En el marco de la inspección que adelanta el Ministerio del Trabajo en varios medios de comunicación tras denuncias de acoso laboral y sexual, la entidad ordenó la implementación inmediata de medidas preventivas contra la empresa Caracol Televisión S.A..
El ministerio argumentó que se identificaron riesgos actuales de acoso sexual y laboral que podrían estar afectando los derechos fundamentales de sus trabajadores.
Según la entidad, en el proceso de inspección realizado el pasado 26 de marzo, se evidenciaron fallas estructurales en los mecanismos internos de prevención, investigación y protección de víctimas dentro de la organización.
Hallazgos de la inspección
El Ministerio del Trabajo aseguró que fueron varios los hallazgos en la entidad. Estos son algunos:
- La presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual y laboral, que no se limitarían a casos aislados.
- Subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y a la falta de confianza en los canales institucionales.
- Ausencia de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a la existencia de denuncias conocidas por la empresa.
- Deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, lo que compromete la efectividad de los mecanismos internos.
Además, durante la visita de inspección y en etapas posteriores, la entidad recibió nuevas denuncias de trabajadores que reportaron presuntos hechos de acoso laboral y sexual, lo que refuerza la preocupación por un posible patrón sistemático.
Riesgo de vulneración de derechos
El Ministerio concluyó que existe un riesgo actual de repetición de estas conductas, así como una posible vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad y el trabajo en condiciones dignas y justas.
Aunque Caracol TV adoptó algunas decisiones iniciales frente a los hechos denunciados, estas fueron consideradas insuficientes. La entidad señaló que no se evidenciaron procesos de investigación sólidos ni acciones orientadas al esclarecimiento integral de los casos.
Medidas obligatorias e inmediatas
Como respuesta, el Gobierno ordenó a la empresa implementar una serie de acciones urgentes, entre ellas:
- Protección integral a víctimas, denunciantes y testigos
- Garantías de no revictimización ni represalias
- Inicio de investigaciones internas con enfoque de género
- Medidas de reparación y garantías de no repetición
- Fortalecimiento de canales de denuncia
- Investigación sobre posibles filtraciones de información
- Reconstrucción de antecedentes disciplinarios
- Inclusión del enfoque de género y diversidad
- Acciones inmediatas de sensibilización y prevención
Estas medidas tienen carácter preventivo, obligatorio e inmediato, y serán de cumplimiento transitorio mientras avanzan las actuaciones administrativas. El incumplimiento podría agravar la responsabilidad de la empresa.
Postura del Gobierno
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que no se tolerará la impunidad en entornos laborales: “No toleraremos el silencio ni la impunidad en el mundo laboral. Los protocolos no pueden ser un saludo a la bandera: deben funcionar y proteger efectivamente a las personas trabajadoras”.
Por su parte, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, subrayó la necesidad de generar confianza para denunciar.
“El miedo a denunciar no puede seguir siendo la regla en ningún lugar de trabajo”, concluyó.
