El Heraldo
Colombia

Corrupción, la costosa plaga que carcome a Colombia

Según el excontralor Edgardo Maya esta problemática le cuesta a Colombia $50 billones al año, es decir, casi un billón de pesos por semana De acuerdo con Transparencia por Colombia, en el más reciente informe, entre enero y julio de 2018 se han registrado 327 hechos de corrupción (investigados y sancionados).

Colombia ocupa el puesto 96 de 180 países con mayor índice de Percepción de Corrupción (IPC). En una escala de 0 a 100, donde cero es muy corrupto y cien muy transparente, desde hace cuatro años el país se mantiene en una calificación de 37/100, según Transparencia Internacional.

Colombia tiene la misma calificación que Brasil, Panamá y Perú. Y se ubica por encima de países como Salvador, Bolivia, Ecuador y México.

Aunque es difícil cuantificar el costo de la corrupción en el país, en su última rendición de cuentas, el excontralor general Edgardo Maya afirmó que este flagelo le cuesta a Colombia $50 billones de pesos al año, es decir, casi un billón de pesos por semana.

De acuerdo con Transparencia por Colombia, en el más reciente informe, que será publicado en enero del próximo año, en los medios de comunicación se han registrado 327 hechos de corrupción (investigados y sancionados) entre enero de 2016 y julio de 2018.

Según este informe, los departamentos con más casos de corrupción registrados en la prensa son: Valle del Cauca, Bolívar, Antioquia y Atlántico, donde se concentran el 46% de los 327 hechos reportados a nivel nacional.

El 50% de los hechos de corrupción se registraron entre los años 2014 y 2018. La salud y la educación son los sectores más afectados con el 30% de los casos, seguido por el sector de vivienda, infraestructura y servicios públicos con el 20% y los procesos de la gestión pública, con el 10%.

En cuanto a los actores involucrados en los casos en mención, se destaca que el 31% son funcionarios públicos, el 30% autoridades de elección popular y el 23% miembros de fundaciones, empresas y corporaciones privadas. La corrupción en Colombia ha sido un mal de décadas, pero este año su nombre ha sonado mucho más. En especial, porque “la lucha” contra esta ha sido el eslogan de campañas políticas, una exigencia ciudadana e inclusive una promesa de Gobierno.

“La corrupción en Colombia tiene tres grandes ismos que debemos combatir: el clientelismo, el populismo y el amiguismo. Aquí algunas propuestas nuestras para combatir efectivamente la corrupción”, trinó el mandatario Iván Duque, el año pasado en periodo de campaña.

Una semana antes de las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, solo 755 (27,5%) de los 2.737 candidatos inscritos habían reportado algún ingreso o gasto en Cuentas Claras, el aplicativo en el que se registra en tiempo real los ingresos y gastos de campañas políticas.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, señala que a pesar de que es difícil medir la corrupción, ya que al relacionarse con delitos se mantiene en la opacidad, existen algunas herramientas desde las que se puede conocer un estimado o aproximación.

Una de estas herramientas es el Índice de Transparencia de las entidades públicas, ITEP. Este mide el riesgo de corrupción al que está propenso una entidad, teniendo en cuenta tres factores: la visibilidad, la institucionalidad y, el control y sanción.

En el ranking nacional de 75 entidades, entre los años 2015 y 2016, el último puesto lo ocupa la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAFI) y en el puesto 74 se ubica la Fiscalía General de la Nación, antes está la Superintendencia de la Economía Solidaria (73) y el Senado de la república (72), todas con un nivel de riesgo alto de estar propensas a la corrupción.

Cinco de las contralorías departamentales de la Costa Caribe también presentan un nivel alto de riesgo de corrupción: Cesar, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena. Y de las gobernaciones, La Guajira es la segunda con el índice de transparencia más bajo (41,7), teniendo un riesgo muy alto de estar propensa a la corrupción.

Las gobernaciones de Magdalena, Sucre, Córdoba, Bolívar y Cesar se ubican en un alto riesgo de corrupción.

Algunos casos

En Cartagena, en siete años ha habido 15 alcaldes. De hecho el anterior presidente, Juan Manuel Santos, dijo: “Me daría vergüenza hacer un nuevo decreto para nombrar otro alcalde. En siete años he firmado 14 decretos”. El último fue firmado por el actual presidente, Iván Duque, el pasado 18 de septiembre.

