El Heraldo
Un grupo de personas que fueron desplazadas en Chocó.
Archivo
Colombia

Alerta por el aumento de desplazamiento en el país

Según la Defensoría, de enero a junio se produjeron 102 eventos, lo que indica un incremento del 256% con relación al mismo periodo de 2020.

La Defensoría del Pueblo alertó este martes sobre el aumento de eventos de desplazamiento masivo y confinamiento de comunidades en Colombia durante el primer semestre de este 2021.

Según la entidad, los casos se duplicaron en este periodo de tiempo con  respecto al año anterior, ya que se produjeron 102 eventos que afectaron a 44.290 personas de 15.340 familias. Los datos del año anterior arrojaban que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 hubo 41 eventos de desplazamiento que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.

“Este año se duplicó el número de los eventos de desplazamientos en el país, y se incrementó en 256 % el número de personas afectas”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una rueda de prensa, donde subrayó “el incremento significativo y la disparada” de este fenómeno.

Además del desplazamiento forzado, provocado por la empeorada situación de seguridad en algunas partes del país, en los primeros seis meses del año también se produjeron 68 eventos que afectaron a 192 comunidades con 36.101 personas.

“Hemos visto un incremento por situaciones tanto de seguridad (…) y también conforme a la dinámica que nos ha traído la pandemia, donde los actores ilegales se han valido de esta situación de confinamiento en muchas comunidades para lograr el control territorial de rutas y de la explotación irregular de minerales”, explicó Camargo.

Los departamentos más afectados por los fenómenos de desplazamiento forzado, donde persiste una crisis humanitaria recurrente, son: Nariño (28), Valle del Cauca (25), Cauca (14), Chocó (14), Antioquia (12), Córdoba (3), Norte de Santander (3) Risaralda (2) y Arauca (1).

Unas razones

Las principales causas que provocaron el desplazamiento o el confinamiento forzado fueron las amenazas, los homicidios y el reclutamiento forzado de menores, pero también se produjeron por la presencia de artefactos explosivos o por los choques entre grupos armados entre ellos o con el Ejército.

Se trata de casos como los 1.946 indígenas y campesinos que se vieron obligados a desplazarse desde Tierralta, en el norte del país, desde mediados de abril, por los “continuos combates” entre la fuerza pública y un grupo armado, y de los cuales más de 467 familias llevan tres meses asentadas en el parque central de la ciudad de Montería.

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