', concluyó el defensor.
