Todos los detalles de los operativos realizados en 405 tiendas de Lili Pink fueron destapados en la mañana de este martes 28 de abril por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el ente acusador, esta reconocida marca de ropa interior femenina sería una fachada para ingresar al país recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando y, por ende, se trataría de una presunta red criminal transnacional.
Reveló, además, que la estructura estaría involucrada en operaciones de lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, por cuenta de un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y empresas de papel que simulaban actividades de comercio exterior.
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Mediante este entramado “ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, agregó la Fiscalía.
Las labores investigativas arrojaron que las maniobras de la organización delictiva estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, ha documentado, entre otras conductas delictivas, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones.
De igual manera, obtuvo ante un juez de control de garantías de Bogotá varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento, las cuales se encuentran en proceso de materialización y judicialización.
Producto de la labor articulada realizada, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo.
Las diligencias de ocupación se realizaron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia.
“Las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social, mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces de la especialidad”, detalló la Fiscalía.
