Las protestas de este martes en la capital del país, que desde tempranas horas de la mañana produjeron bloqueos en las localidades de Suba, al norte, y de Fontibón y Kennedy, al occidente y sur, dejaron un saldo de más al menos 62 manifestantes conducidos y cuatro más heridos.
Por el lado de los uniformados, cinco fueron reportados como afectados. Así lo reportó al final de la tarde de este martes el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, quien explicó que los manifestantes, detenidos por vandalismo o agresiones a la fuerza pública, habían sido llevados a centros transitorios de protección, bajo la vigilancia de organizaciones de derechos humanos.
Informó que seis estaciones de Transmilenio fueron atacadas por los vándalos y que de las 19 protestas dispuestas en distintos lugares de la ciudad, 16 fueron disueltas a través del diálogo. No obstante, tres tuvieron que ser controladas por el Esmad.
Los enfrentamientos entre la fuerza pública y los marchantes se registraron, especialmente, en la extensa localidad de Suba, al norte de Bogotá, donde desde la madrugada fue bloqueado el Portal Suba, desde donde salen los buses de Transmilenio que conectan la localidad con el centro y sur de la ciudad.
La de este martes fue la primera manifestación de 2020 relacionada con el multitudinario paro nacional del pasado 21 de noviembre.
La movilización congeló el tráfico en varios puntos de la capital colombiana. Antes de caer la noche, los manifestantes hicieron sonar cacerolas y los uniformados bregaban para restablecer el orden en una zona céntrica próxima a la sede de gobierno.
En otras ciudades como Cali y Medellín también se registraron disturbios.
La alcaldesa de Bogotá, la centroizquierdista Claudia López, estableció un protocolo para evitar la violencia durante las movilizaciones que prevé una instancia de diálogo antes de activar el uso progresivo de la fuerza policial.
El movimiento de protesta, que congregó multitudes a finales del año pasado, volvió a las calles con un amplio pliego de peticiones que exigen un cambio de rumbo al gobierno Duque.
Además de cuestionar la política económica, los jóvenes denuncian la espiral de violencia que envuelve a los activistas de derechos humanos y líderes sociales desde que se firmó la paz en 2016 con las Farc,.
Al menos 107 activistas fueron asesinados en 2019, según la ONU, que verifica otros 13 casos. La mayoría de las muertes ocurrieron en zonas donde operan grupos armados involucrados con el narcotráfico.
Naciones Unidas también ha alertado sobre el asesinato en los últimos tres años de 173 excombatientes rebeldes que depusieron los fusiles.
'A nadie le puede costar la vida defender una posición política o defender una causa social, y por eso es que consideramos que esto es muy importante dentro de nuestras exigencias', señaló a la prensa la dirigente universitaria Jennifer Pedraza.
