Las posibles salidas a la crisis que tiene en el ojo del huracán al Inpec
El Ministerio de Justicia anunció la puesta en marcha del ‘Plan Transparencia’ para reformar el instituto. Expertos en el tema analizan la situación.
Fugas de delincuentes de alta peligrosidad, salidas injustificadas de internos, cuestionamientos por el trato inhumano que dragoneantes les dan a los privados de la libertad: esos son varios de los escándalos que tienen en el ojo del huracán, desde hace varios años, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Para algunos, la solución a la actual crisis del instituto se terminaría “con su liquidación y desaparición”, mientras que otros son más optimistas y creen que una reforma integral de la entidad podría ponerle fin a la serie de eventos que cada año acaparan los principales titulares de la prensa.
En la actualidad, el Inpec tiene a su cargo 97.227 internos distribuidos en 127 centros penitenciarios.
La suma de los cupos de estos espacios dan para tener una capacidad de 80.922 privados de la libertad, pero en la actualidad hay una sobrepoblación de 16.305, lo que se traduce en un hacinamiento del 20,15 %.
Además, el instituto cuenta con 12.000 guardias encargados de la seguridad y vigilancia de toda esa población de internos.
Precisamente para intentar solventar esta crisis, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó que su cartera está recibiendo el apoyo del Ministerio de Defensa para reforzar la parte perimetral de los centros de reclusión del orden nacional.
También, dijo el funcionario, están realizando controles de ingreso y salida de personas para evitar “cualquier irregularidad” que se pueda presentar.
“Las personas que han sido solicitadas en extradición han sido trasladadas a los pabellones de máxima seguridad, y también hay controles frente a los permisos para los procedimientos o tratamientos médicos”, detalló el ministro.
Destacó Ruiz que el Ministerio está haciendo mesas de trabajo “en una forma constante” con la presidencia, ministerios del Interior, de Justicia y del Inpec para, en los próximos días, informarle al país los cambios que se van a realizar en el Inpec y la Uspec.
“Estamos contando con los Estados Unidos por su cooperación y apoyo para evitar más irregularidades”, dijo Ruiz, quien destacó que a pesar de los inconvenientes han hechos intervenciones “importantes” como la humanización del sistema carcelario.
“El 50 % de los privados de la libertad en la actualidad están trabajando y más del 34 % están estudiando y se han vinculado al sector empresarial”, destacó Ruiz.
Por su parte, el brigadier general Tito Yesid Castellanos, director del Inpec, señaló que están llevando un proceso de transformación con la intención de mejorar los procesos y procedimientos que se realizan en el instituto.
“Estamos contando con el apoyo primordial de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Buscamos fortalecer el Plan de Transparencia y vamos a hacer unos procesos de selección al personal y vamos a fortalecer el cuerpo de custodia y vigilancia”, detalló Castellanos.
Según el director del Inpec, esta transformación será “a mediano plazo” y se hará tomando como base las experiencias que se han dado con los cambios implementados en la Procuraduría, la Contraloría y la Policía.
“Vamos a buscar los apoyos necesarios y con la ayuda del Ministerio de Justicia estamos tocando puertas, inicialmente en el BID tenemos unos acercamientos para que nos asesore para arrancar con la transformación”, dijo.
El funcionario precisó que se busca “el fortalecimiento estructural” en los 125 establecimientos del orden nacional.“Desafortunadamente 110 de esos centros tienen más de 50 años, nos corresponde fortalecer el plan de mantenimiento y programar un plan de inversión y construcciones de nuevos centros del orden nacional para poder ayudar y solucionar de una vez por todas el hacinamiento”.
“Queremos que este Plan de Transparencia prospere y afortunadamente para todo el pueblo colombiano el Inpec tiene todo el propósito y el compromiso de los hombres y mujeres que lo integramos para mejorar los protocolos y procedimientos”, resaltó Castellanos.
Pese a las expectativas que tienen el ministro de Justicia y el director del Inpec, expertos en temas de seguridad y justicia son un poco más pesimistas frente a la posibilidad de que esa transformación dé frutos.
El consultor de seguridad y coronel (r) John Marulanda Bueno considera que la única salida tangible y real a esta crisis es “acabando con el Inpec”.
“Como hombre de seguridad hay que reemplazar el Inpec por una empresa privada que garantice la seguridad en los centros carcelarios. Esto le ahorraría mucho dinero al Estado y reduciría mucho los niveles de corrupción que allí se están dando”, considera Marulanda al resaltar que lo único que han oído los colombianos del instituto “son casos permanentes y continuos de corrupción en los diferentes niveles de mando del Inpec, que lo hacen insostenible desde todos los puntos de vista”.
Entre tanto, César Andrés Restrepo, experto en seguridad, expuso a EL HERALDO que el sistema político general de Colombia “ha aplazado sistemáticamente” una crisis que tiene más de 30 años en el instituto, al punto de llegar a poner a policías a dirigirlo cuando antes lo hacían eran civiles.
“Esa es una institución que no tiene lógica ni visión estratégica, ni sentido en su existencia. La gente cree que la misión del Inpec es cuidar a gente dentro de un edificio mientras que están castigadas, pero en realidad ese sería el 10 % del trabajo si la institución fuese seria”, indicó Restrepo.
El experto explicó que por eso el instituto “hay que acabarlo” y en su reemplazo crear otra entidad que, en primer lugar, no tenga sindicatos, y que por el contrario sea un organismo con un régimen especial similar a la Policía, además de tener una vocación de resocialización e integración a la vida legal.
“Este nuevo organismo debe lograr comprender los fenómenos criminales y sociales que llevan al delito y a la violencia. No hay un modelo específico. Hay que analizar la situación de Colombia y diseñar uno que atienda y resuelva la situación”, destacó el experto.
Entre tanto, el director de la Corporación Excelencia de Justicia, Hernando Herrera, dice que lo primordial de este caso es “observar el componente humano” que lleve realmente a superar esa crisis.
“Por la dirección del Inpec han pasado más de veintidós personas, es decir, en promedio, uno cada año y medio, lo cual no alcanza a rematar una función que le dé continuidad, a eso se les suman los más de 68 sindicatos que atomizan la fuerza penitenciaria, lo cual la dispersa y le resta coherencia y cohesión institucional”, expresó Herrera.
Es por eso que el experto reitera que la principal reforma tiene que darse con el componente humano y someter de manera periódica a todos los niveles del Inpec a evoluciones que puedan evidenciar problemas de corrupción o situaciones que los lleven a inclinarse hacia estos fenómenos.
Por último, Herrera propone la revisión de los casos de aquellas personas cuyos delitos no revisten la mayor trascendencia social para efectos de saber si se les puede conceder esa libertad de manera provisional y condicional.
