El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá comparecer ante la justicia argentina, tras una demanda internacional por las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como ‘falsos positivos’, durante su mandato.
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El exmandatario colombiano fue citado por la Cámara Criminal y Correccional Federal de ese país para responder a la demanda internacional interpuesta desde noviembre de 2023 por un colectivo colombiano, conformado por once víctimas, y de organizaciones de derechos humanos.
Estas tres organizaciones son: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad y el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar).
Así las cosas, los jueces de dicha instancia judicial deberán determinar si continúan con el proceso legal, que ya lleva tres años, después de que las víctimas apelaran la decisión de 2025 de archivar el caso contra el político colombiano.
Las entidades que impulsan la querella insisten en que este mecanismo internacional es clave para evitar la impunidad en delitos considerados crímenes internacionales, cuando los sistemas judiciales de origen no ofrecen respuestas efectivas.
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Cabe señalar que el objetivo es que la justicia argentina investigue la posible responsabilidad del exmandatario en miles de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en Colombia, según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En esta instancia, el tribunal argentino deberá definir si la investigación contra el político colombiano avanza bajo el principio de jurisdicción universal o si se confirma el cierre del caso.
Uribe Vélez deberá comparecer este martes 14 de abril a dicha audiencia, que será determinante, ya que de esta resolución dependerá si la causa sigue su curso en tribunales argentinos o si queda definitivamente archivada.
¿Qué dicen las agrupaciones demandantes?
Las agrupaciones demandantes argumentan que en Colombia no existen investigaciones penales efectivas contra el expresidente por estos hechos, que marcaron la historia del país.
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Tanto el colectivo de víctimas como las organizaciones de derechos humanos sostienen que la JEP carece de competencias para juzgar a exjefes de Estado y que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no garantiza un proceso conforme a estándares internacionales, al ser un órgano político.
