La Contraloría informó este martes en un comunicado que tras una auditoría a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Coralina, en la vigencia 2023-2024, se determinaron hallazgos fiscales por $4.642 millones.
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Se trata de “inconsistencias en el contrato interadministrativo para evaluar el grado de afectación de los arrecifes coralinos del archipiélago por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo y recolección de muestras en el proyecto para la recuperación de esos ecosistemas”.
Indica el reporte que en ese contrato, suscrito el 28 de noviembre de 2023 entre la Coralina y la Asociación de Municipios de la Costa, Asomucosta, se determinó un hallazgo administrativo con connotación fiscal por $3.000 millones.
“Se evidenciaron falencias en los estudios previos que generaron incertidumbre sobre las necesidades reales, así como en los materiales y equipos requeridos, lo que afectó la trazabilidad del valor estimado del contrato. Por ejemplo, aunque se pedía cubrir los costos de lancha y operación logística para el desarrollo de las actividades, no se indica el número de lanchas necesarias, ni se detalla la operación logística relacionada. Tampoco se especifica la cantidad de ungüento y amoxicilina para el desarrollo de la expedición, ni los materiales que se requieren, cantidades o especificaciones técnicas”, se lee.
Así mismo, se evidenciaron ítems no ejecutados, como la contratación de biólogos que, aunque debía estar a cargo contratista Asomucosta, fueron vinculados por la Corporación y aún así se efectuó el pago.
De igual modo, se identificó una propuesta presentada por el contratista se incluye un vuelo y acomodación PIMS (Bahamas – Archipiélago – Bahamas), a pesar de que no se encuentra contemplado en el estudio previo.
“Otras de las inconsistencias se identifican en pagos por $1.949 millones en varios servicios durante el contrato. En total se evidenciaron desembolsos por concepto de ítems no ejecutados, no soportados o con inconsistencias por $3 mil millones”, sostiene el ente de control fiscal.
En suma, la Contraloría General de la República estableció 20 hallazgos administrativos, de los cuales, ocho presentan connotación fiscal por $4.642 millones, 15 con posible incidencia disciplinaria y dos con posible incidencia penal. También se definieron dos beneficios de auditoría por $107.178.362.
