Las compañías deberán modificar sus horarios de trabajo para cientos de trabajadores debido a una reciente normativa del Gobierno nacional que establece que la jornada será de 30 horas semanales.
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Asimismo, el Decreto 223 de 2026 busca regular las condiciones para quienes se encuentran realizando prácticas profesionales y menores de edad vinculados a actividades formativas dentro de las empresas. Aunque esta medida no aplica a todo el cuerpo laboral, sí implica un cambio en la organización interna de las compañías.
El documento establece que los estudiantes que realizan prácticas profesionales o monitorías podrán tener jornadas de hasta 30 horas semanales. La medida responde a la necesidad de equilibrar la formación académica con la experiencia laboral, evitando que las actividades interfieran con los estudios.
Según la normativa, estas prácticas no constituyen una relación laboral formal, pero sí deben cumplir con estándares mínimos de bienestar y protección para los jóvenes.
Quiénes se benefician
El decreto aclara que los beneficiados son estudiantes en etapa de formación. Las empresas deben ajustar los horarios para que no afecten los estudios y garantizar que se cumpla con estas condiciones.
- La jornada máxima será de 30 horas semanales para practicantes.
- No debe interferir con los horarios académicos.
- Debe existir un acompañamiento formativo acorde con el currículo.
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El objetivo es que las prácticas sean un espacio de aprendizaje real y no se conviertan en una carga laboral encubierta.
No todos los practicantes aplican
No todos los estudiantes tendrán acceso a esta reducción. El decreto establece límites especiales para menores de edad que realizan actividades laborales o formativas, priorizando su bienestar:
- Menores de 17 años: máximo 30 horas semanales y hasta las 6:00 p. m.
- Entre 17 y 18 años: hasta 40 horas semanales, con límite hasta las 8:00 p. m.
- Supervisión obligatoria para garantizar el cumplimiento de las condiciones.
Estas reglas buscan prevenir jornadas extensas y proteger a los jóvenes de posibles riesgos.
Pagos y seguridad social en prácticas
Aunque no exista un contrato laboral formal, el decreto impone responsabilidades a las empresas, como la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales desde el primer día, asegurando cobertura ante cualquier eventualidad.
Asimismo, se establece un apoyo económico mensual para los practicantes, el cual no se considera salario, pero debe ser suficiente para cubrir gastos esenciales como transporte y alimentación.
Finalmente, se destaca la función del tutor académico, asignado por la institución educativa, cuya responsabilidad es asegurarse de que las actividades realizadas por el estudiante correspondan con su plan de formación.
