Por medio de una publicación en redes sociales, la Contraloría General publicó que este jueves 9 de abril adelanta una actuación de Policía Judicial en la sede de la Nueva EPS y la Supersalud.
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Argumentó la entidad que esto se debe a la preocupación institucional por la situación financiera del sistema de salud y la ausencia reiterada de estados financieros de la entidad de salud. La actuación es para recaudar información y establecer la condición actual del sistema de aseguramiento en salud.
En otra publicación, la Contraloría expresó: “La información recaudada será insumo técnico para valorar eventuales actuaciones fiscales y disciplinarias, conforme a los procedimientos y competencias”.
Finalizó: “La Contraloría continúa vigilando los recursos públicos del sector salud para su adecuada destinación y el mejoramiento del servicio”.
Hay que recordar que existe incertidumbre entre los 11,8 millones de afiliados a la Nueva EPS por la continuidad de atención. Esto luego de que se confirmara que la medida de intervención estatal llegó a su fin tras el vencimiento de la resolución que la mantenía bajo control del Gobierno.
De momento la Superintendencia de Salud ni otra entidad ha anunciado una prórroga o una decisión oficial sobre su continuidad.
Según se conoció, la intervención —que había sido extendida hasta el 3 de abril de 2026— perdió vigencia automáticamente al no ser renovada por el Ejecutivo. Esto deja en un limbo administrativo a la EPS más grande del país, con millones de afiliados que dependen de sus servicios.
La situación ha generado preocupación en el sector salud y en el ámbito político. No existe claridad sobre si se nombrará un nuevo interventor, un presidente o si se levantará definitivamente la intervención. Incluso se han mencionado posibles cambios en la dirección de la entidad, aunque sin confirmación oficial.
