Acuerdo de Escazú, rumbo a su implementación

Esta semana se aprobó en la plenaria del Senado, con lo que se estrenaron además las mayorías del Gran Acuerdo Nacional, el Acuerdo de Escazú en su segundo debate.

El proyecto, que está a dos debates en Cámara de ser ratificado por Colombia, tiene muchos apoyos y también contradictores, por lo que su implementación significaría para el medioambiente y la economía del país.

Su nombre completo es Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y fue acogido en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, firmado por 24 países de la región y ratificado hasta ahora por 13 de ellos.

Se trata de un compromiso ambiental que tiene el objeto de garantizar el acceso de todas las personas a la información y participación en los procesos de toma de decisiones ambientales que afectan su vida y el entorno, así como a la justicia cuando estos derechos han sido vulnerados.

Es decir, el acuerdo impulsa que la información de proyectos que comprometan el medio ambiente de determinado territorio llegue a las poblaciones para que estas puedan opinar, debatir, decidir y concertar sobre las actividades que afecten su territorio tanto positiva como negativamente. E, igualmente, facilita el acceso de estas comunidades a mecanismos judiciales para reclamar la vulneración de los derechos.

También busca garantizar un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, donde se protejan sus derechos, para que estos puedan actuar sin amenazas, adoptando las respectivas medidas que prevengan y sancionen ataques o intimidaciones.

El Acuerdo de Escazú busca así fortalecer el acceso de todas las personas a la información ambiental y la implementación de una práctica de participación en los procesos de toma de decisiones que puedan tener un impacto sobre el ambiente.

Así mismo, procura este mayor acceso a la justicia en asuntos ambientales, permitiendo recurrir a instancias judiciales y administrativas para impugnar o denunciar cualquier decisión relacionada con el medio ambiente.

La normativa, así mismo, promueve la defensa de los derechos de la población que protege al medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y persigue fortalecer las capacidades de cada nación del acuerdo y promueve la cooperación entre los países aliados.

65 asesinados en 2020. La ONG Global Witness, por segundo año consecutivo, advirtió que Colombia es el país que registra la mayor cantidad de ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 65 asesinadas en 2020.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, advirtió en EL HERALDO que Escazú es la 'típica narrativa ambientalista que atrapa a los estados para que terceros tengan el poder de direccionar los recursos naturales, convierte a toda Colombia en una consulta previa, y ya hoy las consultas tienen más de 9 mil proyectos estancados'.

Añade la opositora que el acuerdo significa la 'ralentización de la economía, porque el artículo segundo establece que cualquier persona nacional o extranjera, asociación o lo que sea, sin personería jurídica, pueda solicitar frenar un proyecto solo con la presunción de que genera daño ambiental, sin prueba científica, sin nada'.

También, dice, 'activa la jurisdicción internacional en todo proyecto que suponga afectación ambiental, si es en litigio interno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se puede dictar en cualquier momento una medida provisional de la Comisión o cautelar de la Corte'.

Por ello, concluye la parlamentaria: 'Nuestra soberanía queda en manos de la jurisdicción internacional y nos volvemos esclavos de los activistas ambientalistas extremistas'.

Finalmente, afirmó que se ven 'afectados todos los sectores económicos: mineros, extractivistas, el petróleo, el sector del gas, agrícola, como pasó en Sri Lanka que mataron de hambre a la población al decir que no se podían importar insumos químicos para poder garantizar una cosecha productiva y los obligaron a usar orgánicos que no produjeron el mismo efecto, y afecta la ganadería tan satanizada con el discurso del cambio climático y las emisiones de carbono ni siquiera entendiendo que hoy en día la ganadería sostenible existe'.

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ponente del proyecto, le dijo a EL HERALDO que se trata de un acuerdo que tiene como característica 'proteger cuatro derechos de gran relevancia para el cuidado del medio ambiente y son en primer lugar la protección del acceso a la información, en segundo lugar la participación social ciudadana para asuntos o discusiones medioambientales, el acceso a la justicia medioambiental y, por último, la protección de los líderes sociales'.

Todos, agregó, son derechos que contrario a lo que se ha dicho hasta ahora, 'no tienen un nivel de protección suficiente en el ordenamiento jurídico y legal del país' y, con relación a la protección de los defensores del medio ambiente, aseveró, 'no existe en el ordenamiento internacional un instrumento que los proteja como Escazú'.

Frente a la crítica de que podría afectar la inversión privada y extranjera en el país, Cepeda sostuvo que este es un acuerdo que 'en realidad es homólogo a otro tratado similar de la UE, y en Europa, hasta donde se sabe, ni los negocios ni las explotaciones mineras ni las obras han tenido una bancarrota por la aplicación de este convenio, pero además el BM, el BID, la OCDE, en fin una serie de instituciones han hecho recomendaciones de suscribir Escazú como el camino par garantizar que los negocios van a tener un respaldo medioambiental'.

Todo eso, añade, 'con el tema de las inversiones y el capital internacional que persigue esos beneficios de la naturaleza, pero lo que se nos está mostrando es que hay impactos negativos sobre este proceso de extractivismo y el acuerdo reivindica lo que ya se venía discutiendo desde 2012 alrededor del desarrollo sostenible por crear una suerte de amparo jurídico que pudiese darle capacidad de gestión a los problemas ambientales en el marco de una justicia que resuelva los conflictos'.

Este mecanismo, expone el catedrático, está orientado a posibilitar el acceso a la información de todo tipo: 'Hoy hay una revolución de preocupaciones globales y es una información que no llega a todas las poblaciones; entonces, el acuerdo lo que busca es que esa información le llegue a la gente a la que afectaría la inversión de estos capitales y así pueda tomar decisiones y contribuir a una justicia ambiental'.

También, plantea, está en el compromiso ambiental que se tramita en el Legislativo 'la protección de aquellas personas líderes que son la voz de las problemáticas y que han sido tan altamente victimizados por todas estas fuerzas oscuras del país y en razón de esas preocupaciones termina un fuego cruzado de intereses y terminan siendo objeto de esa violencia'.

Frente a la oposición que genera el acuerdo, Pérez comenta: 'Hay muchos intereses políticos que dicen que el acuerdo imposibilitaría el avance de las inversiones, lo cual activaría la necesidad de las consultas previas y eso restringe los tiempos de los empresarios y las industrias que necesitan activar la economía, y que exista esa figura demorará ese tipo de intervenciones, pero digamos que hay que verlo de una manera propositiva: es un acuerdo común sobre qué es lo que queremos frente al país en términos de recursos naturales (...). Es una herramienta que entra a forzar el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible y es importante que podamos proteger esos recursos y generar una posibilidad de negociación y conservación para la protección de la biodiversidad. (...) Democratiza el acceso a la información, da posibilidades para que las comunidades se organicen y lleguen a acuerdos comunes sobre la extracción de recursos, y posibilita la construcción de la gobernanza climática, del agua, de los territorios, y creo que el acuerdo lo que pretende establecer es la necesidad de generar estrategias de coordinación con el Estado'.