Imputan a funcionaria de Cancillería por contratos por $400 millones
La Fiscalía anunció que por estos mismos hechos serán imputados más funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y particulares.
La Fiscalía informó este lunes en un comunicado que imputó ante un juez de la capital los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a Claudia Esperanza Amaya Vargas, funcionaria de Cancillería.
Entre septiembre de 2016 y enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó tres contratos, cuyo valor total ascendió a $828 millones, para adquirir y poner en funcionamiento un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos acorde a las guías dispuestas por el Archivo General de la Nación.
Dado lo anterior, se tendrían que haber ejecutado contratos para brindar soporte técnico y mantenimiento evolutivo al sistema, advirtió el ente acusador.
“Entre las irregularidades advertidas se constató que los tres contratos se hicieron de manera directa por falta de oferentes y que la señora Amaya Vargas, en su calidad de supervisora de estos procesos, al parecer suscribió el informe final de supervisión e interventoría certificando el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, a pesar de que el objeto no se cumplió a cabalidad. La procesada no habría realizado ninguna recomendación ni observaciones que permitieran evidenciar tal incumplimiento”, se lee en el reporte.
Según la Fiscalía, la investigada posiblemente se concertó con un particular y otro servidor público para asumir funciones de sus superiores, otorgando paz y salvos de los convenios en mención, sin que se ejecutaran.
"En ese sentido, la entidad sufrió un detrimento patrimonial por valor de $399 millones", cuestionó el organismo investigador.
Y anunció además la Fiscalía que en el marco de este mismo proceso, serán imputados también otros particulares y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
