A pocas semanas de terminar su mandato, Gustavo Petro arrecia su discurso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El llamado más reciente lo acaba de hacer en Medellín, durante la celebración del Día del Trabajo. En su intervención, Petro sostuvo que su deseo no es cambiar toda la Constitución, sino agregarle dos capítulos: el de las reformas sociales, que –según él– no las realizó durante su mandato por culpa del Congreso y el otro capítulo sería para reformar el sistema político, que permitiría acabar con la corrupción.
Ocurre, sin embargo, que ambas premisas planteadas por Petro, para justificar su llamado a una Asamblea Constituyente, son falsas. La Constituyente de Petro no hará las reformas sociales que están pendientes, ni mucho menos acabará con la corrupción.
¿Por qué los argumentos de Petro son falaces? Porque la Constitución Política que nos rige desde 1991, permite –ella sí– todas las reformas sociales que el país necesita, no solo las que quiere Petro. Y también permite combatir y erradicar la corrupción en Colombia. Para hacer lo que dice Petro, no se necesita, pues, una nueva Constitución.
Lo que ocurrió en estos cuatro años es que Petro no quiso hacer las reformas sociales, que ahora le achaca al Congreso; ni mucho menos luchó contra la corrupción. Lo que hizo fue todo lo contrario: fomentó la corrupción con cinismo y desvergüenza.
En tiempos de Petro la corrupción se disparó de forma exponencial, porque los corruptos afines a su ideología –o sus aliados políticos– encontraron en el presidente un alcahueta que justificó todas sus fechorías.
Las reformas sociales no se hicieron por culpa de Petro. Esa es la realidad. Nada tiene que ver en ello la Constitución de 1991, que establece claramente la separación de poderes como “regla de oro” para que el sistema democrático funcione.
Lea: Petro vuelve a mostrar su intención de convocar una asamblea constituyente
No hay democracia sin un sistema de “pesos y contrapesos” que funcione con eficacia. De manera que lo que a Petro no le gusta no es la Constitución del 91, sino la separación de poderes, que le sirve de soporte a la carta magna.
Petro –por su talante autocrático y abusivo– pretendió sacar adelante las reformas sociales –salud y pensión, entre otras– pasando por encima de la voluntad del Congreso, que tiene la obligación constitucional de tramitar, aprobar o rechazar todas las reformas. Esa es la obligación de los congresistas, para eso fueron elegidos por el pueblo, como también fue elegido Petro.
El mismo pueblo que eligió los congresistas que hundieron las reformas de Petro, fue el mismo que eligió a Petro presidente. Ocurre que –para Petro– los votos del pueblo que lo eligió tienen más valor que el voto del pueblo que eligió a los congresistas.
Las reformas sociales no se hicieron realidad durante el gobierno de Petro, porque prefirió la confrontación a la concertación. Su amenaza constante a “sacar el pueblo a las calles”, como anuncia ahora si no le aprueban la convocatoria a su Asamblea Constituyente, atentó contra el trámite de esas reformas sociales.
Prueba de ello es que ese mismo Congreso que hundió sus reformas sociales le aprobó a Petro en su primer año de gobierno la reforma tributaria de José Antonio Ocampo, el presupuesto general de la nación y la llamada “paz total”. Todas contaron con el visto bueno de los congresistas a los que luego Petro satanizó por haberse atrevido a hundirle las otras reformas. Inclusive, la propia reforma pensional fue aprobada por el Congreso, pero está para revisión en la Corte Constitucional. Así funciona la democracia, aunque a Petro no le guste.
Al ser falaces las premisas para convocar una Asamblea Constituyente, ¿cuál es la verdadera intención de Petro y de los petristas? ¿Qué hay detrás? Veamos:
La Constituyente es la “pistola cargada” de Petro para blindarse de la Justicia
Al quedarle pocos meses en la Casa de Nariño, Petro necesita comprar un seguro que le garantice su condición de invulnerabilidad, ante los graves asuntos que deja pendiente en la justicia. El más delicado es la violación de los topes electorales, durante la campaña del 2022. Es un hecho que su campaña violó los topes y por consiguiente –al ser el gran beneficiado de esa ilegalidad– Petro deberá responder por los delitos cometidos.
Lo mismo pasará con el gerente de la campaña, Ricardo Roa, flamante presidente de Ecopetrol, entre otros. Por fuera de la Presidencia, nada ni nadie podría blindar a Petro por los delitos de su campaña. Pero Petro cree que “el pueblo” sí lo puede hacer. Por eso anuncia con angustia y desespero la convocatoria de una Asamblea Constituyente, al tiempo que pretende obligar al próximo presidente y al nuevo Congreso a convocarla.
