El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, anunció este lunes la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas de seguridad presuntamente infiltradas por estructuras criminales.
Entre las decisiones adoptadas figuran medidas contra compañías en distintas regiones del país, como Barranquilla, sede de las empresas Atenas Seguridad Privada ltda. y Maximus Seguridad Privada ltda., a las cuales se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.
Adicionalmente, la Superintendencia informó que próximamente ocho empresas más van a ser sancionadas como resultado de investigaciones en curso.
“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, explicó el superintendente Larry Álvarez, señalando que “el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”.
Agregó que las investigaciones judiciales han permitido detectar armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales.
“Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos”, sostuvo.
El superintendente fue enfático al advertir que cualquier empresa que incumpla la ley o sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional, en el marco de un nuevo enfoque de vigilancia basado en inteligencia, analítica de datos y articulación interinstitucional.
Por último, reiteró el llamado a todas las empresas del sector a actuar con estricto apego a la ley.
“La entidad continuará ejerciendo una rigurosa vigilancia con el fin de garantizar que este servicio opere bajo los más altos estándares de legalidad”, finalizó.





















