El Heraldo
EFE
Colombia

El duro informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Colombia

La oficina del secretario Antony Blinken presentó una serie de documentos sobre el estado de los derechos humanos en todo el mundo, durante 2021.

La oficina del secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, presentó una serie de informes en el que expone la salud del estado de los derechos humanos en todo el mundo durante 2021. Colombia no escapó a ese escrutinio.

En el informe, que se encuentra publicado en la página web del Departamento de Estado, destaca que hubo “cuestiones importantes” de derechos humanos que incluyeron documentos  “creíbles” de toda clase de crímenes entre los que se destacan homicidios “ilegítimos o arbitrarios”; tortura y detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos armados; violencia contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales; asesinatos y otros actos de violencia contra sindicalistas; y trabajo infantil.

Pese a esa situación el documento señala que “el gobierno tomó medidas para investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, aunque algunos casos continuaron experimentando largas demoras”.

El Departamento de Estado citó a la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación de la Población (Cinep), del 1 de enero al 26 de agosto, el cual detalló que durante ese periodo hubo 28 casos de “muertes intencionales de civiles cometidas por agentes estatales”.

Cita el informe que “los agentes de policía mataron a varios civiles durante las protestas en todo el país que comenzaron el 28 de abril”.

Destaca el informe que durante las protestas en todo el país, en su mayoría pacíficas, que comenzaron el 28 de abril, los manifestantes y las ONG denunciaron que los miembros de la fuerza policial usaron fuerza excesiva para frenar las manifestaciones, incluso asesinando a los manifestantes.

“Algunas de las protestas fueron violentas e incluyeron ataques a policías, comisarías, saqueos e incendios de edificios gubernamentales y transporte público. Los manifestantes también erigieron miles de barricadas, impidiendo la entrega de alimentos, suministros y servicios de emergencia”, dice la oficina de Blinken.

Según las ONG, citada por el organismo, hubo también “numerosas denuncias” de violencia sexual y física cometida por guardias y otros reclusos.

El informe también cuestiona la situación que se vive en los centros penitenciarios del país. “Las prisiones y los centros de detención eran duros y amenazaban la vida debido al hacinamiento, las condiciones sanitarias inadecuadas, la atención médica deficiente y la falta de otros servicios básicos. La mala formación de los funcionarios siguió siendo un problema en todo el sistema penitenciario”.

La práctica de la prisión preventiva, en combinación “con las ineficiencias del sistema judicial, siguió generando hacinamiento”.

También el documento detalla los abusos relacionados con conflictos y expone que el Eln  “continuó cometiendo crímenes” y “actos de terror” en todo el país, incluidos bombardeos, violencia contra la población civil y ataques violentos contra instalaciones militares y policiales.

“También siguieron operando grupos armados y bandas de narcotraficantes, como el Clan del Golfo. Por ejemplo, el 15 de junio, un artefacto explosivo improvisado transportado por un vehículo detonó en una base militar que albergaba a la brigada 30 del ejército en Cúcuta, Norte de Santander”, dice el Departamento de Estado.

Los desplazamientos también quedaron retratados en el documento y reporta que hasta junio, el Gobierno registró 483.260 desplazados internos que se identificaron como indígenas y 1.127.913 que se identificaron como afrocolombianos.

“Los indígenas constituían siendo el 6 % y los afrocolombianos aproximadamente el 14 % de los nuevos desplazados internos registrados por el gobierno” resalta el informe.

En materia de políticas migratorias la oficina del gobierno de Estados Unidos destaca el hecho de que el Gobierno anunciara la concesión de un Estatus de Protección Temporal (ETP) de 10 años que brinda una vía inmediata a la residencia legal para casi un millón de venezolanos y extiende la protección legal a los 1,7 millones de venezolanos en Colombia.

“El ETP permite a las autoridades identificar venezolanos irregulares en un registro biométrico; otorgar a los venezolanos acceso formal al trabajo, la salud y la educación; y facilitar la participación en el plan nacional de vacunación contra la covid-19. Hasta octubre, el gobierno había preinscrito a casi 1,4 millones de venezolanos en el mecanismo”, enfatiza el documento.

La violencia contra la mujer, así como la impunidad de los perpetradores, “continuaron siendo un problema”. “Los miembros de los grupos armados continuaron violando y abusando sexualmente de mujeres y niños”.

El gobierno, dijo la oficina, continuó empleando la unidad interagencial de élite Unidad de Investigación de Agresiones Sexuales en Bogotá, que se dedicó a la investigación de casos de agresión sexual.

“De enero a julio, la Oficina del Fiscal General abrió 63,000 investigaciones sobre violencia doméstica, con mujeres identificadas como víctimas en 50.000 de esas investigaciones”, expone la oficina.

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