El Heraldo
Fotos que ilustra el reclutamiento de un menor.
Archivo
Colombia

Familias de menores muertos tras ser reclutados son víctimas: Corte

Tribunal constitucional fijó los lineamientos para registrar a los parientes.

La Corte Constitucional le dio tres meses a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a partir de diciembre pasado, para que “actualice” el manual de criterios de valoración y realice “las gestiones administrativas necesarias” para capacitar a los funcionarios encargados de resolver las peticiones y solicitudes relacionadas con la inscripción en la entidad.

La sugerencia del alto tribunal se da luego de atender y estudiar un caso de una mujer, cuyo hijo de 15 años, fue reclutado por grupos de autodefensas en octubre de 2002 y seis meses después se enteró que el menor había muerto en combate en Casanare.

Ante esta situación, la mujer le solicitó a la UARIV ser incluida en el registro de víctimas, pero la entidad negó su petición argumentando que el menor “debía ser considerado victimario del conflicto armado, puesto que el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 establece que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores”.

Pero en ese caso, el adolescente murió cuando todavía pertenecía al grupo ilegal, por lo tanto, la Corte ordenó a la UARIV para que incluya a la madre en el Registro Único de Víctimas “por haber perdido a su hijo en medio del conflicto armado”.

El alto tribunal, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz Delgado, explicó que el hecho de que un menor muera mientras es víctima de reclutamiento forzado “debe ser interpretado como una desvinculación en los términos de la Ley 1448 de 2011”.

“La interpretación de esta norma se orienta por la protección de quienes han sido reclutados ilícitamente y han tenido la peor consecuencia con ese reclutamiento que es la muerte en condiciones de esclavitud y maltrato infrahumano, como lo han reconocido las legislaciones y cortes a nivel nacional e internacional. Sin duda, un menor que ha sido reclutado ilegalmente y que muere en combate no solo concreta la afectación más grave a sus derechos, sino que pierde la posibilidad de restablecer los derechos que les son violados mientras participan en las hostilidades”, indicó la sentencia.

Cortesía

Una crítica

La corporación criticó que la UARIV ponga en duda que la muerte del menor hubiese ocurrido con ocasión del conflicto armado, argumentando que en la zona también operaban bandas delincuenciales auspiciadas por el narcotráfico.

“Es absolutamente inaceptable, no solo en los términos del artículo 5º de la Ley 1448 de 2011, sino también desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional y de la evidencia fáctica, que la UARIV haga uso de un argumento especulativo y contraevidente para concluir que el homicidio del joven no fue producto del conflicto armado y de esa manera negar la inclusión en el RUV”, concluyó la Corte.

La tutela, que revocó las sentencias de primera y segunda instancia, le advirtió a la UARIV que tiene la obligación de interpretar el artículo 3o de la Ley 1448 de 2011 conforme a los principios de buena fe, favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, en aras de no incurrir en prácticas que supongan una exclusión injustificada de las víctimas del Registro Único de Víctimas.

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