La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento contra los alcaldes de Malambo, Cereté y Coveñas por irregularidades durante la actual emergencia sanitaria.
En el caso de Malambo, el ente de control dice que ha podido establecer que el alcalde Rummenigge Monsalve Álvarez inicialmente suscribió el 26 de marzo de 2020 un contrato por $4 mil millones con la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva) para suministrar 80 mil kits de mercados para la población vulnerable, invocando la modalidad de contratación directa.
El 13 de abril fue suscrito un otrosí que, sin aumentar el valor del contrato, modificó la cantidad de entregas a dos por familia. Una profesional del Área de Proyectos Sociales del municipio fue la encargada de tramitar y supervisar tal contrato.
Por estos hechos, tres personas serán imputadas, entre ellas el alcalde, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y se solicitará la imposición de medidas de aseguramiento no privativa de la libertad. proceso fiscal.
La Contraloría General también ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Monsalve, la Fundación Lirio de los Valles, la supervisora del contrato Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte por un detrimento fiscal estimado en $1.107.043.597. El monto está relacionado con presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del suministro de los 80 mil antes mencionado.
Proceso Fiscal en la Contraloría
La Contraloría General de la República, por su parte, ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Monsalve, la Fundación Lirio de los Valles, la Supervisora del contrato, Doris Monsalve Parra, la Fundación Amira de la Rosa y el subcontratista encargado del transporte, por un detrimento fiscal estimado en $1.107 millones, relacionado con presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de un contrato de las ayudas.
De acuerdo con la información del ente de control, el detrimento fiscal está dado, principalmente, por la 'evidente diferencia' entre los precios a los que la Alcaldía contrató los diferentes productos de las ayudas alimentarias y el precio real al que la Fundación Lirio de los Valles pagó dichos productos a los mayoristas.
'Con soporte en las facturas de los proveedores de la Fundación Lirio de los Valles, esta diferencia asciende a $842.652.149 pesos', informó la Contraloría.
En el caso de algunos productos como pasta, arroz o harina de maíz, se encontraron precios de proveedores mayoristas facturados a esa fundación muy por debajo de los precios piso que para los mercados de Barranquillita y Granabastos identifica el DANE para esas mismas semanas.
A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control determinó también que habría un faltante en las cantidades de leche en polvo y de avena contratadas por la Alcaldía. No hay evidencia en las facturas de su compra por la fundación, lo cual se determina como fuente de afectación fiscal por la suma total de $137 millones pesos.
La Contraloría aseguró que también pudo evidenciar que la fundación contratista compró más cantidades de las necesarias para el suministro de los mercados contratados, que parecen estar justificadas en el contrato de suministro que celebró con la Alcaldía, según las facturas y las declaraciones iniciales de la Fundación en la visita especial adelantada por los funcionarios de la Gerencia Departamental de la CGR en el Atlántico.
Se encontraron, además, gastos no razonables en transporte de los mercados, lo que fue subcontratado por la fundación con una frecuencia de viajes no razonable, con vehículos de poca capacidad, a un promedio de $50 mil pesos cada viaje desde un centro de acopio organizado en el suroccidente de Barranquilla hasta Malambo, que por este sólo concepto implica un detrimento de $22.125.747 de pesos, incluido dentro del total de costos indirectos reprochados fiscalmente.
El detrimento fiscal atribuible a los costos indirectos no razonables en que incurrió la Fundación Lirio de los Valles para ejecutar este contrato asciende a la suma de $126.804.853 pesos.
Adicionalmente, se contrataron 80 personas con una remuneración mensual promedio de $3 millones de pesos cada contrato para descargar los productos, embalar y empacar los mercados, o sea por un valor de $178 millones de pesos, de los cuales la Contraloría sólo encuentra razonables la suma de $101 millones de pesos, de acuerdo con los indicadores de productividad y rendimiento evidenciados en la visita fiscal realizada a la Fundación y la verificación de facturas, cuentas de cobro, cantidades entregadas y otra información relevante.
También se reprochan los $36 millones de pesos gastados por la Fundación en almuerzos para estos contratistas, que se presentan como costos indirectos del contrato.
Como se evidenció que los contratos con estas 80 personas son verbales y que la Fundación Lirio de los Valles no habría verificado el pago de los aportes obligatorios a salud y pensiones, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR ordenó dar el traslado a la entidad competente para este tema: la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, adscrita al Ministerio de Hacienda.
Diferencia de precios
El detrimento fiscal está dado, principalmente, por la evidente diferencia entre los precios a los que la Alcaldía contrató los productos alimenticios que conforman los mercados y el precio real al que la fundación pagó dichos productos a los mayoristas.
Con soporte en las facturas de los proveedores de la fundación esta diferencia asciende a $842.652.149 En el caso de algunos productos como pasta, arroz o harina de maíz se encontraron precios de proveedores mayoristas facturados a esa fundación muy por debajo de los precios base que para los mercados de Barranquillita y Granabastos tiene el Dane para esas mismas semanas.
A través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, el organismo de control determinó también que habría un faltante en las cantidades de leche en polvo y de avena contratadas por la Alcaldía. No hay evidencia en las facturas de su compra por la fundación, lo cual se determina como fuente de afectación fiscal por la suma total de $137.586 millones.
Se encontraron gastos no razonables en el transporte de los mercados que fue subcontratado por la fundación con una frecuencia de viajes no razonable. Los vehículos de poca capacidad, registran rutas desde un centro de acopio organizado hasta Malambo por valor de $50 mil cada recorrido. Este solo concepto implica un detrimento de $22.125.747.
Millones en almuerzos
El informe también describe que 80 personas fueron contratadas con una remuneración mensual promedio de $3 millones para descargar, embalar y empacar los mercados. En total fueron $178 millones de los cuales la Contraloría encuentra razonables la suma de $101 millones.
