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Patricia Linares Prieto, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Colprensa

Hoy arranca la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP

La JEP entra a operar con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Amnistía e Indulto; y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Este jueves 15 de marzo empezará a trabajar formalmente la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el Acuerdo con las FARC para el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que sucedieron en el contexto y debido al conflicto armado.

Aun a la espera de que la Corte Constitucional de su fallo sobre la Ley Estatutaria, que reglamenta la JEP, esta justicia especial entra a funcionar con algunos elementos que no necesitan de esa decisión para iniciar sus labores, ni del proyecto de ley de procedimiento que se le entregó al Presidente esta semana y que debe hacer tránsito en el Congreso.

La JEP entra a funcionar con la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas; la Sala de Amnistía e Indulto; y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

La primera sala recibirá todos los informes de todas las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado, así como de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas.

Igualmente, deberá decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencia de la JEP, por haber sido cometidos en el contexto del conflicto armado.

Luego, deberá recibir las 7392 actas de reconocimientos de verdad y responsabilidad que se han 
allegado a la Secretaría de la JEP por integrantes de las FARC, así como de la Fuerza Pública.

Esta es la Sala que deberá presentar una Resolución de Conclusiones ante el Tribunal de Paz, en donde identifique los casos más graves y representativos, la individualización de las responsabilidades, en particular de quienes tuvieron una participación determinante, los reconocimientos de verdad y responsabilidad, la calificación jurídica, y la identificación de las sanciones correspondientes.

Y también deberá remitir a la Sala de Amnistía e Indulto el listado de recomendaciones de personas que deberán ser beneficiadas con dichas medidas; así como a la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas los listados de quienes no serán objeto de amnistía e indulto, ni serán incluidos en la Resolución de Conclusiones.

Por otro lado, la Sala de Amnistía deberá otorgar amnistía o indulto en casos de personas condenadas o investigadas por delitos amnistiables e indultables, de oficio o a petición de los interesados.     
Y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas definirá el futuro de aquellas personas que no sean objeto de amnistía o indulto, ni hayan sido incluidos en la Resolución de Conclusiones de la SRVR.

La Presidenta de la JEP, Patricia Linares, indicó que hay aproximadamente 7400 registros de personas candidatas a esta justicia especial.

"Mañana empezamos a funcionar respecto de las víctimas a partir de la recepción de los informes de la Secretaría Ejecutiva, de la Fiscalía, de la Contraloría, Procuraduría y de los informes de organizaciones de víctimas. De acuerdo con esta información empezaremos los procesos”, señaló.

Para analizar estos informes, que solo de la Fiscalía se esperan 25, la JEP organizó un equipo interdisciplinario de 113 personas. A partir de allí se aplicarán criterios de priorización para determinar qué casos serán escogidos y cuáles no, de todo el universo de atrocidades que se cometieron.

Linares igualmente explicó que cuando llegue el momento, las audiencias de la JEP serán públicas, con espacios para las víctimas, la ciudadanía y los medios de comunicación.

Igualmente, ya está en marcha la Unidad de investigación y acusación que deberá investigar los casos y acusar ante el Tribunal de Paz, así como decidir sobre las medidas de protección a víctimas y testigos y la adopción de medidas de aseguramiento y cautelares en caso de ser necesario.

Cabe recordar que de acuerdo a la decisión de la Corte Constitucional, quienes se acojan a la JEP deberán cumplir con todos los requisitos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad, so pena de perder los beneficios.

El proyecto de procedimiento

El pasado 13 de marzo, la entidad entregó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el proyecto de ley de Procedimiento que regirá para esta justicia especial y que consta    de 228             artículos.          
"Para diseñar la propuesta tuvimos en cuenta las lecciones aprendidas en las leyes de Justicia y Paz y el Código de Procedimiento Penal, con la idea de hacer mucho más sencillo y ágil el proceso jurídico", explicó el Magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli.

Sobre las víctimas, el proyecto propone garantizar una presencia lineal durante el proceso, permitiéndoles participar en los juicios orales, interponer recursos, hacerle seguimiento a las sentencias y, lo más importante, brindarles garantías de protección. Las víctimas de violencia de género contarán con medidas especiales que implican procesos expeditos y satisfactorios.

"Hay un elemento importante, que es clave destacar: la diversidad de la JEP. Allí convergen las etnias y la representación más diversa del país; todo ello se ve reflejado en el diseño del proyecto de Ley de Procedimiento", enfatizó Ramelli.

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