En Riohacha, La Guajira, el pasado viernes se posesionó el noveno alcalde en los últimos tres años.

Y en el Atlántico, se registró el primer caso en la historia de Colombia de pérdida de investidura por sobrepasar topes de financiación electoral. De acuerdo con el magistrado Germán Bula, presidente del Consejo de Estado, lo máximo permitido son $800 millones y dentro del expediente contra Aida Merlano, exrepresentante a la Cámara, se contabilizaron movimientos de recursos por más de $1.730 millones.

Sorprende, aún más, las declaraciones que dio en la revista Semana sobre unas acusaciones en su contra: “Lo de los $6.000 millones es absolutamente falso, si yo tuviera esa plata no estaría aspirando al Congreso. Eso no tiene sentido”.

En los últimos meses el caso que concita la atención nacional es Odebrecht. Según la Fiscalía, se detectaron coimas por 32,5 millones de dólares en seis contratos, algunos de los cuales tendrían alguna relación con campañas presidenciales.

El funcionario de mayor rango que está en la cárcel por este caso es el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de enriquecimiento ilícito, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al favorecer a la multinacional.

La segunda captura por este caso fue realizada el pasado 17 de enero de 2017 en contra del exsenador Otto Nicolás Bula; según investigación de la Fiscalía, fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013 con el fin de que el excongresista obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña-Gamarra, en favor de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., de la cual Odebrecht era parte.

Por el testimonio del exviceministro de Transporte se conoció que el empresario cartagenero Enrique Ghisay Manzur había blanqueado los 6,5 millones de dólares ofrecidos por Odebrecht al exviceministro de Transporte. Fue el primer condenado por el escandaloso caso.

Estas últimas semanas el caso Odebrecht ha seguido sonando por una presunta vinculación del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ya que se conocieron unos audios de cuando fungía como asesor jurídico del Grupo Aval, en los que hablaba de delitos con el excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, quien falleció el pasado 8 de noviembre, al parecer por un infarto.

Debido a que tanto el fiscal como la vicefiscal María Paulina Rivero, se declararon impedidos, al presidente le tocó presentar una terna para continuar con la investigación de tres casos de Odebrecht.

En medio de un debate en el Congreso contra el fiscal, se conoció un video en el que el senador y excandidato presidencial  Gustavo Petro recibía $20 millones de pesos en efectivo de manos del ingeniero Juan Carlos Montes, que había sido enviado, supuestamente, por el arquitecto Simón Vélez. La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra Petro, quien explicó que era un préstamo para la campaña interna del Polo de 2006. 

Cifras que tienen en ‘jaque’ al país

Según el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, Colombia atraviesa por uno de los momentos más críticos en materia de corrupción. “Cada día es más avanzada en materia de saqueo de lo público”, indicó.
Sin embargo, refirió que al mismo tiempo se refleja más el descontento y una mayor percepción ciudadana de la corrupción, la cual se ha manifestado como “una preocupación superior frente a otros problemas graves del país”.

De acuerdo con el último informe publicado por Transparencia por Colombia, en el año 2017, cerca del 44% de los hechos de corrupción registrados entre 2010 y 2016 vulneraron derechos fundamentales asociados a los sectores de educación, salud e infraestructura. Sin embargo, el sector salud y educación han sido los más afectados con el 32% de los casos.

En cuanto al sector educación, los casos de mayor preocupación fueron los “alumnos fantasma” en los departamentos de Bolívar y Cesar, así como los carteles de corrupción con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, en La Guajira, Chocó y en Norte de Santander.

En cuanto al sector salud, se destacan como hechos de corrupción el ‘cartel de los enfermos mentales’, en Sucre, y el ‘cartel de la hemofilia’, en Córdoba.

Tipología de la corrupción

Según el Monitor Ciudadano de Trasparencia por Colombia, los hechos de corrupción que se registran del año 2010-2016 en Territorios de Paz  involucran en mayor proporción a las estructuras institucionales de la rama ejecutiva: gobernaciones y alcaldías.

El 80% de los casos hace referencia a la corrupción administrativa, el 11% a la política, 4% a la del Estado y el sector privado. 

En cuanto al empleo público, solo el 17% de quienes ingresaron en las gobernaciones como directivos y el 13% de los asesores lo hicieron a través de selección de mérito. En tanto, en los municipios el porcentaje para el 2016 solamente es del 1% en el caso de los directivos y del 0% de los asesores. Por lo tanto, la meritocracia como modalidad de contratación pública no suelen tenerla en cuenta.

