Directiva presidencial obliga revisar a fondo contratos con dineros públicos
Habrá verificación de otros contratos del mismo contratista, de conflictos de interés, de sus familiares también con contratos y se deberá garantizar el registro.
El presidente Iván Duque emitió la directiva presidencial 1 del 17 de enero de 2022 en la que se obliga a las entidades públicas a tomar medidas más rigurosas a la hora de contratar con recursos públicos.
Esto para evitar que se repita lo ocurrido con Andrés Mayorquín, ex asesor de la jefa de gabinete, y su esposa Karen Váquiro, quien es señalada de haber tenido más de una veintena de contratos por $1.245 millones con distintas entidades estatales y al parecer ocultando su matrimonio con el exfuncionario.
Antes de un contrato, se lee en la directiva de tres páginas, se debe verificar si el contratista, persona natural o jurídica, tiene suscrito otro contrato de la misma naturaleza con otra entidad estatal, para "verificar la capacidad e idoneidad del contratista para ejecutar múltiples contratos".
Se reitera así mismo la obligación de garantizar el registro en el Sigep de la totalidad de contratistas a vincularse y de la información a plenitud, y las entidades estatales deben publicar en el Secop la información de la contratación pública.
Las entidades, además, deberán verificar la posible ocurrencia de conflictos de interés y hacer la gestión de riesgos.
Función Pública, dice la directiva, publicará en un mes en el Sigep el reporte de si el servidor público tiene familiares hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad con contratos con el Estado.
Si se detectan irregularidades se deberán reportar a la autoridad competente, señala el documento.
Y finalmente se invita a las entidades territoriales y de la Rama Legislativa y Rama Judicial a hacer lo propio con sus mecanismos de contratación.
