Colombia

Tensión en el país por militarización de ocho departamentos

Analistas explican en EL HERALDO alcances de la medida. CIDH advierte que las FF. MM. deben actuar bajo regulación. Investigan 13 homicidios en Cali.

Con el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, que dispone la asistencia militar a la Policía en Cali, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Bucaramanga, Madrid y Facatativá, el Gobierno anunció ayer que 1.141 hombres del Ejército llegaron a la capital vallecaucana luego de la jornada violenta que padeció esa región el pasado viernes y de la que, hasta el momento, se reportan 13 muertos aparentemente relacionados con las protestas.

El presidente Iván Duque, quien pasó la noche del viernes en Cali y estuvo ayer recorriendo algunos lugares de la ciudad y dialogando con los habitantes que se topaba, se reunió con las autoridades y altos mandos “para coordinar operativos que lleven al retorno de la seguridad”, informó la Casa de Nariño.

A su vez, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que en la capital del Valle fue activado el nuevo Grupo Especial Antibloqueos, “con el objetivo de intervenir los puntos que se encuentran obstruidos ilegalmente en las vías del departamento”.

Posteriormente, el mandatario se desplazó a Popayán, desde donde informó, tras un consejo de seguridad, que hay organizaciones criminales que están pagando entre $ 70 mil y $ 100 diarios para que se cometan actos de vandalismo contra la infraestructura pública de la capital caucana. Y por ello anunció el aumento del 25 % en el pie de fuerza del Ejército en esa zona.

Entre tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, viajó también a Cali, desde donde anunció un “control fuerte, estricto e intenso al despliegue de las FF. MM. en el Valle del Cauca” e invitó a la CIDH para que “haga un pronunciamiento para que las partes lleguen a acuerdos y en particular a que se levanten los bloqueos”.

Y el representante de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, hizo un llamado a través de un comunicado “a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia y hacer todo lo posible para disminuir las tensiones y evitar su escalamiento”.

Agregó el funcionario del ente multilateral que “en cualquier circunstancia, incluso en las más difíciles, tenemos que impulsar el diálogo. Consolidar una paz estable y duradera en el país es mi mayor deseo y, estoy seguro, el de todos los colombianos”.

Finalmente, reiteró que la ONU está disponible “para facilitar y apoyar los caminos de solución”.

Autoridades reportan 13 muertos en Cali

En la ciudad de Cali, donde el pasado viernes se vivieron fuertes enfrentamientos entre protestantes y la fuerza pública y la irrupción de supuestos civiles armados en algunos barrios y este sábado se vivió una tensa calma, se reportaron 13 homicidios, según informaron autoridades locales y la Policía.

“Todavía no podemos precisar si todas las muertes que hemos tenido el 28 de mayo están vinculadas y asociadas integralmente al proceso de las protestas”, explicó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien aludió a que la Fiscalía reportó ayer 13 homicidios y es la que debe investigarlos y dar respuestas.

“Sin embargo –añadió– no cabe duda de que un número muy importante de las muertes que hemos tenido el 28 de mayo han sido asociadas a eventos de movilización ciudadana”.

La Policía, que por su parte reporta 10 homicidios, solo relaciona 3 con las protestas y el resto “estarían relacionados con ajustes de cuentas entre estructuras delincuenciales, intolerancia y sicariato”.

El alcalde también denunció los actos de “vandalismo puro e irracional” contra inmuebles privados y públicos.

Y el director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), general Fernando Murillo, explicó que “se presentó una situación especial donde unas personas de civil utilizaron unas armas de fuego indiscriminadamente contra otras personas”.

Los hechos se dieron sobre todo en Ciudad Jardín, una zona residencial de la capital vallecaucana.

El llamado de la CIDH al Gobierno

Frente a la asistencia militar, la CIDH recordó al Gobierno que “las obligaciones internacionales del Estado en seguridad interna y los estándares interamericanos disponen que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”.

La corporación escribió en su cuenta de Twitter que los Estados deben “respetar, proteger, facilitar y promover” el derecho a la protesta social, y que todo uso legítimo de la fuerza debe observar “principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Mauricio Jaramillo, magíster en seguridad internacional y geopolítica, frente al episodio de la visita solicitada por la CIDH para verificar la situación de DD. HH. –que inicialmente fue negada por el Ejecutivo y luego aceptada–, le dijo a EL HERALDO que “el cambio de perspectiva muestra que el Gobierno no tiene claro cuál es la posición exterior respecto de la situación de DD. HH.”.

Continúa diciendo que: “la estadía de Blum fue muy nociva porque el país reaccionó muy mal internacionalmente a todos los llamados de países vecinos, de la ONU y de la CIDH. Además, las declaraciones de la vicepresidenta desconocen el funcionamiento del sistema, porque este opera de manera subsidiaria: no reemplaza al Ministerio Público, así que la visita de la CIDH no implica que los entes de control no estén funcionando”.

Y considera el internacionalista que la CIDH “va a hacer visible el desproporcionado uso de la fuerza y eso va a contribuir a que el Gobierno tenga que recular, lo que en política internacional es terrible y le va a quitar el liderazgo regional para el tema por ejemplo de Venezuela”.

Expertos en seguridad advierten una eventual mayor tensión por la asistencia militar

El director del Instituto de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, le dijo a EL HERALDO que la militarización de las ciudades “no va a bajar la confrontación: puede haber antes un tema delicado de DD. HH., es una mala señal para la CIDH y lo que genera es mayor tensión en el sistema internacional, donde Colombia es tenido como uno de los países que más viola los DD. HH., con más de 100 desaparecidos y más de 50 muertos en las protestas, y además con el contexto de los más de 6 mil ‘falsos positivos’”.

Así mismo, advierte el analista e investigador en seguridad que lo que se ha visto es que la Policía “ha sobrepasado sus capacidades y ha atentado contra la población civil. Y el Ejército no está diseñado para una confrontación con la población civil”.

Por ello, plantea que lo que hay que hacer es “fortalecer las capacidades de la Policía, manejar los protocolos internacionales y avanzar sobre una mesa de negociación. El problema es que el Comité del Paro no tiene el espectro de todos los que están en la calle y muchos de los que marchan no se sienten identificados”.

A su vez, el experto en política internacional y seguridad Jairo Libreros señaló a este diario que el decreto “es un saludo a la bandera para ocultar el interés de militarizar la vida política y el manejo del orden público en esos departamentos. Los cinco puntos se podían hacer sin necesidad de ese decreto. Las justificaciones no dicen nada porque repiten lo que está en la Constitución o la jurisprudencia. Es para tapar una decisión de hecho para militarizar la seguridad ciudadana en detrimento de la autonomía de los alcaldes”.

Y pone de presente el catedrático que “el Ejército o cualquier unidad de las FF. MM. no pueden hacer nada diferente a acompañar a la Policía. Es decir, cualquier cosa que hagan, una requisa, un retén, tocar a un ciudadano, es una violación a los DD. HH. La Constitución, la jurisprudencia y la Convención Americana de DD. HH. son precisas: en estados de alteración del orden o en estados de excepción no se les puede adjudicar a las FF. MM. una sola función que esté a cargo de la Policía. Lo que harán es amedrentar a los vándalos, pero no pueden hacer nada más”.

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