¿Y la política anticorrupción?

La primera vez en la historia de Colombia que se hizo una consulta popular a nivel nacional fue el pasado 26 de agosto de este año. Con siete preguntas que le hacían a los colombianos se buscaba una gran política anticorrupción.

La consulta popular anticorrupción, como se llamó, incluía preguntas relacionadas con el salario y periodo de funcionarios públicos, la contratación con el Estado, participación ciudadana y rendición de cuentas. Había que votar sí o no.

Con más del 50% de votos a favor del sí habría que tramitar dicha norma por el Congreso de la República. Aunque la votación fue histórica con 11.674.951 votos, en ninguna pregunta se alcanzó el umbral, el cual era de 12.140.342 votos. Sorprendentemente la consulta anticorrupción se hundió.

Luego de la pérdida de la consulta, el presidente Iván Duque no ignoró la votación y convocó a todos los partidos políticos del país para una cumbre que se llevó a cabo en la Casa de Nariño el pasado 29 de agosto, con el fin de que entre todos analizaran  “la agenda legislativa para enfrentar a los corruptos”.

¿Qué se necesita para salir?

La gran pregunta es: ¿Qué debemos hacer para que la corrupción no siga teniendo en jaque a Colombia? Un abogado constitucionalista, y los directores de la Red de Veedurías y de Transparencia por Colombia nos dicen sus propuestas para el tan anhelado cambio.

Bustos afirma que lo que necesita el país para salir de la corrupción es “un cambio profundo de la institucionalidad frente a la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, indicó tres puntos importantes que se deben mejorar en Colombia para avanzar en la lucha contra la corrupción: transformar el sistema político y el ejercicio del poder, recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas. La tercera propuesta de Transparencia por Colombia es romper con el clientelismo en el empleo público y la contratación. “La debilidad en la justicia es una de las piezas claves para que la corrupción funcione eficientemente en el país”, explicó Hernández.

El abogado constitucionalista Alfredo Ramírez explicó que el problema de la corrupción se ha vuelto una dinámica de los países latinoamericanos y en especial de Colombia, de la cual “no es muy fácil salir, incluso si existe voluntad del Estado”, debido a que sigue presente una “elite que de manera parasitaria quiere extraer las riquezas del país”.

Ramírez afirma que la principal prioridad para atender esta problemática en Colombia es la trasformación de las instituciones políticas. “Lo que hay que hacer es cambiar las instituciones del Estado, ese es el problema que para hacerlo bien, se requiere de transformaciones progresivas, lentas y muchas veces frustrantes”.

La lucha contra la corrupción

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. A la fecha el balance del país no ha sido tan favorable. El procurador General, Fernando Carrillo Flórez, anunció que debe haber una lucha frente al tema de la contratación pública porque esta, a su juicio, se ha convertido en el plato favorito de los corruptos. “Nosotros hemos avanzado bastante en lo disciplinario, pero debemos tener una gran articulación con los otros entes para reprender a los corruptos”.

Por su parte, varios sectores del Congreso han dicho que “no hay voluntad política” del Gobierno. Y pese a que el Gobierno radicó un proyecto anticorrupción en el Congreso, ninguna de las siete iniciativas de la consulta anticorrupción se han aprobado. La corrupción sigue teniendo en ‘jaque’ a Colombia. 

La Guajira

Caso de Fabio Velásquez

Fabio Velásquez, exalcalde de Riohacha, fue capturado, pero quedó en libertad por vencimiento de términos. Asumió nuevamente el cargo y finalmente fue destituido por 12 años. Es investigado por irregularidades en la contratación del PAE.

Caso de Wilmer González

El pasado 13 de noviembre la Corte condenó a 10 años de prisión al gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito. 

Uno de los delitos por los que se le acusó fue corrupción de sufragante en las elecciones de 2016.

Caso Jorge Pérez Bernier

Por vencimiento de términos quedó en libertad este año el exgobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier. Es investigado por presuntos sobrecostos en infraestructuras educativas por un valor superior a los 
$149 mil millones.

Sucre

Cartel de las libranzas

Operaba en la Secretaría de Educación de Sucre y quedó al descubierto el pasado 22 de noviembre. Hubo desfalcos a entidades financieras y cooperativas en $39 mil millones.