Proceso por atún
Debido a las denuncias ciudadanas sobre la calidad del atún entregado en el contrato, la Contraloría solicitó colaboración del Invima y de la Fiscalía por las posibles faltas disciplinarias en que podría haberse incurrido por parte de los servidores públicos vinculados al proceso. Asimismo con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal se ordenó el traslado de copias de las pruebas a la Fiscalía y la Procuraduría.
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En Barranquilla
La Contraloría informó que abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato suscrito entre la Alcaldía de Barranquilla y la firma Servicios de Alimentación NP SA por valor de $18.652 millones para el suministro y entrega de mercados básicos a la población vulnerable.
En este caso, la Contraloría determinó presuntas irregularidades con connotación fiscal, que corresponden a los costos de bienes fijados y pagados con valores que 'exceden sin justificación' los precios reales de mercado y el precio total pactado por cada ítem.
En Atlántico
La Procuraduría dijo que abrió investigación disciplinaria al secretario General del Atlántico, Raúl José Lacouture, 'por presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a atender las necesidades de la población afectada por la pandemia'.
El Ministerio Público investiga la suscripción y ejecución de dos contratos, uno por $19.300 millones con la empresa Trading Group International S.A.S., para la entrega de 4.200 mercados, y otro por $1.377 millones con el contratista TRI FIT S.A., para la prestación del servicio de transporte de una bodega en Barranquilla, hacia los municipios, corregimientos y veredas del departamento.
En este caso el veedor que hizo la denuncia dijo en una carta que había cometido un error en su denuncia cuando calculó los valores sobre 4.200 mercados y no con 420 mil, que fueron los entregados.
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Suspensión en Cesar
La Procuraduría suspendió por tres meses a la secretaria general de la Gobernación del Cesar, Lorena Hernández, y a la directora de la oficina de Gestión del Riesgo, María José Páez, por presuntas irregularidades en la contratación de mercados para familias vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria.
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, indicó que en el caso de la Gobernación del Cesar, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría abrieron investigación por presuntos sobrecostos y otras posibles irregularidades. El ente relacionó que en el Cesar son cuatro contratos con presuntos sobrecostos. Uno celebrado con Fudsocial por más de $405 millones para la adquisición de 3.200 kits.
En Sincelejo y Coveñas
El fiscal Francisco Barbosa informó este jueves que por presunta corrupción en los contratos de la emergencia por la pandemia será llamado a interrogatorio el alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez.
Adicionalmente, también fueron llamados a interrogatorio la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Kattiuska Margarita Fernández Castillo; el supervisor de contrato Leonardo Beltrán Pinto; el director técnico de gestión contractual Andrés Gutiérrez Ahumada; al jefe de prensa, Gustavo Pérez Mier, y a los contratistas Diomedes de Jesús Guevara Pereira y María Eugenia Mercado Pertuz, así como al representante legal de Biel People Publicidad, Hugo José Tabares Sierra.
Entre tanto, la Contraloría General de la República ordenó la suspensión del alcalde de la capital de Sucre por los sobrecostos detectados en la adquisición de los 26.666 mercados que fueron distribuidos en el inicio de la pandemia para las familias más necesitadas. La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $1.051.748.446 contra el mandatario como consecuencia del daño al patrimonio derivado de sobreprecios y la entrega incompleta de algunos elementos que conformaban los kits.
Según el ente, se encontraron sobrecostos en los productos, que oscilan entre el 28% y 164%. Además se detectó que no fueron entregados 66.665 libras de fríjol, en 906 kits no se entregó aceite así como tampoco se entregaron 18.644 libras de lenteja y 3666,5 libras de sal. En el caso de Coveñas, la Fiscalía le imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado al alcalde de Coveñas, Rafael Antonio Ospina Toscano.
Sobrecostos en Cartagena
En Cartagena se abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato No. 7 del 08 de abril de 2020 suscrito con Ventas Distribución y Marketing Ltda por valor de $1.215 millones, para el suministro de insumos sanitarios y de protección (mascarillas, jabón líquido, gel antiséptico y termómetros infrarojos), como medida de prevención, reducción de los factores de riesgo y amenaza ante la COVID- 19 en Cartagena.
La Contraloría encontró diferencias entre los valores contratados con la firma Ventas Distribución y Marketing Ltda. y los precios de referencia del mercado, como grandes superficies, cotizaciones en sector salud y la página de internet mercado libre. Así, por ejemplo, el contratista cobraba $520.000 por cada termómetro, cuando el precio de referencia de este elemento se determinó en $295.433.
Hallazgo en Magdalena
Presuntos sobrecostos habrían en el contrato No. CD 0212-2020 por valor de $4.210.803.000 suscrito entre el departamento del Magdalena y Éxito. El objeto es la adquisición de productos que conformen mercados solidarios para atención de la población vulnerable dentro de la emergencia ocasionada por el coronavirus.
La Contraloría analiza el contrato para verificar qué clase de mercados se debían entregar y con qué insumos. Igualmente se hará una cotización en otros establecimientos de comercio del departamento, a fin de verificar los posibles sobrecostos. En atención a este hallazgo en la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Magdalena se abrió indagación preliminar, la cual se encuentra en etapa probatoria.
Suspensión en Cereté
El alcalde de Cereté, Luis Antonio Rhenals Otero será procesado por la Fiscalía, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado.
El mandatario había sido separado del cargo de manera provisional por espacio de tres meses, luego de que la Procuraduría General de la Nación recibiera denuncias por presuntos sobrecostos en la compra de 20.000 mercados que la administración municipal entregó a las familias vulnerables en medio de la emergencia por el coronavirus.
La medida preventiva también ordenó la suspensión del secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach
