Luz Adriana Camargo, abogada bogotana especializada en derecho penal y criminología, defiende su gestión al frente de la Fiscalía General de la Nación. Asegura que la entidad habla por sus resultados, no por el ruido de la polarización; reconoce que el sistema penal está desbordado y necesita una revisión profunda; señala que contener el crimen exige una respuesta integral más allá del derecho penal; insiste en la independencia del organismo, al precisar que no trabaja con agenda política, y cuestiona los ataques públicos del presidente.
Confirmó que la Segunda Marquetalia fue la autora intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay y que van tras quienes dieron la orden. Analiza los patrones criminales en Barranquilla y los mecanismos de terminación anticipada de los jefes de Los Costeños y Los Pepes y advierte cómo la violencia intrafamiliar empuja a los menores hacia la delincuencia.
En el magnicidio de Miguel Uribe, tras la condena de ‘el Viejo’, el enlace entre la Segunda Marquetalia y la banda que lo mató, ¿la Fiscalía tiene en la mira a los autores materiales?
En eso trabajamos seriamente. La Fiscalía avanza con rigor y rapidez en la investigación técnica y sustentada del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, como nos comprometimos con el país. Asumimos la responsabilidad de evitar que este caso se convierta en una investigación interminable. Ya estamos cerrando la fase de identificación y de pruebas en torno a los roles de autores materiales, gracias al trabajo conjunto con la Policía, y entramos en una segunda etapa enfocada en esclarecer con evidencias quiénes dieron la orden, que es la principal pregunta que los ciudadanos esperan que resolvamos.
¿Qué tan posible es que el país conozca, efectivamente, quiénes están detrás del crimen?
Esperaría que sí. En ese camino estamos. La construcción de nuestras investigaciones parte del recaudo de evidencia. No hablamos de teorías especulativas ni haciendo tesis de lo que nos parece pudo haber pasado, sino encontrando más allá de duda razonable pruebas que vinculen a los determinadores dentro o fuera de la Segunda Marquetalia.
¿Qué tan efectiva está siendo la Fiscalía en sus investigaciones, a partir del nuevo modelo?
Con el equipo que lleva años trabajando en la Fiscalía estamos modernizando prácticas que habían sido exitosas en el pasado. La asociación de noticias criminales, por ejemplo, existe desde hace décadas, pero hoy la diferencia está en el uso de tecnología, automatización e inteligencia artificial, que nos permite ser más rápidos y efectivos. Para organizar mejor la información desde el inicio, hemos corregido fallas, como la duplicación o repetición de casos que nos llevaba a ponerle un número a toda noticia criminal y a volverla un expediente sin darnos cuenta de que ya existía, lo cual generaba una cantidad de reprocesos. Así, hoy los fiscales reciben insumos más completos con información de contexto, de georreferenciación y con patrones de comportamiento criminal en un determinado lugar o territorio, lo que fortalece la calidad y enfoque de las investigaciones.
Sin embargo, la gente insiste en sus quejas de acceso a la justicia. ¿Cómo lo garantizan?
Trabajamos en dos estrategias claras para acercar la justicia al ciudadano. La primera es mejorar la atención: que la Fiscalía, en sus 35 direcciones seccionales, sea un lugar donde las personas se sientan escuchadas y bien atendidas, con empatía y respuestas oportunas. Hemos fortalecido rutas de atención inmediata que permiten, más allá de recibir la denuncia, avanzar en el restablecimiento del derecho sin obligar al ciudadano a esperar todo el proceso judicial hasta la sentencia.
La segunda es ampliar la presencia en el territorio, llevando la Fiscalía a zonas donde antes no llegaba para garantizar acceso a la justicia sin que las personas tengan que recorrer largas distancias. Estos centros no solo facilitan la denuncia, sino que integran varias instituciones, Policía, ICBF, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo y comisarías de familia, para dar respuestas más completas. Con esto buscamos mejorar el servicio, fortalecer la presencia del Estado y dejar una Fiscalía más cercana, articulada y robusta en todo el país.
También se quejan alcaldes y gobernadores de la actuación de la Fiscalía porque perciben impunidad. En Barranquilla, en 2025, el 93 % de los 1.136 detenidos por hurto quedaron libres, es decir, 1.053. ¿Qué pasa con estas capturas, muchas de ellas en flagrancia?
El tema es el foco y me pregunto: ¿Son las capturas en flagrancia el punto que mide la eficiencia o ineficiencia de la Fiscalía? Para mí la respuesta categórica es no. La flagrancia es una actuación propia de la Policía, que cumple su labor al detener a quien sorprende cometiendo un delito. Pero a partir de ahí entra la Fiscalía, que debe hacer un riguroso análisis jurídico sobre si procede o no la privación de la libertad. No podemos medir el éxito de la justicia por cuántas personas capturadas terminan en la cárcel, porque la detención preventiva no es la regla, sino una excepción sujeta a condiciones legales.
En el caso de Barranquilla, casi 800 de esos capturados quedaron en libertad porque eran robos de baja cuantía con penas inferiores a cuatro años, sin violencia, que no contemplan detención preventiva. ¿Es una falla del sistema? No lo creo, pienso que ese tipo de hurtos deben tener una solución en el marco de otras alternativas de aplicación de justicia. Debemos revisar con alcaldías y empresarios soluciones, porque buena parte de ellos son habitantes de calle y personas en estado de marginalidad.
¿Qué sucede en el resto de casos de capturados que quedaron en libertad?
También hubo fallas de la Policía en los procedimientos de captura y no se configuraron los requisitos de flagrancia. La detención preventiva no está establecida como regla general y está sujeta a que se cumplan requisitos que, sobre todo, tienen que ver con la seguridad para el procesamiento de las personas: que no sea un riesgo para la sociedad, que no vaya a interferir en el recaudo probatorio, no intente huir o no tenga raíz. Todo ello tiene que evaluarlo en primera instancia un fiscal y enviarlo a un juez.
Nuestro trabajo es evaluar cada caso con rapidez y rigor, identificar brechas y corregirlas no para buscar culpables, sino soluciones para que la ciudad sea más segura. Y los resultados muestran que cuando se trata de delitos graves como el homicidio, como sucede en Barranquilla, sí se logra una alta efectividad en la imposición de medidas de aseguramiento.
El año pasado se capturaron 112 personas en flagrancia, solo 20 fueron dejadas en libertad y a 92, más del casi el 90%, se les legalizó la captura y quedaron en detención preventiva. Por eso insistimos en que la justicia debe ser selectiva y enfocarse en enviar a prisión a quienes, realmente, representan un riesgo. Adicionalmente, en un contexto de limitaciones en infraestructura carcelaria, porque las detenciones preventivas deben ser asumidas por alcaldías y gobiernos territoriales, no son de la nación ni del Inpec. Los cupos carcelarios los suministra la Policía con un desgaste increíble.
¿Los reincidentes deben ir a prisión?
Hay dos términos que se utilizan indistintamente y debemos distinguir. El reincidente es la persona que tiene una sentencia condenatoria previa. ¿El reincidente debería ir a prisión? Podría ser un criterio. Pero no se puede trazar una regla general según la cual todos los reincidentes deban hacerlo porque depende del tipo de conducta y del contexto. La reincidencia, además, implica una condena previa, mientras que la recurrencia se refiere a personas que repiten comportamientos delictivos sin tener necesariamente una sentencia. En esos casos, sí puede haber elementos para evaluar un mayor riesgo para la comunidad.
Insisto, cada situación debe analizarse de forma individual, con criterios jurídicos rigurosos. Yo invito a confiar en el juicio de fiscales y jueces, que realizan evaluaciones serias y fundamentadas, siempre garantizando el debido proceso porque si bien la ciudadanía espera respuestas rápidas, también es esencial preservar las garantías que todos exigiríamos en un proceso penal. Debe haber un equilibrio.
¿Cuál es el diagnóstico de la Fiscalía sobre los patrones de la criminalidad en Barranquilla?
En Bogotá, Cali y Barranquilla hay un patrón claro. Muchas veces el homicidio es la consecuencia de delitos con componente económico patrimonial, como la extorsión o el narcotráfico. Son organizaciones multicrimen que usan la violencia para sostener sus rentas ilegales. Por eso, nuestra apuesta no es investigar casos aislados, sino atacar las estructuras.
Estamos aplicando metodologías de investigación de crimen organizado, como en el caso del Clan del Golfo, incluso a bandas urbanas más pequeñas, porque al entender cómo operan —sus redes, dinámicas y territorios— podemos desmantelarlas con más efectividad.
Esto implica investigaciones más técnicas, con análisis de contexto, asociación de casos y una construcción sólida desde el inicio. Cuando uno ataca la organización y no el delito puede llegar más fácil al desmantelamiento. Identificamos los cómos para pasar del caso individual al análisis del fenómeno criminal e impactar la seguridad en las ciudades.
¿El escenario de la paz urbana, a juicio de la Fiscalía, incide en el incremento de los hechos criminales de Los Pepes o Los Costeños, en Atlántico, por ejemplo?
En el tema de paz urbana ha habido iniciativas, pero poco seguimiento. La ley 2272 es clara en que estos procesos no son acuerdos de paz, sino de sometimiento a la justicia, y es a través de la Fiscalía con herramientas legales, desde mecanismos premiales hasta negociaciones, bajo la condición de desmantelamiento total de la estructura. Por eso hemos manifestado al comisionado de Paz nuestro interés en intervenir directamente en estos procesos, en Chocó, Tumaco o Buenaventura, donde están quedando diálogos abiertos.
En paralelo, seguimos avanzando en nuestra labor, como en el caso de Jorge Díaz Collazos, alias Castor. Con él logramos una sentencia preacordada que permitió esclarecer 96 homicidios ejecutados por Los Costeños, mediante información que él suministró como su determinador. Así se pudo aportar verdad a las víctimas, porque muchos de esos crímenes estaban archivados. Además, el grupo entregó 60 armas, pistolas, escopetas y revólveres, que hoy permiten avanzar en nuevas investigaciones a través de un software que usamos para encontrar identificación balística entre casos. Esto es importante para Barranquilla porque permite reducir capacidad criminal de los actores armados.
¿Las víctimas estuvieron de acuerdo?
En dos jornadas con 86 víctimas, ‘Castor’ no solo reconoció haber sido el determinador de las muertes, sino que explicó su origen. El juez, que aprobó el preacuerdo y dictó el sentido del fallo de condena de 26 años y 4 meses de prisión, destacó la importancia que tiene para las víctimas el componente de su derecho a la verdad. Cierto que este preacuerdo tiene una rebaja de pena importante: en este caso, si hubiese sido el máximo de la pena, habría sido condenado a 40 años de prisión, pero lo que compensa es el componente de verdad al que tienen derecho las víctimas para saber por qué su familiar fue asesinado.
Estos procesos no solo implican penas, también verdad y reparación. Ahora viene una fase clave de reparación integral, donde buscamos articular una oferta social que permita no solo resarcir a las víctimas, sino desmontar las bases de estas organizaciones y recuperar a los jóvenes para la legalidad. Es el aporte que queremos hacer a Barranquilla para contribuir a una paz urbana real, con justicia y oportunidades, a esta ciudad productiva para que le haga honor a todo lo que vemos cada vez que la visitamos y encontramos una capital que respira prosperidad por todos lados, una verdadera Puerta de Oro.
Tras la sentencia de ‘Castor’, se viene el mismo mecanismo de sentencia anticipada con Digno Palomino, jefe de Los Pepes. ¿Estima la Fiscalía que esto contendrá la criminalidad?
Mi esperanza es que sí, pero no depende solo de la Fiscalía o de los jueces, sino de toda la sociedad, las familias, las organizaciones sociales. La apuesta es que, a partir del reconocimiento de liderazgos criminales, se pueda avanzar hacia una transformación para gestionar nuestras necesidades, en la que la legalidad sea una opción real, especialmente para los jóvenes. Pero eso exige oportunidades.
Ciudades como Barranquilla, Cali o Bogotá tienen una oferta social importante, y nuestro trabajo también es articular la respuesta penal con esas oportunidades para abordar de manera integral la criminalidad. Por eso hemos enfocado nuestra gestión en entender el problema de la justicia desde los territorios, no solo desde Bogotá, reconociendo que cada región tiene dinámicas propias y que la solución debe construirse más allá de la capital.
¿Por dónde empezar? Por qué la iniciación de menores al crimen se hace a edades cada vez más temprana, por ejemplo como los niños sicarios de Los Costeños y Los Pepes.
Uno de los fenómenos más preocupantes que enfrentamos hoy es la vinculación de menores a organizaciones criminales a edades cada vez más tempranas. Desde la justicia penal ordinaria vemos con inquietud esa tendencia, pero entendemos que la respuesta no puede limitarse al ámbito penal. Tenemos un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que brinda garantías, pero que necesita fortalecerse y articularse mejor con otros componentes institucionales. El Bienestar Familiar, las comisarías de familia y los entornos de protección social deben funcionar de manera más eficaz y coordinada.
En ese contexto, hay un factor determinante que no se puede ignorar: la violencia intrafamiliar que es, en muchos casos, el detonante que empuja a niños y jóvenes a abandonar sus hogares y quedar expuestos a redes criminales. Es un problema estructural que se debe abordar como sociedad, no solo como sistema judicial. Por eso insisto en que no todo puede resolverse desde el derecho penal. Existe una tendencia a acudir a lo punitivo como respuesta automática cuando las problemáticas sociales se desbordan, pero esa no es una solución efectiva ni sostenible.
El aumento de penas o procesos judiciales no transforma, por sí solo, la realidad. Se necesita una intervención integral, fortalecer instituciones sociales, prevenir desde el entorno familiar y generar condiciones que reduzcan la vulnerabilidad de los menores. La contención del crimen exige una respuesta colectiva, articulada y mucho más amplia que la simple reacción penal.
A propósito de violencia intrafamiliar y de género, preocupa en Atlántico el recurrente vencimiento de términos de casos de feminicidas que quedan libres. ¿Qué está pasando?
Identifico dos problemas: un sistema penal desbordado desde hace años, con recursos insuficientes frente a una criminalidad creciente y menos jueces y fiscales de los requeridos, según estándares internacionales. Eso explica vencimiento de términos, por congestión en la Fiscalía que no alcanza a presentar un escrito de acusación a tiempo o porque habiéndolo hecho en los despachos judiciales los jueces no fijan una audiencia a tiempo.
A ello se suma la grave situación de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar, por relaciones de poder asimétricas, que constituyen una verdadera tragedia nacional. Por eso considero clave una revisión profunda entre Fiscalía y judicatura para fortalecer capacidades y garantizar una respuesta más oportuna y efectiva. Necesitamos crecer, pero no se trata de hacerlo burocráticamente, sino de manera eficiente para responderle al país.
¿Siente que su gestión ha sido cuestionada con intencionalidad política, cuando la acusan de guardar silencio o de ser una fiscal de bolsillo de Petro?
Percibo dos públicos muy distintos. Por un lado, hay un público informado —litigantes, organizaciones y actores del sistema judicial— que valora nuestro trabajo y nos da una retroalimentación positiva. Para mí, ese es el público más importante, sobre todo las víctimas que reciben atención oportuna y sienten que sus derechos son restablecidos.
Por otro lado, está el público de las redes sociales, marcado por la polarización, donde surgen críticas constantes y percepciones contradictorias, el que acecha para criticar no importa lo que se haga. Eso me preocupa no por mí, sino por el ruido que genera sobre la institución. Soy una fiscal de bolsillo del presidente en algunos casos, pero también soy una fiscal aliada de la extrema derecha, por así decirlo. Es muy curioso. En este público, se refleja buena parte de la polarización del país. La fiscalía no es la fiscal, lo dije desde el principio.
El silencio de la fiscal no es ausencia o vacío. He sido consistente en que la Fiscalía debe hablar más por sus resultados que por su vocería. En estos dos años hemos tenido trabajo permanente y resultados diarios, gracias al esfuerzo de los equipos. Por eso insisto en que más allá de las percepciones, es el trabajo el que debe hablar por la entidad.
¿En estos dos años de tanta polarización, se ha sentido vulnerada por el presidente Petro?
Sí y de ello me he quejado varias veces. Quisiera que el presidente Petro fuera en público lo respetuoso que ha sido en privado, donde jamás ha hecho una petición incorrecta ni ha solicitado un favor ni se ha quejado por el trabajo que hacemos. Sin embargo, eso no se ve reflejado en sus intervenciones públicas, algunas verbales en sus consejos de ministros; algunas escritas a través de X. Ese tipo de mensajes me parecen desobligantes.
He optado por el silencio frente a los ataques de los últimos dos meses que tienen que ver con alguna idea que él tiene de mi orientación política, de alguna insatisfacción porque cree que se equivocó al haberme ternado. No soy una novata en esto. He trabajado en el Poder Judicial 35 años y, con absoluta claridad, no me cansaré de decir que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Rama Judicial, es independiente y autónoma y no trabaja con agenda política y eso no le gusta al jefe de Estado.
¿Cuál será su prioridad en los dos próximos años?
Nuestra prioridad es consolidar una agenda amplia de trabajo. Estamos avanzando en el ingreso de 4.000 funcionarios por carrera, en su mayoría ascensos internos, lo que fortalece el mérito y reconoce la trayectoria dentro de la entidad. También debemos impulsar el crecimiento de la planta y consolidar áreas clave como el análisis criminal, que requiere mayor especialización y fortalecimiento en investigadores y analistas.
En paralelo, trabajamos en una política criminal más técnica, centrada no en cuántos delitos tipificar, sino en qué necesita el sistema para responder con eficacia, lo que implica también una apuesta presupuestal. A esto se suma el reto tecnológico: necesitamos sistemas robustos y un uso responsable de la inteligencia artificial, con adecuada protección de la información. En síntesis, buscamos ordenar la casa y fortalecer la Fiscalía para mejorar su capacidad de respuesta.
