A poco menos de dos meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la Defensoría del Pueblo presentó un documento con pedidos urgentes a los candidatos presidenciales en materia de derecho humanos llamado “decisiones impostergables”.
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Entre los frentes que menciona la Defensoría que el próximo gobierno debería tener como prioridad están la desigualdad, paz, y transformación rural.
“Se trata de unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos”, afirma la Defensoría en el documento.
La idea de la Defensoría es marcar una hoja de ruta en las prioridades para el próximo gobierno, en un contexto marcado por la persistencia de la violencia, las brechas sociales y la debilidad institucional en varias regiones del país.
El primer punto es: Desigualdad, racismo y acoso
“La desigualdad persiste como uno de los principales obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia y para la construcción de una paz estable y duradera”, dice la Defensoría.
La entidad señala que se han presentado avances recientemente, pero asegura que las brechas no se han cerrado y continúan afectando a las comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.
“... La pobreza, la informalidad laboral y la exclusión en el acceso a derechos básicos continúa afectando de manera desproporcionada” a estos grupos.
Agrega que la desigualdad “limita la autonomía económica de las mujeres” y por eso pide la implementación del Sistema Nacional del Cuidado, que, dice el documento, “debe constituirse en una prioridad, para garantizar su financiación, gobernanza territorial y enfoque corresponsable, de manera que el cuidado sea reconocido como un derecho que se ejerce en condiciones dignas y no como una carga asignada de forma desproporcionada a las mujeres”.
La Defensoría propone una intervención estructural que no se limite a indicadores económicos, sino que garantice derechos sociales, enfrente la discriminación y fortalezca la protección a lo largo del curso de vida.
“... Abordar de manera prioritaria la necesidad de una reforma integral al sistema de salud, orientada a garantizar su sostenibilidad, equidad y transparencia, con reglas claras de financiación, gobernanza territorial y protección social para el talento humano en salud”.
Otro punto es Paz y seguridad: la violencia que persiste
“Los retrasos estructurales en la implementación de las políticas de paz siguen impactando de manera profunda y diferenciada a amplios sectores de la población y a extensos territorios del país”, se lee en el documento.
Se detalla en el informe que la situación de las víctimas del conflicto armado, que superan los 10 millones en Colombia, no es la planteada en el Acuerdo de Paz de 2016. Reconoce que el discurso institucional está centrado en este tema pero “la reparación no ha sido priorizada en las políticas públicas”.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición enfrenta “restricciones de financiamiento” que comprometen su funcionamiento, apunta la Defensoría.
Señala que en el caso de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se ha advertido sobre “un déficit presupuestal acumulado cercano al 20 % desde su creación”.
Otra advertencia es sobre la falta de recursos para implementar las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz: “Se requieren al menos 500.000 millones de pesos para financiar los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (Toar), recursos que no fueron previstos oportunamente”.
“La Defensoría del Pueblo ha reiterado que los procesos de diálogo son una vía necesaria para buscar una solución al conflicto, pero su legitimidad y utilidad dependen del cumplimiento de compromisos humanitarios verificables, con alivios concretos para la población civil. Se requiere la participación vinculante de los actores humanitarios en las mesas (asiento humanitario), con el fin de reforzar el enfoque de protección, monitoreo y garantías para las comunidades afectadas”, se lee en el documento.
Un tercer punto se refiere al Ambiente y territorio: una crisis interconectada.
“La situación ambiental del país es un factor determinante para la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza”, apunta la Defensoría.
Advierte sobre graves situaciones en cuanto a la deforestación, la expansión de economías ilegales y el cambio climático como factores que afectan directamente el acceso al agua, la salud, la seguridad alimentaria y la vida en los territorios.
“Los principales motores de la deforestación siguen siendo el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la apertura de vías no planificadas, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito”, señala la entidad.
Por último, pero no menos importante, la Defensoría se refiere a la Reforma rural y los derechos de los campesinos.
Advierte en su informe que “persisten brechas históricas en el acceso a la tierra y en el desarrollo rural”, lo que se traduce en desigualdad, conflictividad y ausencia estatal en amplias zonas del país.
Por eso insiste en que la implementación de la Reforma Rural Integral sigue siendo una deuda central. “Los retrasos estructurales en la implementación de las políticas de paz siguen impactando de manera profunda y diferenciada a amplios sectores de la población y a extensos territorios del país”.
