¿Qué cambia con la nueva Ley de Seguridad ciudadana?
Gobierno radicó en el Senado la iniciativa que eleva la condena de homicidio en contra de un miembro de la Fuerza Pública.
El Gobierno nacional radicó este miércoles ante el Senado el proyecto de ley que tiene por finalidad la creación y el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana.
La iniciativa incluye una serie de reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se establece una regulación sobre la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones.
El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y los ministros del Interior, Daniel Palacios, y el de Justicia, Wilson Ruiz, indicaron que el instrumento está orientado y dirigido a atacar la inseguridad en las ciudades y elevar las sanciones para delitos como el hurto.
El instrumento busca un aumento de las penas para el delito de homicidio cuando se cometa en contra de un miembro de la Fuerza Pública, estipulando una pena de 500 a 600 meses de prisión, es decir 25 años de cárcel.
Entre los ajustes que se esperan realizar, a través de este acto legislativo, se destacan establecer como tipo penal la intimidación o amenaza con arma de fuego, armas y elementos menos letales, armas hechizas y armas blanca, la cual podría acarrear una pena de 48 a 72 meses, es decir de 4 a 6 años, agravar la pena del delito de hurto en relación con las cuantías.
También contempla incluir como agravante del delito de daño en bien ajeno la afectación a infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el sistema de trasporte público masivo e instalaciones militares y de policía.
Entre otros aspectos relevantes, también se contempla incluir dentro del tipo penal de porte y fabricación de armas, la utilización de estas, elementos o dispositivos menos letales y además establecer como tipo penal el porte de armas blancas cuando se porte en medio de transporte público o durante evento masivo.
Incluir como agravantes dentro del delito de violencia contra servidor público, cuando la conducta se comete contra miembro de la Fuerza Pública.
Este proyecto también busca beneficiar a la Fuerza Pública, ya que crea derecho a la gratuidad en el acceso al servicio de transporte público masivo; atención preferencial y prioritaria por parte de las entidades del orden nacional, municipal y distrital y descuentos en tiquetes aéreos, hoteles y transporte público dentro del territorio nacional.
Se crean como delitos autónomos: la intimidación y amenaza con arma de fuego; el porte de arma blanca y la obstrucción de la función pública.
Se agrava la pena cuando se afecte la infraestructura pública.
Se establece un agravante en el delito de instigación a delinquir, cuando la conducta se realiza para cometer delitos de peligro común.
En el Código de Procedimiento Penal se incluye como situación de peligro para la comunidad el uso de armas de fuego convencionales y no convencionales.
Se introduce como concepto de no comparecencia la resistencia de captura mediante actos violentos contra el funcionario que la realice.
