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Gustavo Gallón, Comisión Colombiana de Juristas.
Colombia

Entregan a JEP informe de violencia estatal en los Montes de María

'El silencio de las gaitas' se denomina el documento que registra la responsabilidad de los uniformados en masacres en esa región entre 2000 y 2001.

El Colectivo José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas entregaron este jueves a la JEP y a la Comisión de la Verdad un informe sobre la responsabilidad de agentes estatales en masacres de los Montes de María entre 2000 y 2001.

"¿Cómo fue posible que los paramilitares cometieran diez masacres en un mismo territorio durante todo un año sin que la fuerza pública pudiera prevenirlas ni frenarlas? ¿Cómo se explica que en los Montes de María las AUC contaran con bases de operaciones como la hacienda 'El Palmar' y, a pesar de que su ubicación fuera un secreto a voces, los agentes estatales no pudieran dar con este fortín paramilitar en los siete años en que estuvo operando el autodenominado Bloque Héroes Montes de María?", son las preguntas que plantea el documento.

En total, se registran 10 masacres que dejaron 175 víctimas mortales y al menos 28 mil desplazados: Ovejas-Canutal, El Salado, Mampuján-Las Brisas–San Cayetano, Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y El Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue. 

"Si bien las masacres analizadas en dicho informe fueron perpetradas directamente por grupos paramilitares, oficiales de la Brigada Primera de Infantería de Marina bajo la comandancia del entonces contraalmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, y agentes de la Policía de Sucre y Bolívar, actuaron conjuntamente o con aquiescencia y complicidad, configurando una política de apoyo a la consolidación del paramilitarismo en esa región. Sin embargo, ha persistido un alto nivel de impunidad frente a los agentes estatales y actores civiles promotores, aliados y cómplices de los grupos paramilitares", se lee en el reporte.

Los colectivos autores del informe piden además al Sistema de Justicia Transicional que se llame a rendir versión voluntaria a Quiñonez Cárdenas y a varios de sus subalternos, así como a los entonces comandantes de la Policía de Bolívar y Sucre, general (r) Rodolfo Palomino López, coronel (r) Normal León Arango Franco, coronel (r) Carlos Eduardo Devia Gutiérrez y coronel Mario Nel Flórez Álvarez, y varios de sus subalternos.

"Entre los elementos que permiten concluir que los altos mandos de la Infantería de Marina y la Policía de la zona son responsables por acción u omisión de las incursiones paramilitares en los Montes de María en los años 2000-2001, de los cuales existen indicios y evidencias, y que fueron analizados en el informe que se presenta a la JEP, están: el conocimiento previo del plan criminal por parte de las Fuerzas Armadas, las relaciones de estas con grupos ilegales, acuerdos (entre ambos bandos) previos a las masacres, el apoyo de la Fuerza Pública para la comisión de los delitos (mediante el suministro de munición, medicina, comida, información de inteligencia, entre otros), la participación directa de los oficiales en las operaciones y medidas inoportunas e ineficaces para enfrentar contundentemente a los ilegales", señala el documento.

Las víctimas de los Montes de María piden así mismo la creación de una subcomisión de alto nivel de garantías de no repetición, que se haga una depuración de las Fuerzas Armadas en relación con los miembros que estén involucrados en graves casos de violaciones a los derechos humanos, y al Congreso un mecanismo independiente de control de ascensos de militares y policías que permita la participación de organizaciones de la sociedad civil y que impida el ascenso en la carrera militar de agentes implicados en crímenes.

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