Cartel de los enfermos mentales

Por servicios de hospitalización y tratamientos a supuestos enfermos mentales, que nunca existieron, la administración de Sucre pagó $5.094 millones. Desde el 2016, la Nación tiene los giros de la salud congelados.

Cartel del asma

La entonces administración departamental contrató con diversas ESE la prestación de unos servicios bajo la modalidad de eventos; pero faltando 5 días para vencerse cambió la modalidad y le fijó un monto de al menos $1.500 millones.

 

Magdalena

El edificio de la ESAP

El edificio de la ESAP se comenzó a construir en 2011 y debía ser entregado el 29 de diciembre de 2012. Sin embargo, la última de las prórrogas se venció el 15 de noviembre de 2014 y hasta el momento sigue en obra gris.

El parque Taykú

Desde hace 12 años se hizo el contrato para la construcción del parque temático Taykú. El costo real era de $9 mil millones y terminaron girando $1.600 millones como el 50% del monto total de la obra que sigue inconclusa.

El PAE de Ciénaga

Por irregularidades en el convenio del Plan de Alimentación Escolar, PAE, por cuantías de $6.750 millones fueron capturados el alcalde de Ciénaga, Edgardo Pérez Díaz, y su secretario de Educación, Luis Andrés Ospina Daza.

Atlántico

Caso Electricaribe

Los dos procesos de presunta corrupción más cuantiosos son uno por $220 mil millones de subsidios de energía que nunca llegaron a los usuarios más pobres, sino que se usaron, y el de $6 mil millones por los recursos embolatados de la normalización energética, fueran trasladados al nivel central de la Contraloría luego de ser declarados “de impacto nacional”.

Caso Triple A

Mediante la creación de contratos y órdenes de pedidos ficticias se obtuvo un incremento patrimonial no justificado en favor de terceros. El total apropiado ascendió a la suma de $27.879.761.912.

Caso Uniautónoma

La designación de Ramsés Vargas Lamadrid como rector de la Uniautónoma habría sido decidida luego del pago de $100 millones de pesos que fueron entregados por el rector que se encontraba a cargo. Hubo denuncias por irregularidades en el recaudo de los dineros correspondientes a las matrículas del primer semestre de 2018 ($16.000 millones).

 

Bolívar

Caso Reficar

La Fiscalía evidenció un desfalco por $610.000 millones en la modernización de la Refinería de Cartagena. Por estos hechos, entre otras figuras, fueron procesados directivos de CB&I y Reficar.

Irregularidades en el PAE

Por presuntas irregularidades en la contratación del PAE capturaron, nuevamente, al exalcalde Manolo Duque, entre otros funcionarios de su despacho. Hubo sobrecostos en los alimentos: pechugas de pollo a $40 mil pesos el kilo y 39 millones de pesos que se pagaron por concepto de canela en polvo.

Captura concejales

Por elección de manera irregular de la contralora distrital Nubia Fontalvo, la Procuraduría sancionó a 16 de los 19 concejales de Cartagena.

Cesar

Survanta falso
16 bebés prematuros murieron porque les aplicaron el surfactante pulmonar Survanta adulterado y obtenido en el ‘mercado negro’. Por el hecho se descubrió una red de medicamentos falsos que delinquía en el país.

‘Cartel del escalafón’

La Secretaría de Educación del Cesar negociaba falsos títulos para lograr el ascenso irregular de docentes en el escalafón, lo que les permitía acceder a mayores sueldos y acelerar el proceso de jubilación.

‘Cartel de las pensiones’

Por lo menos 400 empleados de manera fraudulenta lograron pensionarse adelantadamente. Hubo un desfalco cercano a los $100 mil millones en la empresa estatal Colpensiones y los fondos privados.

Córdoba

‘Cartel de las Tucson’

Extrabajadores de la extinta Telecom interpusieron tutelas mediante las que reclamaron beneficios económicos a los cuales no tenían derecho. El fallo de 86 tutelas permitieron el cobro de cerca de $5 millones.

‘Cartel de la Hemofilia’

Hubo pérdidas a la salud por cerca de $50 mil millones por pagos a centros médicos y por suministrar medicinas a pacientes con hemofilia que nunca existieron.

‘Cartel del Magisterio’

Se trató de algunos abogados que fueron señalados de falsificar cerca de 1.619 documentos privados y 5.828 documentos públicos de sus defendidos, desfalcando por $32 mil millones de pesos al Magisterio.

 

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