El Heraldo
Colombia

“Desde la JEP vemos con preocupación la situación actual del país”: Cifuentes

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz habló con EL HERALDO.

Respaldada por muchos y señalada por otros. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atraviesa uno de los momentos más complejos desde su creación en el 2018, pues la presión social de quienes exigen sanciones cada vez se convierte en una mayor amenaza de naufragio.

Eduardo Cifuentes es, desde octubre de 2020, el encargado de capitanear la nave en medio del júbilo y la tempestad. Nacido en Popayán, este jurista experimentado que también hizo parte de la primera Corte Constitucional surgida de la carta política de 1991 y fue defensor del Pueblo a principios de este siglo, cataloga como “un proceso complejo” el presidir el sistema encargado de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante medio siglo de conflicto armado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

El magistrado, en entrevista con EL HERALDO, habló de las primeras sanciones que impondrá la JEP, la situación actual del país, el aumento en los crímenes contra líderes y masacres, la protección a los Derechos Humanos y el avance del proceso de paz.

P.

La JEP atraviesa por una presión social que exige resultados. En ese aspecto, ¿cuándo pueden producirse las primeras sanciones?

R.

Esperamos obtener este año las primeras sanciones. Pero es necesario entender que este es un proceso complejo. En el caso 01, sobre secuestros cometidos por las Farc-EP, se espera realizar en septiembre la audiencia de reconocimiento, luego de recibir y dar respuesta a las observaciones al auto de las víctimas y del Ministerio Público, al igual que las de los propios comparecientes. Una vez hecho el reconocimiento se dicta la Resolución de Conclusiones y se hace la propuesta de sanción propia. Es esta resolución la que va a la Sección con Reconocimiento para que la analice y, si la encuentra conforme a los hechos y a las normas, dicta la primera sentencia e impone las primeras sanciones a los máximos responsables de las Farc-Ep.

P.

p ¿Qué aspectos llevaron a que la JEP priorizara a la región Caribe en el marco del caso 03 (‘falsos positivos’)?

R.

El Auto 033 de 2021 establece los criterios de priorización de los diferentes territorios objeto del caso 03. Como se menciona en ese auto, la Primera División del Ejército presentó, entre los años 2002 y 2005, de acuerdo con el informe 5 de la Fiscalía General de la Nación, el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional. La mayor parte de esas muertes se dieron dentro de la jurisdicción del Batallón de Artillería No. 2 La Popa y del Grupo Mecanizado Juan José Rondón. La FGN identificó a 41 víctimas indígenas a nivel nacional, de ellas 22 estaban bajo la jurisdicción de estos batallones y pertenecían a los pueblos Kankuamo, Wiwa y Wayuu. Estas son las principales razones que llevaron a la sala a priorizar la región Caribe.

P.

¿Cómo ve a Colombia en materia de protección a los derechos humanos?

R.

Se han hecho avances en materia de protección de los derechos humanos. Nuestro marco normativo y jurisprudencial es muy amplio. Tenemos más derechos que hace 30 años. Tenemos también más mecanismos de protección. Pero esto debe conservarse y preservarse con un amplio control ciudadano. No debemos olvidar, como dijo el jurista estadounidense Ronald Dworkin, que los derechos son triunfos contra el Estado. Por ello es nuestro deber protegerlos y establecer el máximo de garantías para su efectividad. Para ello están las Cortes, pero también la ciudadanía, que con su acción y su control les recuerdan a los funcionarios estatales que tienen un deber amplio de protección. 

P.

La misión de verificación extendió el período en Colombia para poder constatar las penas que se van a imponer a los exjefes de las Farc, ¿qué opinión le merece este aspecto?

R.

Esa es una buena noticia y es el reflejo de la confianza que la comunidad internacional y la ONU tienen en el trabajo de la JEP. Nuestro trabajo es posible gracias al apoyo decidido de estos organismos y ello garantiza que podamos cumplir con nuestro objetivo de hacer justicia y de establecer la verdad de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.

P.

¿Cómo ha visto la implementación del Acuerdo de Paz en los últimos años en el país?

R.

La situación del Acuerdo de Paz es grave.  Ha habido defectos en su implementación, y puntos de tanta importancia, como la seguridad de los excombatientes, no se han cumplido a cabalidad. Como lo he manifestado en otros contextos, el cumplimiento y la plena implementación del Acuerdo de Paz son la base para el fortalecimiento y la plena vigencia del Estado de Derecho. No es admisible que se sigan asesinando excombatientes y que se siga poniendo en riesgo un logro tan fundamental de los colombianos y las colombianas como es el Acuerdo de Paz. Es hora de que todas las instancias del Estado trabajen de manera conjunta para satisfacer el derecho y la aspiración de todas las personas a la paz.

P.

¿Cree que la situación actual del país podría incidir en la continuidad del proceso de paz?

R.

No le voy a negar que desde la JEP vemos con mucha preocupación la situación actual del país. Recientemente publicamos, todas las entidades del sistema, un análisis de los diferentes problemas a los que nos enfrentamos en la coyuntura actual. Es un momento crítico, en el cual la democracia está en riesgo. Pero también es un momento en el cual esa democracia se puede fortalecer aún más para la protección de los derechos de los colombianos. La paz, como en el pasado, tiene muchos enemigos y saboteadores. Tenemos una larga tradición guerrera, pero también de logro de la paz. Es hora de recuperar esas capacidades de construcción y de consenso para avanzar hacia la paz. Como ustedes saben, en estos días se cumplieron 30 años de la Constitución Política de Colombia. Yo participé en su desarrollo como magistrado de la Corte Constitucional. En ese momento era impensable un acuerdo de paz con las Farc-Ep y, mire, treinta años después formo parte del tribunal encargado de facilitar su transición hacia la legalidad. Esas energías y esas fuerzas son las que debemos recuperar. Es un momento muy duro y muy difícil, con muchas muertes absurdas, pero también es un momento de esperanza y en el que el horizonte de la utopía puede hacerse más cercano.

P.

¿Qué opinión tiene con relación a las masacres y homicidios de excombatientes, líderes y lideresas ambientales y sociales?

R.

Es algo muy grave. Desde la firma del Acuerdo de Paz llevamos más de 1200 lideres y lideresas sociales asesinados y más de 270 excombatientes. Recientemente fue asesinado un activista por los derechos del medio ambiente. Esto no puede seguir así. El trabajo de la JEP es investigar los patrones de macrocriminalidad y establecer la verdad del conflicto colombiano, para que los crímenes no se vuelvan a cometer. Pero esto es una parte mínima de la obligación del Estado garantizar la no repetición de las conductas. Es importante que se desarrolle una política efectiva de defensa y protección de los derechos humanos, para que la defensa de la vida y de nuestros derechos no se haga al precio de la propia vida.

P.

A la comisión de la verdad le restan menos de 150 días para emitir un informe final, sabemos que no es un órgano de carácter jurídico, pero la JEP sí. ¿El informe final de la Comisión puede tener impacto en las decisiones de la justicia transicional?

R.

Son dos organizaciones con mandatos diferentes. Recuerde que lo dicho en la CEV no puede ser usado como prueba en la JEP, aunque los hallazgos de la JEP sí pueden enriquecer el informe final. De cualquier manera, el informe de la Comisión será útil para el trabajo de la JEP, pero es preciso tener en cuenta que, en tanto órgano de justicia, nuestras decisiones deben estar fundamentadas en pruebas judicialmente producidas, conforme a los estándares de prueba propios de un proceso judicial especial, como es el de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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