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Contraloría detecta giros a fallecidos a través de Ley de Víctimas

Inconsistencias por $82 mil millones halló el ente de control. Este jueves se cumplen 10 años de la Ley de Víctimas.

La Contraloría informó este miércoles en un comunicado que identificó inconsistencias en giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria, así como en la aplicación de subsidios de vivienda urbana de la Ley de Víctimas que suman más de $82 mil millones.

Las inconsistencias y alertas en la ejecución de recursos se evidencian, se lee, desde el año 2012, en los dineros destinados a la población víctima del conflicto por parte de entidades nacionales.

“En relación con la indemnización administrativa a las víctimas se identificó que desde 2012 a la fecha se han realizado 823.140 giros a 782.605 víctimas por un valor de $5,5 billones. Según la base de datos que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021, se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de su defunción por un valor de $647 millones”, indica el reporte.

Además se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones que tienen inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario.

También, se evidenciaron 289 registros de giros por valor de $1.941 millones con inconsistencias en el número del documento de identificación de los beneficiarios frente a los datos registrados en la Registraduría Nacional.

De igual manera, la Contraloría General de la República evidenció 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.

La Contraloría también encontró que desde 2015 a la fecha se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de $2,4 billones.

“Se identificaron en este aparte 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones. La mayoría de estos giros se encuentran entre las vigencias 2016 a 2018. El 65% de estos giros se concentran en su orden en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena”, reporta el documento.

Frente a los Subsidios Familiares de Vivienda Urbana otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde 2003, la Contraloría identificó 207 subsidios asignados por $3.055 millones asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega.

“Estos subsidios legalizados fueron asignados en las modalidades de adquisición de vivienda (86%), arrendamiento (16%), mejoramiento/reparación (5%) y construcción en sitio propio (1%). El 85% de estos subsidios se concentraron en vigencias anteriores a 2010”, describe la información.

Dentro de estos registros se encuentran 23 casos de titulares fallecidos con más de un subsidio asignado. Y se identificaron 4 casos (2004 y 2016) de titulares de subsidios de vivienda que se encuentran registrados por el hecho victimizante de desaparición forzada.

Y desde 2003, agrega la entidad de control, “se encontraron 13.044 beneficiarios víctimas de desplazamiento forzado cuyo subsidio permanece en cuentas de ahorro programado, CAP, en una entidad bancaria por valor de $192.471 millones, lo que permite establecer que estos beneficiarios no han accedido al derecho a la vivienda”.

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