Con la supuesta Asamblea Constituyente lo que pretende es tener a la mano una “pistola cargada”, para intimidar al nuevo presidente y a los nuevos congresistas, en caso de que no cumplan su deseo de la Constituyente. Y la mejor pistola, obviamente, con la que cuenta Petro es “el pueblo”, al que sacará a las calles, con la “primera línea” incluida. Punto.
Asamblea Constituyente, el pretexto para hacerle campaña a Cepeda
Pero al tiempo que busca blindarse de la justicia en su condición de ex presidente, Petro quiere asegurarse de dejar un heredero que se acomode a sus pretensiones. Y ese es Iván Cepeda. De manera que la campaña por la Asamblea Constituyente será también la campaña de Petro a favor de Cepeda.
Todo ello ante la absoluta complacencia de la Procuraduría, la Fiscalía y las demás “ías”, que se mueren de susto de hacer cumplir la ley y proceder contra Petro y sus ministros, todos ellos participando abiertamente en política electoral.
Dispondrá Petro de todo el presupuesto nacional para “hacer campañas pedagógicas” a favor de la Constituyente, al tiempo que promoverá a Cepeda como el único “presidente” capaz de hacer realidad el sueño de las reformas sociales y la lucha contra la corrupción.
Todo ello, obviamente, es una farsa, porque de lo que se trata en realidad es de blindar a Petro de la acción de la justicia y de llevar a Cepeda a la Presidencia. Está visto que Petro no se medirá en lo que resta de su gobierno para cumplir su propósito de imponer una Asamblea Constituyente. Está en nuestras manos evitar que ello ocurra, sabiendo que está en juego nuestra democracia.
La culpa de la corrupción no es de la Constitución del 91: es del propio Petro
Decir que se requiere de una Constituyente para combatir la corrupción, como afirma Petro, es un cinismo sin antecedente. Ningún gobierno ha sido tan corrupto como el suyo. Petro no ha combatido la corrupción porque no ha querido, no porque la Constitución del 91 se lo prohíba. Es presidente de la mano de corruptos y gobernó con ellos. Punto.
Juliana Guerrero –imputada por la Fiscalía por fraude procesal y falsedad en documentos– se convirtió en figura nacional por cuenta de Petro, que le patrocinó todas sus fechorías, entre otras graduarse sin haber pisado un solo día un salón de clases en la “universidad” donde se “tituló”. Universidad chimba, alumna chimba y título chimbo, todo por ser la protegida de Petro.
Lea: AtlasIntel: Abelardo De La Espriella iría a segunda vuelta y le ganaría a Iván Cepeda
También nombró al corrupto Olmedo López director de la Ungrd, y ahora, de forma desafiante, al ex alcalde de Medellín Daniel Quintero –con más de 50 exfuncionarios suyos procesados por corrupción– nuevo superintendente de Salud. ¡Hágame el favor!
Los ministros de Petro –Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco– están presos porque, al parecer, “compraron” congresistas para que aprobaran leyes de Petro. Pero, según él, la culpa de tanta corrupción es de la Constitución del 91. ¡Qué tal!
Como Chávez, Petro también quiere una Constitución escrita a su medida
Cambiar el sistema político, como pretende Petro, es pavimentar el camino para perpetuarse en el poder. Así lo hizo Chávez en Venezuela y también Ortega en Nicaragua.
El sistema político actual –que se rige por pesos y contrapesos y tiene en la separación de poderes su columna más importante– le incomoda a Petro y por eso quiere cambiarlo. Su modelo de gobierno no es democrático. Punto. Es autocrático.
A Chávez tampoco le gustaba que vigilaran todos sus abusos y desafueros, tanto contra opositores como contra el sector productivo. Por eso expropió empresas, cerró medios de comunicación y persiguió opositores. Petro piensa igual. Ortega también hizo lo mismo en Nicaragua.
Todos ellos necesitaron destruir las “constituciones políticas” vigentes cuando llegaron al poder, para redactar unas confeccionadas a sus medidas de dictadores. Fidel Castro solo se declaró comunista cuando llegó al poder, antes no. Chávez también y Ortega también. Ninguno se declaró comunista antes de destruir la Constitución Política que regía cuando llegaron al poder. Así es como actúan.
