La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el cantante de vallenato Nelson Velásquez por el delito de enriquecimiento ilícito, por su presentación en una fiesta realizada por narcotraficantes en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en el departamento de Antioquia.
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La investigación busca establecer el origen del dinero con el que fue financiada la presentación del artista, luego de que surgieran indicios de que son producto de actividades ilícitas vinculadas a grupos criminales que operan en la ciudad de Medellín y su área metropolitana.
De manera paralela, la Fiscalía abrió otra investigación por un posible delito de “prevaricato por omisión”, una figura que sanciona a servidores públicos que incumplen deliberadamente sus deberes legales, contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que permitieron el ingreso irregular del cantante y su equipo a la cárcel.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, cuando Velásquez participó en una fiesta dentro de uno de los pabellones de la prisión, donde permanecen recluidos reconocidos jefes criminales condenados entre otros delitos de narcotráfico y extorsión.
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Según las primeras versiones, el festejo fue organizado para celebrar el cumpleaños de un cabecilla conocido con el alias de Pocho, así como la posible salida de prisión de otro interno identificado como alias Lindolfo.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al artista vallenato interpretando sus canciones en la fiesta en la que también hubo consumo de bebidas alcohólicas.
Las autoridades ya ordenaron inspecciones en la cárcel con el fin de recolectar pruebas que permitan determinar si hay mérito para abrir una investigación formal contra el cantante y otros posibles implicados.
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En respuesta al escándalo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó el lunes el traslado de varios de los cabecillas involucrados a cárceles en Bogotá y suspendió temporalmente la mesa de diálogo sociojurídico que el Ejecutivo sostenía con grupos criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.
Por su parte, el Inpec separó provisionalmente de sus cargos a 11 funcionarios mientras avanzan las investigaciones y efectuó operaciones en las que incautó celulares, licor, drogas y diversos equipos electrónicos no autorizados dentro del penal.
